ELCHE. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Elx - Crevillent vuelve a poner en los problemas de acceso a la vivienda y en la respuesta del Ayuntamiento ante esta situación. El colectivo advierte de la "gravedad" de los problemas de acceso en la ciudad y denuncian una "falta de respuesta adecuada" por parte de la administración municipal. Principalmente la PAH denuncia la dificultad para acceder a una vivienda de alquiler, tanto por la falta de oferta como por unos precios que considera "inasumibles" y por la inseguridad que, según señala, afrontan las personas arrendatarias.
130 desahucios en 2025
Según los datos que manejan, en 2025 se produjeron 130 desahucios en el partido judicial de Elche. De ellos, 103 estarían relacionados con la precariedad en el alquiler, muchos de ellos por finalización de contrato, o con la precariedad laboral, mientras que otros 27 serían consecuencia de ejecuciones hipotecarias. Y asegura que los casos de ocupación son los menos numerosos, una cuestión sobre la que el bipartito de PP y Vox está poniendo el foco en las fechas recientes.
En este sentido, la PAH señala que estos casos de desahucios vienen de familias y personas que tienen ingresos, pero que no suelen superar los filtros exigidos para acceder a un alquiler. Incluso cuando los cumplen, añaden, pueden no disponer del dinero necesario para afrontar la entrada en una nueva vivienda, como fianzas, mensualidades por adelantado o gastos asociados al traslado. Por ello critican también la actuación municipal ante estas situaciones. Señalan que el Ayuntamiento dispone de una Oficina Municipal de Vivienda y de un presupuesto procedente del Plan Estatal de Vivienda a través de la Generalitat, pero consideran insuficientes las alternativas disponibles para las personas desahuciadas.
Falta de proactividad del Ejecutivo local
En concreto, denuncian que el Ejecutivo local no se ha encargado de aumentar el parque de vivienda disponible. "No dispone de viviendas para ofrecer una alternativa, ni propias ni mediante la incorporación de viviendas de particulares para destinarlas al alquiler con garantías para sus propietarios". Y señalan que no media con los grandes tenedores antes de los desahucios, tal como recoge, según el documento, la Ley de Vivienda, ni ayuda a encontrar una vivienda de alquiler. Lamentan que ne el mejor de los casos, la única opción sea un albergue para pernoctar, o de forma más excepcional, viviendas supervisadas.
Ponen de relieve la incertidumbre que supone la finalización de los contratos de alquiler, de cinco o siete años, ante la posibilidad de tener que abandonar la vivienda o afrontar incrementos del alquiler. Y que son cada vez más frecuentes los casos en los que propietarios reclaman la vivienda durante contratos vigentes alegando motivos como el uso propio. Algo que según indica la PAH, afectaría a "personas que necesitan independizarse de una vivienda familiar, como parejas que quieren separarse, trabajadores que tienen su empleo en Elche o hijos adultos que regresan a casa después de haberse emancipado".
Ven "humo" en la oficina antiocupación
De ahí que aseguren que el problema es la barrera de acceso al alquiler y no la ocupación. Consideran que el Ayuntamiento está "al servicio de una minoría" y que responden más a "mentiras e ilusiones" que a las necesidades de la población. Algo que según defienden, se refleja en la oficina antiocupación. Aseguran que "la ocupación de una vivienda desocupada sin permiso de sus propietarios es minoritaria y cifra en 39 las demandas presentadas en 2025 en toda la provincia de Alicante". Según sus datos, a Elche le corresponderían cinco casos. Sin embargo, los datos que maneja el Consistorio son más elevados, aunque con disparidad de casos según el año.
La PAH prefiere distinguir entre los allanamientos de morada y los casos que denomina “inquiocupación”, cuando una persona ha accedido a una vivienda mediante un contrato de alquiler y posteriormente se pretende su salida por impago u otros motivos. En estos últimos casos, explica Gloria Marín, veterana integrante de la plataforma en Elche, corresponde a los juzgados valorar las circunstancias y su adecuación a la ley. Marín cuestiona, una vez más, la construcción de viviendas protegidas destinadas a la venta con el Plan Casa Fácil. "Esta medida se dirige a una minoría que puede afrontar la entrada y obtener una hipoteca, mientras que el resto de personas que necesitan vivienda quedan fuera". Por eso exigen medidas para poder acceder al alquiler, lo que más problemas de desahucios está generando.
