ALICANTE. La Policía Local de Alicante sufre de falta de efectivos, de mandos que ejercen funciones organizativas y de recursos materiales adecuados, como los vehículos -sobre los que se habría activado varios procesos de compra en el margen del último año- o los chalecos. No obstante, se ofrece un "servicio digno", con la plantilla de la que se dispone, y no se deja ningún aviso sin atender. Ese fue, a modo de síntesis, la radiografía que facilitaron este jueves tres de los principales responsables del cuerpo que comparecieron ante la comisión municipal avalada por los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) con el fin de analizar su funcionamiento y organización.

Lo cierto es que los tres mandos -el comisario principal José María Conesa; el intentende Fernando Aldave y el comisario Raúl Romero, por ese orden- coincidieron en ese mismo diagnóstico, a la vista de las preguntas formuladas por los representantes de esas cuatro formaciones políticas (los populares renunciaron a plantearlas). En primer término, los tres responsables de cuerpo reconocieron la falta de efectivos, sin llegar a concretar una cifra definitiva de agentes disponibles, y limitarse a apuntar que rondarían los 450, puesto que -según argumentaron- su número estaría casi en constante fluctuación por la existencia de jubilaciones y por la incorporación de nuevos agentes, como los 16 que tomaron posesión, precisamente, este mismo jueves. De ahí que, antes de pronunciarse sobre el número de policías realmente operativos respecto a las 567 plazas reflejadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), optaron por referirse a las ratios recomendadas por organismos internacionales como la Unesco, que también recoge la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este sentido, reconocieron que Alicante saldría mal parada en la medida en que la proporción sería de 1,5 agentes por cada mil habitantes, cuando se aconseja que la ratio sea de entre 1,8 y 2. Se trata, según señalaron, de una recomendacíon que sí cumplirían las ciudades de València y Castellón. Y también Elche. 

¿Por qué no se alcanzaría esa correlación en Alicante? Conesa fue el primer en dar una explicación al respecto al aludir al cierto retraso en el que se ponían en marcha las convocatorias públicas para cubrir los puestos vacantes por jubilaciones. "No entiendo por qué aquí ocurre eso y en otras ciudades no", llegó a decir. Además, también se refirió a la dificultad que impone el Gobierno Central al limitar la tasa de reposición que impide convocar todas las plazas que resultarían necesarias. Y Aldave -que también aludió a esa limitación- añadió la complejidad que entraña el proceso de selección para que un agente pueda llegar a incorporarse de manera efectiva a la plantilla, una vez completado su periodo de formación en el IVASPE. Un recorrido que se alarga años, según lamentó, por el carácter garantista del sistema. De hecho, Aldave llamó la atención sobre una circunstancia derivada de esos plazos: el envejecimiento de la plantilla operativa. Aunque apuntó que no sería un factor exclusivo de la Policía, sino que afectaría al conjunto del Ayuntamiento y de la administración pública en general, sí señaló que la mayor parte de los agentes que se incorporaron con la ampliación del servicio acometido en la década de los ochenta estarían jubilándose o a punto de hacerlo. Sin ir más lejos, señaló que en lo que va de 2025 se habrían registrado 17 jubilaciones, sin que se haya podido cubrir sus vacantes.

Si a ello se añade que "cada vez se incorpora la creación de nuevos servicios que realizar, que una vez creados, llegan para quedarse", la conclusión no puede ser otra que la que explicitaron los tres mandos: "Se hace lo que se puede con los medios que tenemos", señaló Conesa. "Nos organizamos con lo que tenemos", añadió, para justificar que, en muchas ocasiones, se recurriese a la realización de horas extraordinarias, que se dispararon exponencialmente durante la pandemia del coronavirus ante el incremento de servicios que atender, hasta superarse las 30.000. En todo caso, recalcó que, además, había asumido la máxima responsabilidad de la Policía en un periodo marcado por "crisis tras crisis", con los consiguientes problemas de recursos económicos en la administración que se sucedieron en 2008, en 2012 y en 2020 con la covid. Eso sí, dijo estar orgulloso de labor desempeñada al sostener que se estaba prestando "un servicio digno". "Con los pocos medios que tenemos hemos conseguido muchos hitos: hemos garantizado la seguridad en momentos de máxima afluencia de personas, como en las Hogueras, que cada vez son más multitudinarias, y en Alicante no hay una situación de venta ambulante descontrolada", recalcó.

Además, señaló que no se dejaba de atender ningún aviso ciudadano relacionada con la seguridad, ya que el sistema centralizado compartido con la Policía Nacional y con la Guardia Civil permitía que esas llamadas se atendiesen de forma coordinada entre los tres cuerpos. Así, explicó que el hecho de que el sistema reflejase la existencia de más de 5.000 avisos sin atender no se correspondía con la realidad. "Si figuran como no atendidos, es porque no se anota quién ha acudido; y no se anota porque es un servicio que atienden cinco personas y que, por momentos, están saturados y sobrepasados", abundó.

Organización por distritos

De igual modo, los tres aludieron a la falta de mandos intermedios como otro elemento que requería de corrección, ya que, según señaló Romero, su labor mejora la organización y la prestación de cada servicio. En esta línea, Conesa llegó a citar la situación de la plana mayor (la cúpula del cuerpo) para señalar que, tras su propuesta de jubilación (que debería hacerse efectiva este mes de agosto), se plantea el nombramiento de un comisario principal por mejora de empleo, al no existir otra persona con el rango necesario para ocupar la plaza, "cuando hace 36 años, cuando yo llegué, había hasta cinco comisarios".

En todo caso, los tres apuntaron que la reorganización del cuerpo que ya se ha comenzado a poner en práctica, a partir de las áreas de seguridad ciudadana, policía comunitaria y de barrio, tráfico, transporte y movilidad, y unidad administrativa y de planificación, y con la sectorización de la ciudad en cuatro distritos, ya estaría contribuyendo a mejorar la respuesta policial. "Tenemos las instalaciones de Babel, de Benisaudet y en marzo se nos ha confirmado que quedaría concluida la obra del cuartel de Playa de San Juan; nos faltaría una infraestructura más, pero con el cuartel de Playa de San Juan estoy convencido de que va a haber un antes y un después", apuntó Romero. Esa relación de instalaciones, se completa con el retén de Juan XXIII, que ahora se pretende reformar con un proyecto en el que, como mínimo, se habría tenido en consideración las sugerencias formuladas por el propio Conesa, según explicó.

Por último, los tres también se pronunciaron respecto a la disponibilidad de medios técnicos y sobre la organización de cursos de formación. En esta línea, Conesa admitió que faltaban elementos como chalecos antibala, sobre los que señaló que él había planteado que se incorporasen en el contrato de vestuario para procurar su disponibilidad. Y apuntó que también debía renovarse la flota de vehículos por el estado de deterioro en el que se encontraban, aunque negó que se utilizase ningún coche que no hubiese superado la ITV. Respecto a la disponibilidad de pistolas, dijo que la necesidad estaba cubierta, aunque sí lamentó que no se dispusiese de una galería de tiro propia para practicar como la que sí disponen en la mayoría de municipios. Y sobre la formación, los tres comparecientes apuntaron que el ayuntamiento estaba haciendo un esfuerzo en ese sentido, en función de sus posibilidades, aunque, en último término, la mayoría de los cursos homologados los debe procurar el IVASPE y no los estaba facilitando.

Perspectivas políticas

El desenlace de la comisión, que se prolongó durante más de tres horas, suscitó valoraciones particulares por parte de cada uno de los cuatro partidos opositores. En primer término, el concejal socialista Miguel Castelló consideró que las comparecencias pusieron de manifiesto "lo que llevamos meses denunciando, como son las carencias que vienen sufriendo los agentes, y la necesidad de que Barcala implemente con celeridad los cambios que se necesitan para superar una situación que afecta al servicio que se presta a todos los alicantinos y alicantinas". "La falta de personal es más que evidente y se debe corregir cuanto antes con más agentes. Es urgente poner los medios necesarios para garantizar un mayor grado de especialización de la Policía Local, y motivar a la plantilla con nuevos medios y con un plan de formación adecuado", señaló el edil, que reclamó a Barcala "que no mire hacia otro lado porque está en juego la seguridad de la ciudadanía".

En segundo término, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, destacó que las comparecencias habían permitido conocer que "nos faltan cerca de 200 agentes si atendemos al estándar aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias, teniendo una ratio muy inferior con respecto a otras ciudades como Elche o Valencia y, además, que tenemos una plantilla envejecida, principalmente en la escala de mandos, lo que provocará un déficit mayor de agentes en los próximos años, algo que nos preocupa y mucho ya que estamos hablando de la seguridad de los alicantinos". En esta línea, el portavoz adjunto de su partido, Mario Ortolá, aadió que "nos quedamos con las palabras del comisario Romero, de que hay cierta falta de motivación en la plantilla y desde Vox no nos extraña puesto que no hay más que ver el estado de muchos de los vehículos empleados por la Policía Local, muchos de ellos sin ni siquiera rotular y sacados del retén de la grúa de Bacarot. Es por ello que desde Vox hemos luchado para que, por primera vez, se vaya a tener leasing de vehículos y que hasta el momento se hayan realizado una de las mayores compras de vehículos policiales en los últimos años. Esta comisión va de eso, de analizar deficiencias y alcanzar soluciones reales para que nuestros agentes puedan desempeñar su vocación en beneficio de todos los alicantinos".

En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, se mostró "escandalizado" por el relato ofrecido por los comparecientes al sostener que evidencia "el estado de abandono de la Policía Local alicantina". Así, consideró que Conesa había reconocido "que no se cumple la ley, que no se cumple la estructura mínima" en el cuerpo policial, que faltan agentes en los barrios y que "para reforzar las zonas turísticas o las fiestas se tienen que quitar policías de los barrios y de las partidas rurales". "También nos dice el comisario que en 2010 en plantilla, según la relación de puestos de trabajo, contaba la ciudad con 587 policías y que ahora 15 años después tenemos 567. Con todo el incremento de población que hemos tenido en la ciudad, tenemos 20 policías menos", ha lamentado.

Mas incidió en que "tampoco hay un plan de formación" ni "control del vestuario, de las armas y de los chalecos" y "los vehículos siguen reventados". "No hay un plan de renovación de estos vehículos, porque, además, dicen los comparecientes, no hay presupuesto", recalcó. Por ello, anticipó su intención de pedir "explicaciones" a Barcala tras resaltar el "estado de abandono absoluto", con unos trabajadores que "están quemados" y "tienen una presión emocional por falta de efectivos, de medios y de formación", con una "sobrecarga de trabajo" a la que "nadie está haciendo frente".

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, calificó de "insostenible y negligente" el estado actual del cuerpo y denunció que el equipo de gobierno del PP "utiliza los escasos recursos policiales para su imagen turística, abandonando la seguridad cotidiana de los barrios". "La Policía Local no puede seguir siendo un decorado de verano para las fotos de El Postiguet mientras barrios enteros como Colonia Requena, Florida o Juan XXIII están sin patrullas. Es una irresponsabilidad política muy grave", consideró. Así, recalcó que "durante la comisión, se han puesto sobre la mesa los datos del último informe remitido por la Jefatura del cuerpo, que confirma una situación de colapso operativo, déficit de plantilla, equipamiento obsoleto y falta absoluta de planificación institucional".

Por ello, planteó propuestas como la convocatoria inmediata de plazas para cubrir las vacantes y planificar el relevo generacional; la puesta en marcha de un plan de reforma integral de cuarteles y dotación de vehículos y materiales, con financiación plurianual; el desarrollo de un programa de formación continua y homologada, coordinado con el IVASPE; la realización de una auditoría independiente del material operativo y de los sistemas de control interno; la organización de un servicio permanente de apoyo psicológico al personal; y la recuperación inmediata de la presencia policial en los barrios, también durante los meses de verano. "O se acometen estas reformas de inmediato, o la Policía Local seguirá al borde del colapso, y con ella, la seguridad de nuestros barrios. El PP ha fallado en lo esencial: garantizar derechos básicos como la protección, la proximidad y la convivencia", concluyó.