ALICANTE. Convenio en curso. El pleno del Consell ha aprobado este viernes, en la reunión celebrada en San Vicente del Raspeig, el convenio de colaboración necesario para ceder al Ayuntamiento de Alicante los derechos de tanteo y retracto respecto a todas las viviendas de protección pública del municipio, con el fin de que puedan ampliar su oferta de vivienda pública en el menor plazo de tiempo posible. Se trata de un acuerdo anunciado por el propio equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), días después de que trascendiese la polémica respecto a la identidad de los compradores de las VPP de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022.

Entonces, se concretó que tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Vivienda emprenderían todas las decisiones necesarias para impedir que los pisos que se hubiesen adquirido de forma irregular, por personas que no cumpliesen los requisitos de acceso a una vivienda protegida, pudiesen mantenerlos en propiedad. Entre otros puntos, se planteó que la intención del equipo de gobierno era ejercer el derecho de tanteo para adquirir los pisos en los casos en los que los socios cooperativistas que los compraron decidiesen ponerlos en venta, para lo que requerirían de la preceptiva autorización previa del departamento autonómico.

En este sentido, se anunció la firma de un convenio de colaboración por el que se cediese al Ayuntamiento la posiblidad de ejercer ese derecho preferente de recompra. Y ese es el acuerdo que se ha acabado aprobando este viernes -cerca de un mes después de que se produjese el anuncio- junto a otro convenio equivalente circunscrito al Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, durante la rueda de prensa del Pleno del Consell, que ha asegurado que "el objetivo es dotar a estos municipios de una nueva herramienta para garantizar una oferta de viviendas públicas sólida y estable, que les permita dar una respuesta más rápida y eficaz a las demandas de sus habitantes". Díez también ha destacado que "de este modo, los ayuntamientos podrán adquirir con preferencia dichos inmuebles, ampliar el parque público de viviendas, frenar la especulación y garantizar que las viviendas cumplan con su verdadera función social".

Escenario de venta y prioridad penal

No obstante, el visto bueno al convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Alicante no garantiza todavía nada respecto a la posibilidad de que los pisos de Les Naus que se pongan a la venta puedan acabar revirtiendo en el parque público municipal de vivienda. Primero, porque para eso debe existir algún propietario que esté interesado en desprenderse de su propiedad sacándola al mercado y cerrando una operación de transmisión con el mismo precio de coste de la primera adquisición. Se trata de un escenario que todavía no se habría producido, según la información que ha trascendido hasta ahora, a pesar de que al menos cinco propietarios sí han manifestado su intención de prescindir de sus pisos. 

Además, para que el Ayuntamiento de Alicante pueda ejercer el derecho de tanteo, también debe concurrir otra circunstancia adicional: que se cierre el proceso de instrucción de las diligencias penales en curso para determinar si pudo existir algún tipo de delito en las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de esas viviendas. Así lo volvió a reiterar, de hecho, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, este jueves, en el debate parlamentario en les Corts, al asegurar que no se iba a adoptar ninguna decisión con la intención de promover la reversión o anulación de las compras de las viviendas que pudiesen haberse adquirido en fraude o en situación irregular hasta que se cierre la investigación penal. Primero, como viene informando este diario, porque rige el principio de prelación de la jurisdicción penal, antes de que pueda promoverse un recurso contencioso-administrativo o una reclamación civil para revocar la escritura de compra. Y segundo porque, según dijo, no se pretende exonerar a esos propietarios que puedan haber cometido un fraude de tener que responder ante la justicia.

Fianza para que Ciudadanos ejerza la acusación popular

Entre tanto, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Alicante ha dictado este viernes una nueva providencia en la que requiere al partido Ciudadanos (Cs) la presentación de una querella y la prestación de una fianza de 3.000 euros para aceptar su solicitud de personación en la causa como acusación popular.

Se trata, en consecuencia, de las mismas condiciones requeridas tanto al grupo municipal del PSOE como a la organización Manos Limpias, que también solicitaron ser parte en el proceso. Por el momento, ya se ha producido la admisión del PSOE como acusación popular, mientras que sigue sin resolverse el recurso de apelación presentado por Manos Limpias para que se rebaje el importe de la fianza requerida.

Al tiempo, el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), también ha anticipado su intención de personarse en el procedimiento como acusación particular en el caso de que el avance del procedimiento de instrucción lo haga recomendable, según las últimas manifestaciones formuladas por ahora por el alcalde, Luis Barcala.