ALICANTE. La contratación de las azafatas y de los trabajos de montaje de escenarios quedaba en manos de la actual subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla. Cuando menos, así lo sostuvo este miércoles el exdirector de la sala y exportavoz municipal del PSOE, Paco Sanguino, al prestar declaración en la causa instruida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos delitos de prevaricación y fraude en la contratación, en la que Padilla figura como única investigada.

Sanguino, que compareció como testigo precisamente a petición de Anticorrupción, detalló que durante el periodo en el que él desempeñaba funciones de director gerente de la sala, bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), era él mismo quien se encargaba de concertar las contrataciones relacionadas con la programación artística, mientras que Padilla -que entonces asumía el puesto de jefa de administración- era quien realizaba las gestiones relacionadas con el encargo de servicios necesarios para que las representaciones y funciones pudiesen desarrollarse. Básicamente, la prestación del servicio de asistentes para organizar a los espectadores en sus butacas, escenografistas, técnicos de sonido y técnicos de iluminación. Es decir, justo los encargos que, según la Fiscalía, estarían bajo sospecha por un supuesto fraccionamiento de contratos concertados, además, con una misma empresa o grupo de empresas (Go Group) o con las distintas mercantiles asociadas a una misma administradora.

En todo caso, Sanguino también señaló que en esa etapa (entre la segunda mitad de 2015 y abril de 2019, cuando dejó el cargo para preparar su candidatura a la Alcaldía por el PSOE), se llegaban a formalizar unos 400 contratos al año, sin que se contase con ningún asesoramiento jurídico externo o que dependiese del Ayuntamiento de Alicante: uno de los dos cotitulares de la comunidad de bienes propietaria del teatro, junto al Banco Sabadell, hasta diciembre de 2018, cuando también se incorporó la Generalitat, con la adquisición de un tercio de las participaciones. Eso sí, el exdirector sostuvo que durante el tiempo en el que él asumió responsabilidades en el Principal, Padilla no tomaba decisiones de forma unilateral, aunque no llegó a precisar qué sistema se seguía a la hora de adoptarlas o quién disponía qué hacer en cada caso. 

Gestión pública

Sea como fuere, tras la comparecencia de Sanguino, las diligencias siguen su curso, sin que se haya acordado ninguna declaración adicional. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 que asume la investigación sí ha girado un oficio a la Policía para que se determine el paradero de una de las representantes de las empresas contratadas por el teatro con el fin de que se le pueda requerir para que aporte copia de las facturas expedidas por los servicios prestados a la comunidad de bienes propietaria del teatro desde 2019 hasta la actualidad.

Ese es, de hecho, el periodo en el que se centra el análisis de la Fiscalía Anticorrupción, toda vez que, según sostiene, fue a partir de diciembre de 2018, con la incorporación de la Generalitat a la comunidad de bienes, cuando el Principal acabó convirtiéndose en una entidad de participación pública mayoritaria, a través del 33% que asumía el Ayuntamiento y el 33% que tomó la administración autonómica. Desde ese momento, además, ambas administraciones también fueron las que aportaron la mayor parte los gastos necesarios para cubrir las necesidades de funcionamiento del teatro, con entregas anuales de 120.000 euros que han acabado incrementándose hasta los 180.000 euros actuales. 

Según la denuncia elevada a los juzgados que dio pie a las diligencias, esa sería la circunstancia que obligaría a que todas las contrataciones formalizadas desde finales de 2018 tuviesen que regirse por lo previsto en la Ley de Contratación del Sector Público, lo que exigiría que se produjesen licitaciones abiertas a la pública concurrencia para trabajos por importe superior a los 15.000 euros sin recurrir a los encargos directos que se habrían producido. Con todo, según fuentes consultadas, se trata de una apreciación no compartida por la vicesecretaría del Ayuntamiento de Alicante, en un informe aportado a las diligencias, en el que se abundaría en que, al constituir una comunidad de bienes, el Teatro no tendría que ceñirse a ese régimen de contratación. Al margen de ello, la misma subdirectora del Principal señaló durante su comparecencia en el juzgado que todas las contrataciones se realizaron al mejor precio, tras pedir varios presupuestos, y que, además, esos encargos no superaron la cuantía de los 15.000 euros.