ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), niega la mayor respecto a un supuesto funcionamiento irregular en el centro de tratamiento de residuos de Fontcalent, de titularidad municipal, y no encuentra causa justificada que pueda motivar la apertura de diligencias por un supuesto delito contra el medio ambiente, ni la presentación de una denuncia para su instrucción en los juzgados como la que ha registrado la Fiscalía. De hecho, la postura del PP es justo la contraria: que se está acometiendo proyectos de mejora de esas instalaciones por un montante global de 17 millones para mejorar su funcionamiento actual que, de algún modo, se vería lastrado por la recepción de residuos de los municipios de la Vega Baja.

Así lo ha defendido el vicealcalde y edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno, en la que ha sostenido que la operativa del centro de tratamiento no puede dar lugar a que se interprete que se está cometiendo ningún tipo de delito. En primer término, se ha referido a la capacidad para gestionar desechos de la que dispone la planta para negar una hipotética situación de colapso. "Desde el respeto a la actuación de la justicia, en este caso de la Fiscalía, que ya expresó el alcalde este lunes, y sin conocer más que la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación, no entendemos que pueda hablarse de la situación de saturación a la que parece que se alude, porque no se ha alcanzado el tope de capacidad de la planta", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que las instalaciones están dimensionadas para recibir y tratar 200.000 toneladas de residuos al año y "todavía tendríamos capacidad para albergar algunos miles de toneladas más". De hecho, ha señalado que esa capacidad sería todavía mayor en el supuesto de que la Conselleria de Transición Ecológica no hubiera impuesto que Alicante recibiese hasta 50.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios de la Vega Baja. "No es que no seamos solidarios; asumimos esa obligación como capital de la provincia que somos, pero que nadie se rasgue las vestiduras, porque si recibimos el volumen de residuos que recibimos es porque la conselleria, bajo la gestión del Botànic y de Compromís, obligó a que abriésemos la puerta a la basura de esa comarca", ha apuntado.

"Por lo que sabemos, esa denuncia se ha presentado a la espera de recibir informes, que se han solicitado, cuando nosotros contabilizamos hasta la última tonelada que entra en la planta e incluso los datos están colgados en la web municipal", ha añadido. Es más, ha sostenido que Alicante genera entre 140.000 y 150.000 toneladas anuales, así que, según ha recalcado, "entre una cuarta y una quinta parte de lo que entra es basura de la Vega Baja", ha explicado. "Entra aquí porque el Botànic nos obligó a recepcionarlo; quien nos dijo la cantidad de basura que teníamos que admitir de esa comarca, fue conselleria, y nos tuvimos que plantar, porque querían traer más de la cantidad que estimamos oportuno", ha abundado.

Modernización de las instalaciones

En segundo término, Villar ha incidido en defender las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno para modernizar las instalaciones de Fontcalent. "Parece que a la empresa gestora y al ayuntamiento se nos señale como presuntos delincuentes, cuando entre este año y 2025, estamos impulsando actuaciones por valor de 17 millones en la mejora de maquinaria". Así, ha detallado que se prevé ejecutar el acondicionamiento de la celda de vertido número 4; la clausura de las celdas 1, 2 y 3; la desgasificación de la celda 4, como ya se habría actuado en el caso de las celdas restantes, y que también se está trabajando en el proyecto de sellado de la celda 4, para lo que se necesita la compra de maquinaria. 

Además, ha precisado que también se está mejorando las instalaciones con la implantación de un bypass para conectar los dos trómeles adquiridos desde 2023 y que se prevé implantar una nueva línea de tratamiento de residuos orgánicos. A ello se añade la concesión de una subvención de 4,7 millones por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, por el 100% de la solicitud planteada, para implantar mejoras en la separación de voluminosos, según ha explicado. De igual modo, ha sostenido que esas actuaciones se están ejecutando ahora, con fondos propios (al margen de la subvención autonómica) ante la imposibilidad de repercutir su ejecución al nuevo adjudicatario de la explotación de la planta, ya que fue Transición Ecológica quien rechazó el proyecto de gestión requerido como paso previo para lanzar ese nuevo concurso, "después de tener metido ese proyecto de gestión año y medio en el cajón".

Por todo ello, ha asegurado que "estamos convencidísimos de que no hemos cometido ningún delito medioambiental", tampoco en lo que respecta a posibles filtraciones de lixiviados en el subsuelo. "La planta cuenta con una piscina de recogida de lixiviados y otra de aguas residuales; la gestión que se hace es correcta y con el nuevo proyecto de gestión y las inversiones, será mejor", ha recalcado. En esta línea, ha incidido en que se está trabajando en la redacción del pliego de la nueva contrata con varios trabajos de ingeniería previos con la intención de poder convocar el nuevo concurso sobre la explotación de las instalaciones, como informó este diario.