ALICANTE. La controversia suscitada en torno a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante regresa, de nuevo, a un escenario de futuro: el de la renuncia a la propiedad de los pisos por parte de algunos de sus compradores. El debate ya se planteó entre los meses de febrero y marzo, después de que la arquitecta municipal Elsa Lloret y la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, además de una pareja separada que había adquirido dos viviendas en el residencial, comunicasen su intención de desprenderse de sus viviendas. Y se avivó a finales de julio, cuando se conoció que la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, también había informado sobre su voluntad de vender su inmueble.
Antes, en torno al mes de abril, también había trascendido que el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de Les Naus), Francisco Ordiñana, había tomado la misma decisión y que incluso había iniciado los trámites administrativos para disponer de permiso de transmisión de su piso a una de sus sociedades, con la intención de arrendarlo, el pasado mes de enero. Es decir, antes de que trascendiese la polémica y de que se conociese la identidad de los cooperativistas vinculados al ayuntamiento que adquirieron más de una decena de los 140 pisos de la promoción.
Con todo, lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de esos propietarios dispone todavía de la autorización de la Conselleria de Vivienda que resulta necesaria para que pueda producirse la venta de esos pisos. Ninguno ha completado el proceso de tramitación de esos permisos, después de haber notificado su voluntad de venta, y de haber tratado de consultar el procedimiento a seguir para poder hacerlo, según confirman fuentes del departamento autonómico. Fuentes consultadas precisan, además, que la mayoría de ellos no llegó a presentar ningún tipo de solicitud oficial para obtener ese beneplácito y que, quien lo hizo -como el caso de Ordiñana- no completó el proceso al no aportar la documentación adicional que se le requirió desde la conselleria.
Quien sí ha dado al menos un primer paso efectivo es la propia Gómez, al comunicar a la cooperativa Residencial Les Naus su intención de enajenar su vivienda con el objetivo de dilucidar si la entidad estaría interesada en ejercer el derecho preferente de recompra que le confiere la normativa. Y ahí llega, por ahora, la única certidumbre al respecto: la cooperativa rechazó esa posibilidad en la reunión de su junta directiva celebrada el pasado junio, en la que también se aprobó su contabilidad. En concreto, el acuerdo adoptado se extendió a la totalidad de ofrecimientos que pudiesen plantearse. Es decir, que la cooperativa renuncia a ejercer su derecho de tanteo y retracto para adquirir cualquier vivienda que pueda tratar de venderse en lo sucesivo. ¿El motivo? Sus responsables entienden que el objeto por el que se produjo la constitución de la cooperativa ya se ha cumplido -la promoción del residencial- y que, por tanto, solo queda acordar su disolución, sin tener ningún interés en comercializar ninguna de sus viviendas de nuevo.
¿Recompra pública?
Esa decisión despeja el camino para que sea la administración quien tenga la posibilidad de ejercer ese derecho de tanteo y retracto. En principio, el Ayuntamiento de Alicante sería el primero en poder decidir, en virtud del convenio de colaboración concertado con Vivienda por el que se transfería la potestad de ejecutar la adquisición de los pisos que se pretendiese poner en el mercado de forma prioritaria. Se trata de un acuerdo que se promovió a instancia del propio equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), después de que el alcalde, Luis Barcala, manifestase la intención de evitar que las viviendas que hubiesen sido adquiridas por personas que no cumpliesen los requisitos económicos de acceso a una VPP mantuviesen su propiedad.
Sin embargo, en el transcurso del pleno ordinario del mes de julio ya se anticipó que el ayuntamiento no asumiría ninguna compra de pisos en esa promoción, según la respuesta que facilitó el edil de Urbanismo, Toño Peral. El regidor explicó entonces que los informes técnicos del Patronato de Vivienda desaconsejaban esa posibilidad, toda vez que el perfil de los demandantes de vivienda registrados en la ciudad no era el de interesados capaces de adquirir un inmueble con las condiciones económicas de los pisos de Les Naus. "incorporar este tipo de inmuebles al parque público municipal ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario", argumentó, para asegurar que el objetivo del equipo de gobierno era incrementar el parque público de vivienda destinada al alquiler asequible.
El planteamiento municipal dejaría el camino libre a la Conselleria de Vivienda para que fuese quien promoviese la adquisición de los pisos de la promoción que se pretendiesen enajenar. Sin embargo, el departamento autonómico que coordina la también vicepresidenta primera, Susana Camarero, todavía no ha adoptado una decisión definitiva al respecto, a la espera de despejar dudas respecto al principio de la prejudicialidad penal. De ahí que, según confirman fuentes consultadas, haya elevado una consulta ante el juzgado que instruye las diligencias sobre las supuestas anomalías registradas en el desarrollo y venta de las viviendas de Les Naus para conocer, primero, si corresponde conceder autorización para que cualquiera de los propietarios pueda revender su piso a un tercero antes de que se cierre la instrucción y se depuren posibles responsabilidades. Ya sea penales o administrativas.
En este sentido, fuentes del departamento autonómico precisan que podría darse la circunstancia de que se produjese una hipotética venta y de que, después, el avance de la instrucción de las diligencias y el posible dictado de una sentencia -en el caso de que la causa llegase a juicio- conllevase la imposición de penalidades sobre el inmueble que pudiesen computar como carga. con el consiguiente perjuicio para el tercero que adquiriese esos pisos. Así, la posibilidad de que se produzca el escenario de recompra de las viviendas de Les Naus por parte de la conselleria con la intención de buscar un futuro propietario que cumpla con los requisitos sigue en el aire.
