ALICANTE. Fin a la tregua navideña para la hostelería de Alicante. La nueva regulación de horarios de las terrazas, incorporada a través de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública, entra en vigor este mismo miércoles, 8 de enero, lo que conlleva la implantación del adelanto en el cese de actividad y retirada de mobiliario de los veladores de los negocios hosteleros instalados en toda la ciudad.
Con esa nueva disposición, aprobada de forma definitiva el pasado noviembre, restaurantes, bares y locales de ocio que dispongan de terraza exterior deberán retirarlas a las doce de la noche entre domingo y jueves, y a la 1:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. O lo que es lo mismo: la nueva normativa supone un recorte de una hora en días entre semana respecto al régimen precedente y de cerca una hora y media los viernes y sábados.
Todo, eso sí, con la salvedad del periodo estival, en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, cuando los horarios se amplían hasta la 1:00 horas de domingo a jueves, y hasta la 1:30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. Es decir, también una hora y media de adelanto respecto el horario autorizado hasta ahora para los siete días de la semana.
De ahí que la nueva regulación haya suscitado el rechazo del conjunto de los empresarios del sector, agrupados en torno a tres asociaciones principales: la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Alicante (APEHA), la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) y la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa). Sus respectivos representantes han venido manifestando que la aplicación de ese adelanto supondrá un perjuicio económico para sus asociados, al reducirse su periodo de actividad y volumen de facturación, además de la queja de los clientes, con el consiguiente impacto en la imagen turística de la ciudad que podría lastrar el rédito del reconocimiento que ha supuesto la elección de Alicante como capital de la gastronomía en 2025.
Así que, al margen de manifestar su malestar con el nuevo régimen horario en varias entrevistas de trabajo celebradas hasta ahora con representantes del equipo de gobierno, el rechazo de los empresarios hosteleros a la nueva regulación va camino de sustanciarse en el inicio de acciones legales para forzar una resolución judicial que pueda tumbar los cambios introducidos con la actualización de la ordenanza.
Al menos, esa es la decisión adoptada por los empresarios agrupados en Alroa, que prevé registrar el preceptivo anuncio de interposición de recurso contencioso-administrativo contra los artículos concretos en los que se fijan los nuevos horarios antes del próximo 28 de enero (último día de plazo para hacerlo), según confirmó el presidente de la asociación, Javier Galdeano, este martes. A ello se añadiría, incluso, la posibilidad de que se iniciasen acciones legales en la jurisdicción penal por la comisión de un supuesto delito de prevaricación, según anticipó Galdeano. En ese caso, se optaría por desistir de la vía del contencioso, según las mismas fuentes.
"Ese recorte horario supone la implantación de limitaciones similares a las de una Zona Acústica Saturada (ZAS) que será de aplicación a toda la ciudad", apuntó. "La gente todavía no se ha dado cuenta del efecto que puede tener el adelanto del cierre en una ciudad como Alicante, que vive en la calle", apuntó, por lo que auguró que el rechazo de empresarios y clientes se intensificará en los próximos días, en cuanto el cambio comience a percibirse.
Por su parte, la presidenta de ARA, Gabriela Córdoba, también insistió en su oposición al recorte horario con argumentos similares, hasta el punto de considerar contradictorio que "se reduzca el funcionamiento de los negocios hosteleros con la oportunidad que representa el reconocimiento de Alicante como capital de la gastronomía". En este sentido, añadió que el objetivo de ARA es evaluar el efecto que puede llegar a tener la aplicación de los cambios para estudiar posibles medidas posteriores, entre las que garantizó la solicitud de una rectificación para que "la situación pueda revertirse lo antes posible". "Esperamos que el equipo de gobierno recapacite", recalcó.
Sea como fuere, lo cierto es que la implantación del nuevo régimen horario para las terrazas del conjunto de la ciudad ha acabado adelantándose a la aprobación de las dos ZAS comprometidas por el equipo de gobierno tanto para el entorno de la calle Castaños, en el Centro Tradicional, como en los alrededores de la Plaza de Quijano, en el Casco Antiguo. Su implementación se había anunciado para antes del verano de 2024, después de que se conociese la sentencia favorable a los vecinos del Centro Tradicional en la que se conminaba a declarar una ZAS ajustada al eje de la calle Castaños.
No obstante, la batería de medidas que se contemplaban mediante la aplicación de esas dos ZAS han acabado posponiéndose sin llegar a aplicarse hasta ahora. El vicealcalde, edil de Medio Ambiente y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, apuntó este martes -en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local- que la aprobación de esas dos ZAS era "inminente", aunque no llegó a avanzar fechas concretas ni aportar ninguna justificación adicional (al margen de la falta de informes de varias concejalías) sobre los motivos de los sucesivos retrasos respecto a los plazos que se han venido anticipando hasta ahora.
En todo caso, la aplicación del recorte horario de las terrazas hosteleras tampoco va a conllevar la puesta en marcha de ningún operativo de vigilancia especial a cargo de la Policía Local que vele por el cumplimiento de la nueva normativa. De hecho, el mismo Villar precisó también este martes que no se ha organizado ningún refuerzo ni operativo específico para la ocasión, después de que se haya considerado que resulta suficiente con la labor de comprobaciones ordinaria que se desarrolla de forma habitual.
Ahora bien, esa decisión no conllevaría que no vaya a realizarse un seguimiento de la entrada en vigor del nuevo régimen de horarios de actividad de las terrazas, ni que se vaya a renunciar a acordar posibles penalizaciones o sanciones en caso de incumplimiento por parte de los hosteleros.