Foto: PEPE OLIVARES. BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado por unanimidad este lunes anular la continuidad del contrato de gestión del parking de l'Aigüera. Tumba por tanto lo aprobado por el PP en solitario en 2021 aunque continúa la duda de qué ocurrirá con la inversión correspondiente a esos meses. Todo ello tras una resolución del Consell Jurídic Consultiu que consideraba que la prórroga se hizo contraria a la normativa de contratación pública, y por tanto, es irregular. La propuesta del equipo de gobierno, ha elevado el tono en una sesión ya de por sí tensionada, con petición de cese del concejal popular José Ramón González de Zárate, sobre la cual no se ha pronunciado el alcalde, Toni Pérez.
Como viene contando este diario de largo, el concejal de Ciudadanos en ese momento, Juan Balastegui, denunció en la Agencia Valenciana Antifraude la continuidad del contrato. Esta entidad abrió una investigación que se resolvió el pasado 29 de noviembre en la que aseguraba que estaba acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley. Así, calculaba que podría haber un perjuicio en las arcas municipales de algo más de 600.000 euros. El Consistorio optó por seguir la recomendación del ente y solicitar el dictamen del Consultiu.
Este órgano se reunió el pasado 6 de marzo y por unanimidad considera que constituyó una prórroga del contrato contraria a la normativa de contratación pública, representada por la Ley 9/2017, LCSP. Se refiere así a "una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública (artículo 1 de la LCSP)".
La portavoz del PP, Lourdes Caselles, fue la responsable de defender la moción, que buscaba declarar la nulidad del acuerdo plenario que daba continuidad al servicio. Además de requerir informes al departamento responsable del contrato y la tesorería municipal para entrar en la fase de liquidación.
Durante su intervención, el portavoz adjunto, Sergi Castillo, recordó que la concesionaria era "una empresa que había sido cuestionada y cuya gestión no era buena, pero a la que el PP defendió sorprendentemente con especial interés". Así, recordó que en el expediente constan informes en los que se habla de unos 600.000 euros que la empresa habría cobrado "de más", según el edil. No obstante, Caselles precisó previamente que el dictamen establece que "los pagos efectuados están bien hechos y que había que abonar las facturas pendientes".
Con todo, Castillo aseguró que esta resolución "pone música a una letra que ya sabíamos, y menuda música, la del Padrino o la de los Soprano, no crean que lo que ha ocurrido se aleja de estas historias", llegó a decir.
Ante esta situación, Castillo hizo cuatro peticiones al primer edil. Por un lado, que inicie los trámites para recuperar el dinero "que el PP decidió entregar a esta empresa de forma ilícita". A continuación, solicitó que presente toda la documentación ante Fiscalía y el Tribunal de Cuentas para que "determinen la existencia de responsabilidades judiciales por muy cerca que los afectados estén de usted". En tercer lugar, reclamó que pida disculpas por "todos los insultos vertidos a la oposición por este asunto" y que agradezca "públicamente a la oposición que Benidorm pueda recuperar el dinero".
Finalmente, requirió que cesara al "político que defendió en este salón de plenos una propuesta ilegal, y que lo hizo pese a las advertencias de la oposición". Así, se refirió directamente a José Ramón González de Zárate, sentando en la bancada del PP: "La política no es para toda la vida, y pase lo que pase", reseñó Castillo. En este sentido, afirmó que si un dirigente comete "un error tan grave", que además se ve ratificado por instituciones como el CJC, "debe asumir su responsabilidad política" y "apartarse por dignidad".
Caselles negó los supuestos impedimentos que habría puesto el alcalde para colaborar con la Agencia Valenciana Antifraude, como así había afirmado el PSOE. A su vez, recordó que el acuerdo estaba avalado por los informes técnicos municipales, de los que dijo, se fiaban e insinuó que los socialistas no. "Lo único que hacen es una oposición tóxica", continuó la portavoz de los populares y trajo a colación los términos tan de moda últimamente en el debate político: "Les encanta estar en el fango, en el lodo", en referencia a los socialistas a quienes acusó de perjudicar al pueblo de Benidorm.
En este punto, el alcalde pidió a Castillo que retirara toda su primera intervención, y de este modo, él no respondería por alusiones. Sin embargo, el socialista se negó y Pérez aseguró que había basado su participación en falsedades y mentiras.
El siguiente en tomar la palabra fue el propio José Ramón González de Zárate, quien aseguró que durante el gobierno del PP no se va a "regalar" nada a ninguna empresa. Así, explicó que será un juzgado de lo contencioso-administrativo el que seguramente termine resolviendo si se tiene que "recuperar algo de dinero" o no.
El edil, también diputado en Les Corts, recordó que la empresa llevaba año y medio sin ingresos por las consecuencias de la pandemia desatada en marzo de 2020. En ese año el parking estuvo cerrado, con 11 trabajadores en nómina y haciendo lo que marca la auditoría, según defendió el popular. Así, explicó que no está considerado como un servicio básico, por lo que los técnicos municipales les obligaban a cerrar el aparcamiento. Sin embargo, trataron de hacer un encaje sabiendo que había 200 usuarios que aparcaban todos los días, más los fluctuantes. González de Zárate insistió en que el acuerdo plenario estaba acompañado de informe de Ingeniería, Contratación, Área Económica y Secretaría, "todos los departamentos a favor".
"Si el Contencioso dice que hay que devolver el dinero al Ayuntamiento de Benidorm, que se devuelva. Perfecto, no hay ningún problema. Pero también puede decir un juez que no se devuelva", apostilló. Así, volvió a defender la gestión del PP y recriminó a los socialistas los 3,5 millones de euros de la prórroga de la depuradora "para pagar fiestas que tenían en ese momento en el PSOE". En estos instantes, el pleno se convirtió en un circuito de reproches y acusaciones entre el alcalde y el grupo de la oposición que escapaban del punto en cuestión.
