ALICANTE. La Fiscalía de Medio Ambiente aboga por el cierre de la investigación sobre el funcionamiento del centro de tratamiento de residuos de Alicante, de titularidad municipal, con una solicitud de sobreseimiento que quedó registrada este martes ante el Juzgado de Instrucción número 7: el órgano en el que se instruían las diligencias sobre un supuesto delito ambiental, a partir de la denuncia presentada por la propia Fiscalía, el pasado mes de septiembre.

La petición se precipita a la vista de las conclusiones del informe pericial sobre la gestión de la planta y el análisis de las muestras tomadas en sus instalaciones que se había encomendado al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de València. Fuentes conocedoras del dictamen consultadas por este diario precisaron que ese dictamen apunta a la existencia de anomalías de carácter administrativo que se habrían detectado en las instalaciones de la planta, situadas en la partida de Fontcalent. Se trataría de circunstancias relacionadas la mejora del sistema de cierre de puertas para evitar la propagación de olores, o con el sistema de triaje y clasificación de desechos, entre otros puntos. 

Sin embargo, no se habrían detectado evidencias de un posible problema de contaminación, ni de filtraciones de sustancias tóxicas en el subsuelo que pudiesen ser constitutivas de un presunto delito contra el medio ambiente, según las mismas fuentes. De ahí que se haya planteado la petición de archivo, una vez descartada la existencia de pruebas en la que apoyar la continuidad de las indagaciones sobre la existencia de un posible delito. 

En todo caso, la decisión sobre la vigencia de las actuaciones queda todavía en manos de la titular del juzgado, quien deberá dictar resolución respecto a la solicitud de la Fiscalía con un auto de sobreseimiento o, en su caso, con un planteamiento alternativo en el que promueva la práctica de posibles pruebas nuevas. Por el momento, no habría trascendido la adopción de acuerdo en ninguno de los dos sentidos.

A instancias de la CAL

La investigación sobre el funcionamiento de la planta de residuos se inició a partir del escrito de denuncia registrado por la Coordinadora Alicante Limpia (CAL). La entidad constituida por activistas vecinales y ecologistas aportó, el pasado mes de marzo, un informe en el que se analizaba la gestión de los residuos a partir de los datos de las memorias anuales de funcionamiento de la planta, en el que se concluía que no se cumplía "la legislación vigente, especialmente la Ley 7/22, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y ley 5/22 de la Comunitat Valenciana".

Además, se incidía en que el sistema de gestión de residuos implantado en la ciudad, "basado en la contenerización generalizada", según la CAL, imposibilitaba que pudiesen cumplirse los objetivos marcados en esa legislación. La Fiscalía asumió esos informes y encargó un informe de inspección a la Guardia Civil, lo que condujo a la presentación de su denuncia en el juzgado. Acto seguido, se dio curso a la petición del informe pericial, cuya elaboración y entrega se ha demorado hasta este mes de mayo, toda vez que la labor del Instituto de Toxicología había quedado focalizada en la dana que asoló cerca de un centenar de municipios de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, según fuentes consultadas.

Cuando trascendió la apertura de diligencias, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a través de su vicealcalde y edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, defendió el funcionamiento de la planta, gestionada por UTE Alicante (FCC, PreZero, Cívica e Inusa) desde 2013, y descartó que se hubiese registrado una situación de saturación que hubiese propiciado su colapso. Es más, apuntó que la planta tendría todavía mayor capacidad de vertido de la fracción resto (la parte no reutilizable de los residuos) de no ser por la recepción de desechos procedentes de los municipios de la Vega Baja, que todavía no disponen de planta de tratamiento propia, una vez descartado el proyecto que se vio salpicado por el caso Brugal.

De igual modo, subrayó las inversiones que se estaban acometiendo para modernizar y mejorar sus instalaciones, a la espera de que pueda convocarse un nuevo concurso para renovar su explotación, que debe conllevar la ejecución de nuevas inversiones para optimizar su capacidad de tratamiento. Por lo pronto, esa licitación se espera entre finales de 2025 y principios de 2026, por lo que se aprobará una prórroga extraordinaria del contrato actual hasta que pueda contarse con un nuevo gestor.