ALICANTE. La moratoria en la concesión de licencias para apartamentos turísticos que el equipo de Alicante, del Partido Popular (PP), pretende extender con el propósito de que también resulte de aplicación a los proyectos en edificio completo (bloques) comienza a tener consecuencias sobre el mercado inmobiliario antes de entrar en vigor. La medida pasó el primer filtro político este miércoles al obtener un dictamen favorable en comisión de Urbanismo y, previsiblemente, quedará ratificada en el pleno extraordinario convocado para este próximo martes. Ese acuerdo será el que permitirá que surta efecto desde el día siguiente de la fecha de su publicación en boletines oficiales hasta enero de 2027, cuando vence el plazo establecido para la suspensión de permisos.

Eso sí, todas las solicitudes que se hayan presentado con antelación seguirán siendo válidas y quedarán sujetas a evaluación por parte de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo (lo que no conlleva que vayan a obtener necesariamente una resolución positiva). Con todo, lo cierto es que el mero anuncio de la tramitación de esa congelación de permisos, anticipado hace dos semanas, ya ha dejado en suspenso varias operaciones de venta de inmuebles que se encontraban en su última fase de negociación, según confirmaron fuentes de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Alicante, Inmoadal, a consulta de Alicante Plaza.

Se trata de operaciones vinculadas al futuro desarrollo de bloques turísticos en ubicaciones céntricas para las que se había concertado transacciones por importes millonarios. Ahora, las ventas de esos inmuebles han quedado bloqueadas a la espera de mejor estudio o de una posible reformulación de planes por parte de los inversores interesados en su adquisición que pueda reorientar su destino hacia otras modalidades de alojamiento, como los hoteles, a los que no se incluye en la congelación de licencias.

Por lo pronto, esos dos primeros ejemplos concretos resultan sintomáticos respecto a lo que en el sector inmobiliario se teme como una tendencia creciente, lo que está generando preocupación tanto entre los profesionales, como entre los propietarios que planeaban desprenderse de inmuebles sin uso. "La moratoria ya está frenando operaciones, y todo parece indicar que va a seguir haciéndolo, porque la mayoría de los inversores no va a estar dispuesto a asumir el riesgo de comprar un edificio sin saber qué uso le va a poder dar en el futuro, dentro de dos años", apuntan las mismas fuentes, en alusión a la futura regulación zonificada a la que se pretende dar pie con la aplicación de la moratoria, con la determinación de índices de concentración por barrios.

En esta línea, se apunta que la moratoria también podría acabar provocando una previsible depreciación de los edificios, en los casos en los que sus propietarios se vean forzados a desprenderse necesariamente de ellos, sin margen para esperar a que se concrete la nueva regulación. "Aquellos activos que ahora pueden tener un precio mayor, al encajar en un modelo de bloque turístico, dejarán de ser tan atractivos" al quedar en el aire la posibilidad de que generen la rentabilidad suficiente como para recuperar el desembolso realizado por el comprador, añaden. 

Además, la moratoria a los bloques turísticos no garantizaría que los edificios preexistentes puedan ser rehabilitados o derribados para construir edificios residenciales de nueva planta, ya que, en principio, los índices de repercusión de costes no ofrecerían los márgenes necesarios para facilitar el impulso de ese tipo de iniciativas, con el riesgo de que esos inmuebles acaben permaneciendo inactivos por tiempo indefinido, según las mismas fuentes. 

Sujeta al recurso de la patronal

Por el momento, la extensión de esa moratoria a los bloques turísticos respecto al acuerdo inicial, aprobado el pasado enero solo para viviendas de uso turístico (VUT) aisladas, también quedará condicionada por el recurso contencioso-administrativo registrado por la patronal autonómica del sector, Aptur CV, que ya ha sido admitido a trámite a la espera de la interposición de la demanda, según fuentes de la asociación. Aptur CV persiste en sus críticas respecto a la integridad del acuerdo de suspensión de licencias al considerar que resulta desproporcionado, injustificado y discrecional. 

A esa primera impugnación, podría sumarse una iniciativa similar por parte de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), que también ha mostrado su oposición a la moratoria con una argumentación equivalente a la de Aptur CV, tras descartar la existencia de un problema de saturación y defender que los bloques turísticos no serían la causa de las dificultades de acceso a la vivienda. Esa es la posición que APHA ha tratado de trasladar a las formaciones políticas que cuentan con representación en el Ayuntamiento con el propósito de evitar que el acuerdo sumase los votos necesarios para su aprobación.

En principio, bastará con los votos del PP para que la medida quede validada este próximo martes. Los populares cuentan con 13 representantes, tras la dimisión del exconcejal de Hacienda, Toni Gallego, ya que la toma de posesión de su sustituto, Rafa Alemañ, no se espera hasta el pleno ordinario, el próximo día 31. Por su parte, el PSOE respaldó el acuerdo, aunque con la condición de que el equipo de gobierno accediese a celebrar una reunión en la que se aceptase la incorporación de sugerencias adicionales (todavía no detalladas) respecto a su planteamiento inicial. Ese contacto no se había producido hasta este jueves.

En todo caso, un escenario de cambio de posición del PSOE tampoco evitaría que el acuerdo prosperase, ya que tanto Vox como Compromís se decantaron por la abstención, y el único edil de Esquerra Unida Podem no debería participar en la sesión -como sucedió en el pleno ordinario de junio- al haberse acogido a un permiso por acogimiento familiar. Es más, tampoco un hipotético viraje de toda la oposición hacia un voto negativo impediría que el acuerdo saliese adelante, ya que Vox solo contará con tres votos, ante el segundo periodo de baja por paternidad todavía pendiente a la que también se ha acogido su portavoz adjunto, Mario Ortolá. De este modo, PSOE, Vox y Compromís sumarían 13 concejales, los mismos que el PP, lo que permitiría que el alcalde, Luis Barcala, hiciese uso de su voto de calidad para deshacer el empate.