ALICANTE. La tercera sesión de la comisión municipal específica constituida en el Ayuntamiento de Alicante para evaluar el funcionamiento de la Policía Local deparó, este jueves, un segundo diagnóstico desde la base, ofrecido por representantes laborales de los agentes, respecto a la situación en la que se encuentra el cuerpo, que resultó hasta cierto punto coincidente con el que ofrecieron sus mandos principales, el pasado mes de junio. Eso sí, la perspectiva ofrecida por los cuatro responsables de los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación que fueron citados a comparecer por los partidos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) permitió ir más allá de la falta de efectivos que ya pusieron sobre la mesa tanto el comisario principal, José María Conesa, como el intentende Fernando Aldave, y el comisario Raúl Romero, para profundizar en otro aspecto crucial: la falta de organización interna, guiada por criterios profesionales y no por la politización o el interés de agradar al vecino. 

Así lo expusieron los delegados de SEP, Roberto Selma; UGT, Sergio Ramón; CCOO, Encarnación Torregrosa; y CSIF, Luis Vicente Cifuentes. Los cuatro aludieron en algún momento de su intervención a esos dos déficits. Respecto a la cifra de agentes disponibles, todos coincidieron en señalar que la plantilla actual estaría conformada por entre 450 y 500 efectivos. Se trataría, según manifestaron, de la misma plantilla de la que se disponía hace dos décadas, que no sería suficiente para proporcionar un servicio adecuado a una ciudad como Alicante, tanto por extensión (teniendo en cuenta las partidas rurales y los nuevos desarrollos urbanísticos), como por población, que, según remarcaron, se ve incrementada por la presencia de visitantes durante los fines de semana, al margen de la llegada de turistas asociada a los periodos vacacionales.

Y menos si se tiene en cuenta que las actividades festivas (actos de Fogueres), culturales (conciertos o festivales) o deportivas (competiciones locales y de equipos profesionales) se multiplican entre viernes y domingos. Tanto que, a inicios de este mes de julio, ya habría quedado prácticamente agotada la previsión de la bolsa de horas habilitada para el conjunto del año con el fin de que agentes puedan reforzar el servicio fuera de su jornada laboral para dar cobertura a las necesidades existentes. A ello se añade el rechazo a asumir el desempeño de horas extraordinarias por el bajo importe con el que estarían gratificadas, próximo a los 14 euros brutos, según recalcaron.

La consecuencia, según relataron, cae por su propio peso: esa falta de efectivos estaría deparando que se derivasen agentes de brigadas o de unidades específicas para cubrir otros servicios que requiriesen de atención inmediata. Con todo, esa solución no evitaría que se acudiese con retraso a determinadas llamadas, o que se tuviese que priorizar las salidas, al no poder dar cobertura a todos los avisos con la plantilla disponible en el servicio ordinario, lo que depararía que fuesen otros cuerpos o servicios de emergencias quienes se hiciesen cargo de su respuesta, a través de la central de llamadas compartida.

Falta de previsión 'endémica'

¿Qué posibles soluciones podrían adoptarse? Según los comparecientes, solo cabría la salida de la convocatoria de nuevos procesos de oposición para contar con más agentes, lo que requiere de tiempos de tramitación prolongados que no se habrían adoptado con la suficiente antelación ni ahora, ni en el pasado, en una falta de previsión que también se habría dado en el caso de la renovación de vehículos, de armamento o de uniformes y chalecos antibala, según señalaron. Por lo pronto, para ampliar plantillas, además, resultaría necesario que el Ejecutivo central eliminase el límite de la tasa de reposición del 1,25% establecido ahora para cubrir vacantes por jubiliación en el conjunto de policías locales, como ya se ha suprimido en el caso de las plantillas de los bomberos. Además, apuntaron la necesidad de que se garantizase la transparencia y los principios de igualdad, mérito y capacidad en las convocatorias de oposiciones, frente a la presunta adulteración de los procesos de selección que han trascendido en el pasado -en alusión al caso enchufes- y que son "vox pópuli", según recalcó Torregrosa.

Eso sí, entre tanto, los cuatro abogaron por ejecutar un reseteo, "borrarlo todo y volver a comenzar desde el consenso", dijeron, en un proceso que debería liderar el mismo alcalde, Luis Barcala -en un contexto en el que se va a producir la jubilación del comisario principal, según indicaron, aunque se encuentra pendiente de su recurso- con el propósito racionalizar el funcionamiento del cuerpo fijando "objetivos" y asumiendo las funciones reales que corresponden al cuerpo, como señaló Selma, o diseñando un Plan Director que permitiese fijar dónde debe acudir la Policía y qué fines cumplir, "sin ir a salto de mata", como apuntó Torregrosa. Además, en ese nuevo sistema organizativo, debería procurarse el desarrollo del proceso de ascensos no constreñido por el "sistema clientelar", que según apuntaron, se habría instalado en el cuerpo, en el que las afinidades condicionarían los destinos y el clima laboral, en el que los agentes quedarían abocados a cumplir órdenes a pesar de ser conscientes de que no se cumplirían los mínimos exigidos para la realización de determinados servicios.

En suma, se trataría de disponer de una organización profesionalizada que permitiese concretar funciones y ordenar los servicios sin caer el error de tratar de satisfacer a los vecinos con actuaciones de cara a la galería, como expuso Ramón. "Cada vecino tiene una opinión de lo que se necesita y no seríamos capaces de ponerlos de acuerdo, por lo que tiene que haber una dirección profesional que determine qué es lo que hay que hacer" sin injerencias del político de turno, incidió. Con ello, y con la apuesta por la formación continua y la renovación de medios técnicos que se estaría comenzando a cumplimentar ahora -después de varias denuncias sobre el deterioro de los vehículos y de dudas sobre cómo podrían superar las revisiones de la ITV-, se contribuiría a atajar la desmotivación que se habría extendido entre la mayoría de la plantilla, en una profesión que es eminentemente vocacional, según apuntó.

Esa organización podría diseñarse por brigadas, con asignación de funciones específicas, o por sectores, con una distribución territorial. No obstante, en último término, ninguna de las dos resultaría eficaz si no se promueve el incremento de plantillas, según señaló Cifuentes. "El gran problema es de falta de medios humanos. Los dos modelos de organización son igual de válidos. Pero ninguno va a funcionar porque no hay gente", resumió.