ALICANTE. La propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) promovida por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), con el respaldo del grupo municipal de Vox, quedará reducida a la rebaja del tipo impositivo planteada por ambos partidos. Cuando menos, así se desprende de la propuesta de resolución emitida por los técnicos de la Concejalía de Hacienda respecto a las enmiendas formuladas por los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición que habían formulado aportaciones con el fin de introducir variaciones en ese planteamiento inicial: PSOE y Esquerra Unida Podem, al margen de las presentadas también por Vox.

En concreto, en esa respuesta técnica -que se analizará en la comisión de informativa de Hacienda convocada para este viernes- propone la desestimación del conjunto de las enmiendas presentadas (salvo una de las registradas por Vox, relacionada con la extensión de las bonificaciones por la implantación de sistemas de eficiencia energética como la introducción de energía solar, que queda sujeta a criterio político) con el argumento general -al que se suman otras motivaciones diversas- de que las limitaciones incorporadas en el Plan Económico Financiero (PEF) para los ejercicios de 2025 y 2026, aprobado inicialmente por el pleno el 25 de junio (y definitivamente por la Generalitat, como órgano de tutela financiera el 8 de agosto), impide introducir cambios adicionales que supongan una disminución de ingresos.

Más, si cabe, si esas medidas no se complementan con otras medidas que compensen esa caída de la recaudación, como las que sí quedaron reconocidas entre las condiciones con las que se plasmó ese plan de ajuste, al que el ayuntamiento quedaba obligado a la vista del incumplimiento de la regla de gasto que quedó constatado al cierre de la liquidación del presupuesto de 2024.

La propuesta de resolución de las enmiendas señala que el PEF recogía de forma expresa que "no se llevarán a cabo disminuciones de tipos impositivos ni tarifas en los diferentes Impuestos Municipales durante los ejercicios 2025 y 2026, salvo la disminución del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prevista para el ejercicio 2026, cuyo importe resultante se compensará con reducciones en el gasto previsto en idéntica cuantía". Por ello, el informe evacuado por Hacienda a partir de las sugerencias de los grupos opositores recalca que "las medidas propuestas en las enmiendas suponen una disminución adicional de ingresos municipales que no se encuentran previstas ni compensadas mediante ajustes equivalentes en los capítulos de gastos del Presupuesto Municipal". Así, concluye que "las medidas propuestas no cumplen con las condiciones del Plan Económico Financiero, ni con el principio de estabilidad presupuestaria regulado en Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

Sobre esa base, el dictamen técnico subraya que "en aplicación del contenido del Plan Económico Financiero vigente y de la normativa aplicable, se informa desfavorablemente la admisión de las alegaciones presentadas por ser incompatibles con lo contemplado en el mencionado Plan, que prohíbe reducciones de tipos y tarifas en los diferentes Impuestos Municipales durante los ejercicios 2025 y 2026, salvo la disminución del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prevista para el ejercicio 2026, cuyo importe se ha de compensar por el lado del gasto y como consecuencia, la admisión puede suponer un posible riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el próximo ejercicio 2026 en el que debe llevarse a cabo el cumplimiento del mencionado Plan".

A partir de ahí, todo parece indicar que el conjunto de las aportaciones formuladas por los tres grupos quedarán rechazadas con los votos de PP y Vox, en cumplimiento del pacto alcanzado entre las dos formaciones por la aprobación del propio plan de ajuste. De este modo, previsiblemente, se mantendrán únicamente las modificaciones incluidas en la propuesta original planteada por el PP -con el respaldo de Vox- por la que se promueve una primera rebaja del tipo de gravamen establecido para bienes urbanos del 1,20%, desde el 0,62042 vigente hasta el 0,61985. Con ello, se plantea una disminución de los ingresos del 1,1 millones por la recaudación del impuesto, que beneficiará a 336.409 propietarios, según ha venido defendiendo hasta ahora el propio equipo de gobierno.

Progresividad fiscal y movilización de vivienda 

¿Qué planteaban las propuestas formuladas por los grupos opositores? En primer término, EU Podem planteaba introducir medidas en favor de la progresividad fiscal, en lugar de una rebaja general, así como la introducción de medidas que favoreciesen la puesta en el mercado de viviendas en alquiler, como la aplicación de "recargos progresivos a pisos vacíos de grandes tenedores, que podrán alcanzar hasta el 100% a partir del tercer año de desocupación", "bonificaciones del 90% a propietarios que destinen sus viviendas a programas de alquiler asequible de larga duración", "bonificación del 95% a quienes cedan temporalmente viviendas vacías al Ayuntamiento o a la Generalitat para destinarlas a emergencias habitacionales", y la "ampliación de las bonificaciones a las VPO durante toda su vida útil y no solo en los tres primeros años".

El PSOE, por su parte, también planteaba sugerencias similares con el objetivo de "garantizar el derecho a la vivienda, a través de la movilización de la vivienda vacía y la promoción de vivienda de protección pública, y  bonificar a los propietarios que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico, eléctrico o puntos de recarga para vehículos no contaminantes".

Por último, Vox también sugería ampliar a cinco años la bonificación del 50% del impuesto para titulares de viviendas de VPO empadronados en Alicante, así como la misma extensión temporal para los titulares de viviendas empadronados en la ciudad que acrediten el reconocimiento de familia numerosa; y, por último, la misma extensión temporal de la bonificación para los propietarios de aquellos inmuebles que hayan implementado sistemas de aprovechamiento térmico o energía solar, qu queda abierta a decisión política toda vez que no queda limitada solo a los ejercicios de 2025 y 2026, sobre los que se aplica el plan de ajuste.

Las otras dos aportaciones de Vox, relacionadas con beneficios para empadronados, sí quedarían desestimadas por los técnicos con el argumento de que implicaría vulnerar el principio de igualdad que preserva la legislación y queda refrendado por distintas sentencias del Tribunal Supremo, como subraya un informe emitido por el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM).