ALICANTE. El desarrollo de la primera fase del plan de expansión de Mercalicante sobre los terrenos anexos expropiados a Dosval no será pacífico. La empresa de la familia Gómez-Trenor (propietaria de la antigua embotelladora de Coca-Cola en la Comunitat) ha movido ficha frente a la compra forzosa de esa pastilla de suelo ejecutada por el Ayuntamiento de Alicante, con el registro de un recurso contencioso-administrativo frente a una de las últimas decisiones adoptadas por el equipo de gobierno en relación a ese expediente, según pudo contrastar este diario y confirmaron fuentes municipales.

En concreto, Dosval insta a la justicia a revertir el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno por el que se rechazaba su recurso frente a la desestimación de sus alegaciones a la expropiación, al estar en desacuerdo con el importe que se había establecido como pago. En esta línea, la compañía llegó a instar al juzgado a suspender la vigencia de esa resolución municipal con el propósito de que la expropiación no llegase a tener eficacia. No obstante, el juzgado no atendió esa solicitud de medida cautelar, con lo que el expediente de expropiación siguió su curso. 

De hecho, Mercalicante pudo tomar posesión efectiva de los terrenos a partir del pasado 14 de agosto, cuando se formalizó el acta de pago y ocupación de los terrenos: una bolsa de 19.500 metros cuadrados situada al este del perímetro actual del clúster agroalimentario. Para entonces, Mercalicante ya había abonado los más de 3,2 millones en los que se fijó el justiprecio de la expropiación, tras poner en marcha una operación de ampliación de capital en la que participaron sus dos socios: el Ayuntamiento de Alicante (con el 51,46% de los títulos) y la sociedad estatal Mercasa (con el 48,53% restante).

Recurso vivo

Entre tanto, el fondo del recurso de Dosval continúa vivo pendiente del dictado de sentencia. Por el momento, se desconoce cuál podría ser el efecto de una posible resolución judicial a su favor. En principio, según fuentes consultadas, todo parece indicar que la expropiación seguiría en vigor, aunque sujeta a una posible revisión del justiprecio establecido como fórmula de pago.

En ese escenario, Mercalicante podría seguir adelante con la licitación de los espacios de la nave preexistente situada en esos terrenos, que ya ha revertido en su propiedad. Se trata de un edificio de 5.521 metros cuadrados de uso industrial y equipada con muelles que se compone de 21 módulos de distinto tamaño. El clúster agroalimentario ya ha acordado sacarlos a concesión en régimen de alquiler en distintos módulos, con la pretensión de que queden a disposición de empresas del sector alimentario en general, incluidas aquellas dedicadas a la logística del sector, según se ha dado a conocer hasta ahora.

Todo, a la espera de que pueda promoverse un futuro proyecto para completar la urbanización del resto de superficie de esa pastilla de suelo de 19.500 metros, con el fin de ofrecerlo para la implantación de futuras empresas. Ese es el objetivo a medio plazo, ante la necesidad de dar respuesta a la demanda de parcelas que se habría constatado en los últimos ejercicios por parte de compañías interesadas en instalarse en el recinto, atraídas por ventajas como la disposición de servicios de control de acceso, vigilancia y limpieza, entre otros. Hasta el momento, Mercalicante presenta índices de ocupación que rondan el 90% de su capacidad y alberga en torno a 110 empresas. El recinto actual se extiende sobre un área de 135.000 metros cuadrados con un total de superficie construida de 48.700 metros cuadrados en un emplazamiento con facilidad de acceso con la A-31 y la A-7.