ALICANTE. La tercera sesión de la comisión sobre el cumplimiento y control de la contrata de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante, celebrada este jueves, sirvió para diseccionar las características del servicio y conocer las interioridades de su prestación desde que se adjudicase, en 2013. La clase de anatomía corrió a cargo esta vez del responsable del contrato, el ingeniero Sebastián Chicote, a quien se considera redactor del pliego de condiciones por el que se rige desde hace siete años. De ahí que, a diferencia de la exposición sobre los restos de futuro ofrecida por el jefe del Servicio de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Marco, el pasado mes de marzo, gran parte de las explicaciones de Chicote se centrasen en los ejes centrales de ese pliego por lo que respecta al servicio que debe prestarse, y a los mecanismos disponibles para garantizar su cumplimiento.

En suma, las cerca de cinco horas en las que se prolongó su comparecencia se resumieron en cuatro bloques temáticos esenciales. Primero, el desorden inicial en la dirección del servicio. Segundo, la puesta en marcha de una nueva estructura de supervisión con un refuerzo en la inspección y la aplicación de penalizaciones a la UTE concesionaria, aunque todavía con pocos medios para desarrollar esa labor. Tercero, la instauración de una etapa de conflicto con la propia UTE, por su desacuerdo con las decisiones y exigencias municipales. Y cuarto, el estado de preparación del nuevo contrato (el actual vence en septiembre de 2021), un proceso en el que ratificó que será necesario acordar una prórroga al menos en alguno de los tres pivotes del servicio (limpieza, recogida de residuos y tratamiento y eliminación). 

1. Desorden en la dirección: El responsable del contrato se remontó hasta 1990 para analizar la evolución de los distintos pliegos de condiciones. E hizo especial hincapié en el contrato precedente al actual, del año 2000. En esta línea, apuntó que se adjudicó a Inusa por 26 millones de euros y se acabaron pagando 50 por servicios no cubiertos, tras acordar hasta 113 ampliaciones distintas. Después, señaló que el contrato de 2013, ahora en vigor, se adjudicó a la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica por 39 millones, tras la elaboración de un pliego que él redactó "en un 85%" y que consideró correcto, pese a que un informe técnico emitido en 2018 por los entonces responsables del contrato concluyese justo lo contrario: que el pliego era insuficiente. Hasta el alcalde, Luis Barcala, compartió esa misma reflexión en una comparecencia plenaria solicitada por la oposición, en la que señaló que el pliego era "excelente pero insuficiente", como recordó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, durante su intervención en la comisión. Chicote no entró en el debate y defendió que, a su juicio, el pliego era más que suficiente para "tener la ciudad aseada". Eso sí, siempre que ese pliego se hubiese desarrollado de manera correcta. 

Así, señaló que en 2015, con la formación del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) hubo un cambio en la estructura de supervisión del contrato, de la que él había formado parte hasta poco tiempo antes. A partir de ese momento, dijo, se nombró a tres directores facultativos distintos sin formación en ingeniería industrial. "Se optó por la psicología", dijo, en alusión a la formación del técnico escogido como nuevo responsable del contrato, a quién se adscribió, después un ingeniero agrónomo. Más tarde, se contó con el apoyo de un biólogo, ya en 2017 y 2018. A juicio de Chicote, la composición de esa estructura supuso "perder la confianza en la ingeniería industrial y en la economía", lo que calificó de "un error".

Además, señaló que la maquinaria que se debía haber incorporado a partir del segundo año del contrato, llegó con retraso. Y recalcó que los problemas se agravaron con la aprobación de un segundo modificado del contrato, en 2016, en el que se redistribuyeron los turnos de limpieza, para que se reforzase el servicio en los barrios, detrayendo operarios de otros servicios, sin tener en cuenta cuestiones como la productividad o la fidelidad en el uso de la maquinaria para procurar un mejor mantenimiento, sin averías, y así prolongar su vida útil. Todos esos cambios, según Chicote, conllevaron que tanto la plantilla de la UTE como los propios trabajadores municipales cayesen "en el desánimo".

2. Nueva estructura de control: El responsable del contrato explicó que esa situación se comenzó a enderezar a partir de julio de 2019, con la designación de una nueva estructura directiva encabezada por Marco, con la participación de él mismo (Chicote). Así, defendió que desde entonces se ha reforzado la labor de control sobre el servicio prestado hasta contar con 15 inspectores, sin que, a su juicio, exista la necesidad de contar con un informe de evaluación externa sobre la calidad de la prestación. Es más, sostuvo que las fichas de observación contempladas en el contrato contienen los elementos necesarios para eliminar la subjetividad en la valoración de la limpieza y descartó "la idea errónea que se ha trasladado de que para la UTE resulta muy fácil superar las evaluaciones solo por el hecho de cumplir con la uniformidad de sus operarios, o con su presencia en su puesto de trabajo". "Eso supone 50 puntos, pero es que para aprobar hay que llegar a 84 de 100 puntos posibles", explicó.

Además, recalcó que en este último año y medio se han comenzado a aplicar las primeras penalizaciones y detracciones por incumplimientos o servicios no prestados. En concreto, se refirió al expediente sancionador abierto contra la UTE por rechazar la elaboración de la auditoría económica y a los descuentos en los pagos de las certificaciones mensuales por la no realización de los desbroces de caminos. A esas minoraciones se añaden las aplicadas por el hecho de que no se haya ejecutado el subparque previsto en Playa de San Juan para recortar los tiempos de desplazamiento de la maquinaria desde las instalaciones de la UTE en el polígono del Pla de la Vallonga, como también había apuntado Marco en su comparecencia de marzo. Según Chicote, hasta ahora todas esas actuaciones habrían supuesto minoraciones por un importe global de más de 300.000 euros en los pagos a la concesionaria. 

En esta línea, defendió que también se ha requerido a la UTE para que facilite los sistemas de control horario de la plantilla, como mejor elemento de control de calidad en la prestación y para evitar un supuesto enriquecimiento injusto en su favor. Igualmente, según dijo, también se ha obtenido las claves del programa para el seguimiento de la maquinaria a través de GPS, que ya se solicitaron durante la última etapa del tripartito en la que Guanyar asumió las competencias sobre Limpieza.

Así, a preguntas del edil socialista, Raúl Ruiz, Chicote aseguró que ahora sí se tenía un control de la prestación del servicio después de haber puesto en marcha un proceso gradual de toma de decisiones. Primero sobre la limpieza viaria, con una nueva organización de los turnos; después sobre la recogida de residuos, en la que no se disponía de inspectores; y ahora también sobre la gestión del centro de tratamiento de residuos de Fontcalent, respecto a la que admitió que todavía quedaba trabajo por hacer. Se refirió, por ejemplo, a la necesidad de disponer de un inspector específico destinado a la planta de tratamiento, así como la evaluación pendiente sobre el uso de tierras de cobertura en las celdas de vertido. Es más, al respecto, apuntó que su composición inadecuada pudo ser el origen del incendio que se declaró en las celdas de vertido hace menos de un mes.