ELCHE (EFE/AP). El ayuntamiento de Elche pondrá en marcha el próximo septiembre una oficina de orientación jurídica destinada a asesorar a propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas, tras aprobar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados (Icae) para ofrecer apoyo legal y técnico sin coste para los ciudadanos. Para ello se ha firmado un convenio por 8.333 euros con la entidad, que destinará personal para formar sobre estas cuestiones en los distritos, así como dentro del propio Icae a sus propios asociados.
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, tendrá su sede en la Casa de l'Orxata y estará atendida por personal municipal, de la propia concejalía, que trabajará en coordinación con el Colegio de Abogados para orientar a los afectados sobre los pasos a seguir y facilitar la interlocución con las distintas administraciones.
El concejal del área, Samuel Ruiz, ha señalado que el objetivo es "dar una respuesta firme a los vecinos" ante un problema que, a su juicio, afecta especialmente a pequeños propietarios y familias. Según ha indicado, la intención es ofrecer herramientas que permitan actuar con mayor rapidez y seguridad jurídica.
Además del asesoramiento individual, el proyecto contempla la organización de sesiones informativas en barrios y pedanías centradas en la prevención y en las actuaciones recomendables durante las primeras 48 horas tras una ocupación. También se formará al personal municipal para mejorar la respuesta administrativa ante este tipo de situaciones.
Preguntado por la cuestión, el concejal asegura que muchas de las viviendas afectadas pertenecen a particulares en más de un 90%, "y no de grandes tenedores o fondos buitre", que dependen de esos inmuebles como fuente de ingresos o patrimonio familiar al ser la segunda residencia.
Según los datos facilitados por el propio concejal, la Policía Local ha registrado 159 ocupaciones en lo que va de 2026, de las que 28 pudieron resolverse. En ejercicios anteriores se contabilizaron 232 casos en 2024, de los que se resolvieron favorablemente 74; y en 2025 fueron 176 casos. Según datos municipales, también 204 en 2022 y 140 en 2023. Ruiz considera que la tendencia es "preocupante" por los que se llevan a mitad de año, y advierte que quedarían los datos de Policía Nacional y empresas de desalojo. Asegura que la mayoría de estas ocupaciones no son de inquilinos que han dejado de poder pagar, sino "los que utilizan el método de patada en la puerta".
A priori se pondrá en marcha en septiembre, aunque con un despliegue mucho menor de dinero del planteado en los presupuestos, con 30.000 euros.
