ALICANTE. El centro de congresos de Alicante no tiene, por ahora, ningún calendario definido respecto al inicio de obra. Y no lo tiene porque queda condicionado por el desarrollo de un acuerdo previo: la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) para que el edificio pueda quedar emplazado entre las explanadas de los muelles 7 y 9. Ese fue, cuando menos, el resumen de las explicaciones facilitadas este miércoles por la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado socialista, Raúl Ruiz, sobre los plazos y el sistema de financiación previstos para el proyecto, en el desenlace del pleno de la corporación provincial correspondiente al mes de mayo. 

"No resulta posible aventurar una fecha sobre la firma del acta de replanteo de las obras", apuntó -al referirse al acuerdo que despeja el desarrollo de los trabajos-, puesto que ese trámite depende del momento en el que esa revisión de la normativa urbanística del Puerto quede aprobada por la Generalitat. Hasta ahora, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, solo había estimado la posibilidad de que las labores de construcción pudiesen iniciarse a mediados de 2025, después de que el jurado de expertos diese a conocer el anteproyecto del diseño del edificio congresual y del nuevo centro operativo de Suma, aunque ya entonces se puso de manifiesto que la construcción quedaba supeditada al Plan Especial del Puerto. 

En cualquier caso, Sellés sí apuntó que el único compromiso temporal que puede tener vigencia es el que atañe a la conclusión de las obras. "Le puedo decir que la fecha de finalización es de 30 meses a contar desde el momento en el que den comienzo, que es lo que se establece en las bases de la convocatoria del concurso", apuntó. Y, al margen de ello, también confirmó cuál será el sistema de financiación acordado hasta ahora respecto a los 65 millones establecidos como coste límite de los dos edificios. Sellés garantizó que la Diputación se haría cargo de dos tercios de la inversión necesaria, como quedó delimitado en el protocolo general de actuaciones firmado por la institución provincial y el Ayuntamiento de Alicante en 2022. Entonces, se llegó a apuntar que las obras podrían comenzar en 2023, lo que habría perdido toda vigencia desde el momento en el que la convocatoria del concurso para elegir el diseño del edificio no se puso en marcha hasta el pasado mes de abril.

Sea como fuere, en ese acuerdo se concretaba que el tercio restante quedaría a cargo de la administración local. Y ese compromiso no se habría modificado con posterioridad. No obstante, la diputada de Arquitectura también apuntó que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, había anticipado su "apoyo total" al proyecto, en una reciente comparecencia pública en Alicante, lo que extendió de forma expresa a su promoción, a su explotación posterior y también a su financiación, con lo que seguiría existiendo una puerta abierta a la contribución autonómica en los costes de construcción.