La subdirectora del Principal de Alicante niega el 'troceo' en la contratación de servicios ante el juez

ALICANTE. Primera declaración en el juzgado en las diligencias seguidas por un supuesto fraccionamiento de contratos en la provisión de los servicios de azafatas y de montadores de escenarios en el Teatro Principal de Alicante. Ese primer testimonio corrió a cargo de su subdirectora y exconcejal de Cultura con el PP entre 2018 y 2019, María Dolores Padilla, investigada por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y fraude en la contratación, a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye la responsabilidad de la formalización de esos encargos de forma directa y separada, sin optar por un concurso global. Y, además, básicamente, siempre con la misma empresa o empresas vinculadas a una misma representante.

No obstante, en su comparecencia, Padilla defendió su gestión y vino a descartar las supuestas anomalías apuntadas por la Fiscalía al asegurar que todas las contrataciones fueron por un importe inferior a los 15.000 euros: el límite recogido en la Ley de Contratos del Sector Público para que resulte necesario la convocatoria de un concurso público. Además, explicó que cada espectáculo programado en el teatro requería unas prestaciones distintas que no podían conocerse con antelación. De ahí que se optase por encargos particulares adaptados a las necesidades de cada función. Con ello, habría tratado de descartar la existencia del posible fraude en la contratación que se le imputa.

Al tiempo, aseguró que esos contratos se formalizaron siempre con la empresa que ofertaba el precio más económico o el mejor precio, aunque, según fuentes consultadas, no llegó a precisar cuántos presupuestos o ofertas se sopesaban antes de tomar la decisión de contratar. Además, sostuvo que ella ejerce como subdirectora del teatro como trabajadora, con un contrato laboral indefinido, sin disponer de la condición de funcionaria o de cargo público.

Por último, añadió que toda su gestión quedaba bajo la supervisión de los órganos de gobierno de la comunidad de bienes propietaria del teatro, formada por el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat y la Fundación Banco Sabadell desde finales de 2018. En concreto, señaló que sus decisiones habrían quedando validadas al menos una vez al año sin que se presentasen objeciones tanto en las reuniones del consejo de gobierno como en las de la junta general, en la que también se integran concejales de los grupos de la oposición. Y apostilló que en ningún momento nadie le había indicado ni dado instrucciones para que se ajustase a la Ley de Contratación del Sector Público a la hora de procurar al teatro de asistentes o de montadores de escenarios.

Eso sí, Padilla únicamente respondió a las preguntas que le formuló su abogado, tras acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas que pudiesen haberle formulado tanto la Fiscalía como los letrados de los extrabajadores que presentaron la denuncia inicial, con la que se abrieron las diligencias. Por lo pronto, la ronda de declaraciones proseguirá el 15 y el 23 de julio con las comparecencias de testigos, entre los que figuran los denunciantes, la concejal de Cultura, Nayma Beldjilali, el director general de Cultura, Sergio Arlandis, y la secretaria de actas del Teatro Principal.