ALICANTE. El control al ruido seguirá sujeto a la discusión en los juzgados en Alicante. Las limitaciones a la actividad del ocio y la hostelería que el equipo de gobierno pretende implantar mediante la instauración de dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) en el Centro Tradicional y el Casco Histórico quedan abocadas a la impugnación en sede judicial ya anticipada por los empresarios del sector, agrupados en un germen de plataforma de afectados, según anticipó este mismo martes el portavoz de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), Javier Galdeano. Esa incipiente plataforma prevé celebrar una próxima asamblea entre finales de esta semana y principios de la próxima para acordar qué tipo de acciones legales concretas se pretende ejercitar, entre las que se baraja la interposición de un recurso contencioso administrativo o incluso la opción de explorar la vía penal, según el propio Galdeano. Con ello, se pretende combatir una regulación que se considera desproporcionada y arbitraria en la medida en que, en opinión del colectivo, no se habría justificado el ámbito de aplicación específico sobre el que se pretende extender: un perímetro de calles concretas, dejando al margen otras que se encuentran a solo unos metros de distancia, según argumentan.
"No tiene sentido que esas restricciones se apliquen en una calle, pero no en la contigua; y tampoco lo tiene que se aplique en dos zonas concretas y no en otras en las que se permite el funcionamiento de locales que incluso carecen de licencia", añadió Galdeano, en alusión de otros ámbitos urbanos como el de Playa de San Juan, en los que también se vienen registrando denuncias vecinales respecto al funcionamiento de determinados locales de ocio, especialmente durante la temporada estival.
Sea como fuere, a ese primer elemento de impugnación, se sumaría otra circunstancia adicional: la supuesta invalidez de las mediciones en las que, según el equipo de gobierno, se sustenta la implantación de esas dos ZAS. Esos estudios encargados por el Ayuntamiento, según Galdeano, ya no permitirían sustentar ninguna limitación ni restricción para los establecimientos, puesto que "debería promoverse una nueva evaluación después de que se haya acordado el recorte de horario de los veladores" que se comenzó a aplicar el pasado 8 de enero, con la entrada en vigor de la actualización de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. De hecho, los empresarios del ocio anticiparon su intención de impugnar, también, los artículos más lesivos de esa nueva normativa, al interpretar que daba pie a la instauración de una ZAS encubierta para el conjunto de locales hosteleros de toda la ciudad. Sin embargo, finalmente optaron por allanarse a la regulación con el objetivo, precisamente, de concentrar todos los esfuerzos en el combate jurídico frente a las ZAS propiamente dichas.
Por lo pronto, el registro de esas acciones legales que ahora sí se prevé ejercer se acompañará, como era previsible, de la solicitud de medidas cautelares con el propósito de que no lleguen a ser de aplicación ninguna de las restricciones previstas en esas propuestas de ZAS. Con ello, se aspiraría a que no surtan efecto hasta que se dirima el fondo del asunto, con una resolución judicial firme que podría demorarse varios años en el supuesto de que el litigio se acabe elevando hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Es decir, justo lo que ha sucedido con la sentencia de primera instancia favorable a los residentes del Centro Tradicional, en la que se conminaba al Ayuntamiento a acordar una ZAS en el ámbito de la calle Castaños, que ahora sigue pendiente del dictado de sentencia por parte del alto tribunal autonómico, después de que tanto la administración local como los empresarios del sector recurriesen en apelación.
En todo caso, Galdeano lamentó "el daño que el mero anuncio de las ZAS puede acabar ocasionando" sobre el conjunto de los establecimientos situados en su ámbito de influencia, toda vez que, en su opinión, "eso ya va a generar un efecto disuasorio que hará que los clientes se vayan a otras zonas". "¿Quién va a responder o a reparar ese perjuicio?", se cuestionó.
No solución definitiva
Lo cierto es que el acuerdo de aprobación de esas ZAS en Junta de Gobierno, con aplicación demorada en dos tiempos (en principio, solo tendrá eficacia automática la suspensión a la concesión de licencias hasta que se diriman las alegaciones que puedan presentarse al conjunto de restricciones), no llegó a satisfacer tampoco las expectativas de los residentes de los dos barrios que vienen reivindicando medidas para erradicar el problema desde hace años. En esta línea, portavoces de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional apuntaron que "no aceptaremos una ZAS light" en la que se permita el funcionamiento de las discotecas hasta las 3:00 horas de la madrugada y en la que, además, solo se contemple la suspensión de nuevas licencias. "Eso no soluciona el problema: es una medida que puede ser positiva para las zonas en las que no exista saturación, pero aquí el ruido lo vamos a seguir teniendo si no se toman medidas adicionales que racionalicen la actividad del ocio", añadieron.
Así, reclamaron un control real sobre las licencias concedidas, "porque aquí tenemos pubs que funcionan como auténticas discotecas durante los siete días de la semana", añadieron. "Nos parece bien que se comience a hablar en términos de una ZAS, porque el Centro Tradicional cumple de sobra las condiciones para que se acuerden medidas de control, pero nos tememos que esto pueda ser una medida con la que se trate de prevenir una posible ejecución de sentencia en función de lo que pueda acabar acordando el TSJ", recalcaron.
En parecidos términos se pronunciaron los representantes de la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil, que agrupa a los residentes del Casco Antiguo. "Recibimos con satisfacción que desde la administración se tomen medidas encaminadas a resolver el conflicto", señaló su portavoz, Joaquín Gangoso. "Es algo tan sencillo como que se cumpla la normativa tras tantos años de atropello a nuestros derecho a descansar con normalidad, de reclamar los derechos olvidados desde hace tanto tiempo con innumerables evidencias. La toma de medidas actuales, como es la reducción de horarios y veladores en horario nocturno, hace que nuestra ciudad vaya en la dirección de defensa de los derechos de todos sus ciudadanos. El beneficio lucrativo del ocio nocturno no puede atentar contra el descanso de los que vivimos o nos visitan", recalcó.
- Una de las protestas vecinales contra el ruido en Alicante. -
- Foto: AP
No obstante, añadió que las limitaciones recogidas en las ZAS tampoco permitirían dar el problema por zanjado hasta el punto de anticipar la presentación de alegaciones durante la fase de exposición al público. "Estas medidas son el primer paso necesario para seguir avanzando en una ciudad de sector servicios, pero respetuosa con las normativas y el sentido común. Aunque haremos alguna alegación, agradecemos a todos los que han colaborado en que finalmente se pongan en práctica estas medidas, desde el actual equipo del gobierno, los técnicos de la administración municipal y los partidos de la oposicion que han sido sensibles a nuestra problemática. Aunque nos haya costado años de luchas, reivindicaciones y noches sin dormir, por fin parece que está mas cerca que esta ruidosa realidad actual cambie a un descanso nocturno", apostilló.
Rechazo político
Por si fuera poco, las medidas recogidas en las propuestas de implantación de las dos ZAS tampoco habrían colmado las expectativas de los representantes de los grupos que ejercen funciones de oposición. De hecho, la mayor parte de ellos también anunciaron este martes el registro de alegaciones con el fin de modular su alcance. Eso sí, no en la misma dirección: la izquierda aboga por incorporar restricciones adicionales, mientras que Vox anticipó incluso la posibilidad de promover su impugnación para que no lleguen a implantarse.
Por partes. En primer lugar, el edil del PSOE, Raúl Ruiz, manifestó su conformidad con que "por fin, el gobierno del PP se haya decidido a aprobar la regulación que permitirá a los vecinos y vecinas disponer de una normativa que vele por su descanso y, por tanto, por su salud. Nos alegramos por los vecinos, pero reprochamos a Barcala la tardanza en la aprobación porque era una cuestión en la que estábamos de acuerdo los dos principales grupos políticos. No obstante, no se entiende que el gobierno del PP asegure que se están haciendo mediciones continuas de los niveles de ruido y, sin embargo, se utilicen como referencia las efectuadas hace dos años para impulsar esta ordenanza", señaló. En esta línea, alertó de que el Ayuntamiento "sigue sin cumplir la norma puesto que los dispositivos de medición que se utilizan no son los que marca la ley. Además, es una vergüenza que las mediciones se hayan hecho en el Centro Tradicional entre marzo y mayo de 2022, y en el Casco Antiguo en noviembre de 2023".
Por otro lado, Ruiz subrayó que "existen contradicciones con la ordenanza de veladores en cuanto a ocupación de dominio público". Así, señaló que, por las mañanas, la ordenanza de veladores establece que la apertura de terrazas se hará las 9:00 AM, mientras que la normativa de la ZAS indica a las 8:00 AM, es decir, que se abrirá antes a pesar de que debería de ser una zona más restrictiva durante el horario de verano. Por tanto, es más beneficiosa la regulación de la ZAS que la propia ordenanza de veladores", advirtió.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, consideró que la aplicación de las ZAS "es consecuencia directa del estado de gradación total que sufren ambas zonas por culpa del abandono de los distintos gobiernos de Barcala, produciendo una vulneración directa de los derechos fundamentales de los vecinos e inseguridad jurídica empresas". No obstante, avanzó que la intención de la coalición valencianista es presentar alegaciones, después de mantener encuentros con los vecinos de los dos barrios para recoger sus sugerencias. Es más, Compromís abogó por convocar "la Mesa del Ruido para escuchar a los vecinos y a las partes afectadas por estas medidas antes de su aprobación con la intención de mejorar el texto". Y planteó que "tansformar la Mesa del Ruido en una mesa de trabajo para analizar mes a mes el grado de aplicación y la consecuencia" de forma que se instaure una "ZAS flexible", según fuentes de la coalición.
Además, Compromís instó a "analizar el mapa de aplicación, horarios y la justificación" para que se determine "por qué se aplica en unas calles y otras no"; conminó a revisar "todas las licencias de los negocios y sus actividades" durante este mes; planteó un "plan de choque para reconvertir la actividad económica, minimizar los costes económicos y generar empleo" y, por último, sugirió "buscar con el sector del ocio alternativas de ocio respetuoso en otras zonas".
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, coincidió con los vecinos al considerar que "el problema es el control real sobre las licencias concedidas. Ante los problemas del ruido en nuestra ciudad se debe de hacer un trabajo político más proactivo de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Los vecinos llevan demasiados años aguantando una situación que es insostenible y que ha supuesto la marcha de muchos de ellos otras zonas de la ciudad. Pero es que además de los vecinos, también hay otros empresarios que empiezan a estar saturados por las quejas de la gente que viene a visitarnos y que tampoco encuentra descanso. Abogamos por el descanso pero sobre todo abogamos por el diálogo y la búsqueda de consensos que este equipo de gobierno descarta sistemáticamente", apuntó.
Por último, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, mostró el rechazo de su partido a la propuesta promovida por el equipo de gobierno al considerarla una "malísima noticia para Alicante y para los empresarios". "Nos parece arbitraria, en la medida en que no se justifica por qué sí unas calles y otras no", añadió, hasta el punto de plantear el estudio de una posible "impugnación", al margen de que se pretenden alegaciones. Es más, consideró que las medidas previstas en las dos ZAS son "una tomadura de pelo" en la medida en que se habla del refuerzo de "presencia poícial" y de la "inspección administrativa" cuando, según aseguró, "llevamos un mandato y medio pidiéndolo desde Vox y también los hosteleros, y no se les ha hecho caso". "Queremos saber por qué no se han implantado esas medidas, porque podríamos haber evitado la declaración de las ZAS", insistió, tras considerar que la aplicación de las dos ZAS "nos parece un parche, una bajada de pantalones ante la izquierda populista". De hecho, añadió que, si finalmente el acuerdo de implantación tuviese que someterse a aprobación en pleno (el equipo de gobierno sostiene que no resulta necesario), Vox votaría en contra. "Es una salvajada; no solo con la ordenanza de terrazas, ahora con la ZAS, van a conseguir cerrar los negocios, al margen de si tienen sistemas de insonorización", abundó. "Van a mandar gente al paro y van a tener qué explicar cuántas familias se van a ver perjudicadas, particularmente jóvenes sin trabajo; no hay explicación posible, y nos parece arbitrario y populista", concluyó.
