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pendiente de aprobación en el pleno

Benidorm reclama 644.000 euros a FCC por la gestión 'irregular' del parking de l'Aigüera

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha fijado la cantidad de 644.591,63 euros como importe que le tiene que devolver la empresa encargada de gestionar el parking de l'Aigüera antes de asumir la gestión directa. Será el próximo pleno, donde el gobierno local del PP tiene mayoría absoluta, cuando se debata la propuesta del alcalde, Toni Pérez. La moción avanza en la liquidación del contrato durante el periodo que el propio Consell Jurídic Consultiu consideró que había sido 'irregular' y el Ayuntamiento terminó anulando.

La propuesta del primer edil sirve para incoar el expediente de liquidación contractual con la empresa Aparcamientos Concertados SA, ahora FCC Medio Ambiente SAU. Se refiere a la continuidad de la concesión del servicio de aparcamiento entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de febrero de 2023. 

Una vez el pleno de mayo de 2024 declaró nulo este periodo, con sentido favorable del Consultiu de manera previa, quedaba pendiente conocer cómo se resolvería la liquidación del contrato, que era una de las recomendaciones efectuadas por la Agencia Valenciana Antifraude. Esta última hablaba de un agujero de 603.192,40 euros en las arcas municipales. Un informe municipal posterior lo situaba en los 697.958,98 euros, contando con el rechazo de la empresa. Sin embargo, la última propuesta de liquidación efectuada por el Departamento de Ingeniería Municipal y el informe de Contratación fija un saldo a favor del Ayuntamiento por un importe de 644.591,63 euros en concepto de reintegro de ingresos indebidos por parte de la empresa contratista, según recoge la propuesta.

A su vez, la moción, a la que ha tenido acceso este diario, explica que se hace "tomando en consideración el mantenimiento del equilibrio económico de la relación contractual, en evitación de perjuicios a la hacienda pública local". Con todo, y una vez se apruebe por pleno, darán un plazo de 10 días de audiencia al contratista y el avalista para que pueda presentar alegaciones en defensa de sus intereses.

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