ALICANTE. La Conselleria de Vivienda da el paso y activa el proceso para recomprar dos de las viviendas de protección pública (VPP) de Residencial Les Naus: el complejo de iniciativa privada construido por la cooperativa homónima (Residencial Les Naus) sobre un solar de titularidad municipal subastado entre 2018 y 2022.
Esos dos pisos sobre los que se pretende ejercer el derecho de tanteo son los adquiridos por la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (número 3 en la candidatura electoral del Partido Popular en las elecciones de 2023), y por el administrador único de la sociedad gestora de la cooperativa (Fraorgi), Francisco Ordiñana.
Se trata de dos de las 18 personas que figuran como investigados en las diligencias abiertas por la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante en relación a las supuestas anomalías detectadas en la gestión y venta de esa promoción, de iniciativa privada, construida en el distrito de Playa de San Juan.
Por lo pronto, según pudo confirmar este diario, el departamento autonómico que coordina la también vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, acaba de comunicar a los dos interesados su interés por adquirir sus viviendas, después de notificarles que se reactivaba el periodo establecido para ejercer el derecho de tanteo, toda vez que no se había recibido respuesta de la jueza que instruye las diligencias sobre la posible existencia de algún tipo de medida cautelar relacionada con esa investigación que impidiese autorizar o promover una posible transmisión de los pisos, en el caso de que sus propietarios decidiesen ponerlos a la venta.
Al no haberse producido ninguna respuesta respecto a esa consulta -formulada a finales de julio- la conselleria ultima ahora los trámites para solicitar el permiso de visita y acceso a las viviendas de Gómez y Ordiñana con el fin de comprobar que se encuentran en las condiciones de conservación adecuadas con el objetivo de ejecutar el derecho de compra preferente del que dispone la administración frente a cualquier tercero con el que se hubiese preacordado su venta. Así lo ratificaron fuentes del departamento autonómico este viernes, a consulta de Alicante Plaza. El proceso debería completarse en un plazo de seis meses; en consecuencia, antes de las elecciones autonómicas y municipales si ese margen comienza a computarse desde el arranque de noviembre.
Precio de compra y futuro destino
¿Cuál sería el precio de adquisición? Necesariamente, debe ser el mismo importe desembolsado por cada uno de ellos para financiar la construcción de sus pisos como socios cooperativistas. Hasta ahora, se ha apuntado que esos socios aportaron un importe medio de 215.000 euros. Eso sí, la suma de esa compra está topada en la cantidad máxima que resulte de aplicar el precio del módulo de la VPP previo a su última actualización, aprobada por el actual Consell el pasado mes de agosto, cuando se elevó a 2.568 euros por metro cuadrado. Ese importe ascendía hasta entonces a 2.400 euros por metro cuadrado. De este modo, con una vivienda de 90 metros cuadrado útiles, el precio de compra máximo que podría pagar la Generalitat sería de 216.000 euros.
¿Qué destino se pretendería dar a esos dos pisos tras su adquisición por parte de la conselleria? Los dos inmuebles pasarían a formar parte del parque público de vivienda autonómico, lo que impediría que pudiese promoverse una nueva transmisión. De este modo, quedarían reservados de forma obligatoria al alquiler asequible.
Ahora bien, la recompra del piso de Ordiñana podría estar condicionada al esclarecimiento de un posible error ante la posibilidad de que se hubiese interpretado de forma indebida su intención de vender el piso: uno de los áticos del residencial. Lo cierto es que Gómez sí ha tramitado ante la Conselleria de Vivienda el proceso establecido, con el registro de documentación informando de su intención de desprenderse de su vivienda, después de aportar un comprador interesado sobre el que se aseguraba que cumplía con los requisitos de renta para acceder a una VPP.
- El edificio de VPP construido por Residencial Les Naus sobre un solar municipal en Alicante. -
- Foto: RAFA MOLINA
No obstante, esa relación de hechos no estaría del todo clara respecto a la vivienda de Ordiñana, quien sí había comunicado a principios de enero su intención de transferirla a una sociedad a su nombre con la intención de ponerla en alquiler, después de haber logrado la exención de ocupación del piso al residir temporalmente en el domicilio de un familiar a su cuidado.
No obstante, según fuentes consultadas, desistió de ese objetivo cuando trascendió la controversia sobre la identidad de los compradores y no atendió los requerimientos de información adicional que le trasladó la propia conselleria entonces, con la advertencia de que, si no la aportaba en diez días, se daría por desistida la tramitación de la venta. En cualquier caso, el departamento autonómico habría considerado que su expediente seguía vivo, puesto que -según pudo constatar este diario- ha seguido remitiéndole notificaciones hasta ahora.
En todo caso, sí está definitivamente descartada la posibilidad de que sea el Ayuntamiento de Alicante quien ejerza el derecho de tanteo y asuma la compra de esos pisos, como había planteado el mismo alcalde, Luis Barcala, tras establecer un convenio de colaboración en ese sentido con la propia conselleria. A priori, ese convenio sigue vigente, aunque el equipo de gobierno ya ha rechazado la opción de utilizarlo para comprar pisos de Les Naus a la vista de los informes internos en los que se detallaría que los demandantes de vivienda que solicitan los servicios del Patronato Municipal de Vivienda para encontrar un piso de alquiler no demandarían pisos con la ubicación y las características de las viviendas de esa promoción.
Así lo apuntó el edil de Urbanismo, Toño Peral, en el pleno ordinario de julio, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal del PSOE, cuando aseguró que "incorporar este tipo de inmuebles al parque público municipal ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real, ni al colectivo prioritario". En esta línea, aseguró que el objetivo del equipo de gobierno era incrementar el parque público de vivienda destinada al alquiler asequible.
Un propietario investigado que sí cumple
Entre tanto, la instrucción de la causa sobre las presuntas anomalías en la gestión del residencial continúa registrando avances. En primer término, con la respuesta ofrecida por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante tras el requerimiento de documentación planteado por la jueza el 7 de octubre (reiterado este jueves, día 29). Se trata de una contestación en la que, en resumen, se apunta que no se dispone de información adicional respecto a correos o comunicaciones girados entre los técnicos de los departamentos de Gestión Patrimonial y Contratación relacionados con el expediente de subasta del solar. Además, se apunta que no se dio publicidad al concurso antes de que se publicase en la Plataforma de Contratación y que tampoco se cuenta con más informes diferentes a los ya entregados respecto a la valoración de la parcela o respecto a los acuerdos de paralización y de reactivación de la licitación.
Y en segundo término, con el nuevo informe aportado por el Servicio Territorial de Vivienda en relación a los requisitos de renta de uno de los socios cooperativistas que adquirieron vivienda en Les Naus (la número 52). Se trata de un propietario (que no ejercía cargo o función pública con capacidad de decisión sobre los expedientes de Les Naus) que figura como investigado en la causa, precisamente, después de que el departamento autonómico considerase en sus informes iniciales que era uno de los nueve adquirientes que no cumplían las condiciones para acceder a una VPP.
En su caso, en concreto, se había concluido que su esposa era propietaria de otro inmueble, cuando el decreto de acceso a una VPP establece que no se puede disponer de ninguna otra vivienda en propiedad. No obstante, esa conclusión se corrige ahora en un nuevo informe aportado a las diligencias en el que se apunta que la cónyuge del cooperativista había vendido ese inmueble en 2016, antes de la compra del piso de Les Naus. En este sentido, se añade que se había producido una interpretación equivocada puesto que seguía figurando como titular de ese inmueble como consecuencia de un error en la reparcelación del plan parcial del municipio de Sant Joan d'Alacant en el que se incluía. Según el informe, esa reparcelación le seguía adjudicando su titularidad de forma indebida, al no haberse actualizado la situación registral de la propiedad, puesto que ya lo había vendido a un tercero.
A priori, todo parece indicar que ese propietario solicitará que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones frente a él, en la medida en que -a la vista de ese nuevo informe de Vivienda- no habría incurrido en ninguna anomalía al adquirir su piso en Les Naus, puesto que sí cumplía las condiciones para comprar una VPP (incluido el límite de renta de la unidad de convivencia).
Con todo, está por ver si podría asumirse esa petición, toda vez que la jueza ha rechazado tres peticiones de sobreseimiento previas a la espera de que disponer de las pruebas todavía no entregadas ni evaluadas, como el informe encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sobre la capacidad económica de cada uno de los 140 compradores de los pisos.
