ALICANTE. El despiece, traslado y reconstrucción del monumento de Torre Placia gana tiempo, después de más de 20 años de espera que han permitido despejar su ejecución. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), ha acordado este martes en la reunión semanal de la Junta Local la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos por un tiempo de ocho meses más a la vista del retraso en el que se acabó dando inicio a la ejecución del contrato, toda vez que, el pasado mes de julio, quedó demorado hasta que se dispuso de la renovación del permiso arqueológico que debía conceder la Conselleria de Cultura. Esa autorización -de la que ya se disponía, pero había vencido con motivo de la actualización del importe del contrato, una vez conseguido el aval definitivo del Ministerio de Cultura- acabó concediéndose en septiembre. De ahí que no fuese hasta entonces cuando se pudiese dar inicio a los trabajos previos de limpieza y desbroce de la parcela original, y la identificación y numeración del conjunto de componentes de la edificación. De hecho, la empresa especializada en la restauración de patrimonio a la que se le encomendó la reubicación de la torre, Estudio Métodos de la Restauraicón, no pudo abordar el despiece propiamente dicho hasta el pasado mes de diciembre.

Así se hace constar, de hecho, en el informe técnico por el que se avala la extensión de la duración del contrato, en la medida en que se precisa que "la empresa EMR no pudo iniciar las obras el pasado 8 de julio de 2024, y se tuvo que posponer el inicio hasta el 23 de septiembre de 2024, debido a la falta del permiso de intervención arqueológica emitido por la dirección general de patrimonio cultural de la Generalitat Valenciana. Esto supuso un retraso de 78 días naturales", detalla el acuerdo.

A esa primera circunstancia, se añadiría la constatación de que los trabajos de desmontaje del monumento -que forma parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta- revisten mayor complejidad de la esperada a la vista de la necesidad de apuntalar su estructura interna y garantizar la conservación de todos sus materiales. Eso habría generado otro retraso adicional de 65 días, a los que se sumarían otros 11 en los que la tarea tuvo que quedar suspendida como consecuencia de episodios de precipitaciones. Por último, entre los motivos esgrimidos para la extensión de ese plazo adicional para la ejecución del traslado se sumaría el efecto que habría tenido la Dana registrada en la provincia de Valencia tanto para la movilidad de los trabajadores de la empresa como por lo que respecta a la disponibilidad de materiales necesarios para el desarrollo de las obras.

Completado en septiembre

Así, los informes técnicos consideran justificada la solicitud de ampliación del plazo para el cumplimiento del contrato al concurrir circunstancias "no imputables" al contratista, por lo que se procede extender el plazo de la duración de los trabajos en 176 días: ocho meses. Con ello, el monumento de Torre Placia debería quedar reubicado en su nuevo emplazamiento -una parcela de titularidad municipal que tiene la consideración de zona verde situada entre la calle Juana Francés y la avenida Conrado Albadalejo- debería quedar completado el 25 de septiembre como fecha máxima. Para entonces, quedará materializado el mandato judicial acordado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el año 2004, por la que se anulaba la licencia concedida para la construcción de un residencial que invadía parte del perímetro de protección del BIC y se conminaba a ejecutar el derribo de parte de las viviendas edificadas en ese ámbito.

El Ayuntamiento de Alicante planteó entonces una fórmula de ejecución de sentencia alternativa que consistía, precisamente, en el desplazamiento del edificio en otra ubicación en la que pudiese conservarse en su integridad y en la que se respetase su funcionalidad histórica: su uso como torre de vigilancia defensiva, conectada con otras torres de la huerta que también forman parte del mismo BIC. El TSJ admitió esa propuesta, lo que llevó al Ayuntamiento a negociar la compra del inmueble y a tramitar la disposición de permiso del Ministerio de Cultura. A partir de ahí, se pudo contratar la ejecución de los trabajos, cuyo coste ha acabado elevándose hasta los 1,7 millones tras su última actualización.