ALICANTE. Pese a las sucesivas moratorias aprobadas por el Gobierno desde que comenzó la pandemia de la covid-19 para evitar que las empresas tengan que declararse en concurso de acreedores por una insolvencia puntual como consecuencia de la crisis sanitaria, cada vez son más las mercantiles de la provincia que valoran acudir a este mecanismo. La crisis se alarga, situaciones delicadas que venían de antes de la pandemia se agravan, y las firmas llegan exhaustas al final de la actual prórroga, que vence el 14 de marzo mientras el Ejecutivo valora una nueva ampliación.

No obstante, sí se aprecia un cambio cualitativo en los concursos de acreedores de la provincia, según las distintas fuentes consultadas. Si a lo largo de 2020, en plena suspensión de la obligatoriedad de declararse en concurso, la mayoría de empresas y autónomos que decidieron pese a todo solicitarlo lo hicieron de forma mayoritaria para pedir directamente la liquidación (el conocido como concurso exprés, que creció exponencialmente tras el verano), ahora empiezan a solicitar el concurso firmas con un importante activo que lo que buscan es precisamente sacar adelante el proceso, reordenar sus deudas y salir fortalecidas tras aprobar un convenio de acreedores. En las últimas semanas, importantes empresas de la provincia como el Grupo Botticelli, el cátering Paellas Gigantes Riquelme o la destilería ilicitana Cantueso Oro han dado el paso.

Como ha contado este diario, el concurso exprés se habilitó en la reforma de la Ley Concursal que entró en vigor en septiembre para aquellos deudores con una incapacidad manifiesta no sólo para hacer frente a sus obligaciones vencidas, sino a los propios gastos que el propio concurso implica (administración concursal, abogado, procurador, publicaciones, inscripciones registrales, etcétera). Es decir, que se pide para cerrar la empresa y no para reflotarla. El concurso exprés, al iniciar la liquidación de la empresa en el mismo acto en que se abre el procedimiento, evita al concursado gran cantidad de gastos, puesto que ni siquiera se llega a nombrar administrador concursal, y también acorta significativamente los plazos para que no se acumulen nuevos créditos.

Si esta tipología fue la mayoritaria en la recta final del pasado año (se declararon medio centenar de concursos exprés en la provincia en mes y medio tras la entrada en vigor de la ley) y los primeros compases de este, abogados y economistas empiezan a percibir un cambio de tendencia: ahora las empresas que valoran declararse en concurso o que han empezado a hacerlo no son pymes o autónomos abocados a la liquidación, sino empresas con un importante patrimonio que lo que buscan, precisamente, es reflotar la empresa y salir adelante con un convenio de acreedores que permita reordenar sus deudas.