ALICANTE. El Gobierno central se decanta por la prudencia sin tomar posiciones definitivas en relación con el proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para la instalación de una planta de almacenaje de carburantes con seis depósitos en la terminal de mercancías del Puerto. Es más, deja la gestión del futuro de esa propuesta en manos de la propia Autoridad Portuaria, según hace constar en una respuesta facilitada a una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso por el diputado de Sumar por Alicante, Txema Guijarro.

En concreto, la contestación facilitada por el Ejecutivo central se limita a referirse al programa FuelEU puesto en marcha para propiciar la descarbonización del conjunto de los puertos del sistema portuario de interés general, en el que también quedaría alienado el Puerto de Alicante. Y, acto seguido, añade que las directrices que se estarían desplegando por parte de la Autoridad Portuaria se encaminarían en esa dirección con el propósito de lograr un "puerto inteligente, verde, innovador, interconectado, con objeto de obtener la máxima competitividad y productividad", en línea con el discurso que el presidente del Puerto, Luis Rodríguez, anticipó en el acto de su toma de posesión del cargo.

La pregunta registrada por Guijarro instaba al Gobierno a precisar "qué posición oficial defiende la Autoridad Portuaria como organismo público del Estado con relación al proyecto de construcción y explotación de la instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles en los muelles 19 y 21 del puerto de Alicante" y a concretar si la Autoridad Portuaria está "realizando gestiones para la revisión de oficio del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, tal y como han solicitado las entidades adheridas a la Plataforma por un Puerto Sostenible". Al tiempo, instaba a informar sobre "qué otras medidas de carácter legal tiene previstas la Autoridad Portuaria para la paralización del proyecto" y sobre si la Autoridad Portuaria había abierto "alguna vía de diálogo o negociación con la empresa responsable del proyecto" que condujese al desestimiento de su desarrollo en el emplazamiento propuesto.

No obstante, la respuesta parlamentaria, con fecha de este lunes, no aporta detalles adicionales a los ya conocidos, en la medida en que se remite a las manifestaciones oficiales facilitadas hasta ahora por la propia Autoridad Portuaria. En este sentido, esa contestación apunta que, "según informa la propia Autoridad Portuaria, se están analizando el expediente" por el que, en 2019, se aprobó la modificación puntual de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para explotar la terminal de mercancías, así como "la documentación correspondiente". Al margen de ello, solo se añade que "se ha informado a la plataforma y asociaciones interesadas por este asunto" sin aportar ningún dato sobre cuál podrían ser las alternativas a su alcance, en el supuesto de que se tratase de evitar la instalación de esos silos de combustible.

Pendiente de licencia y del TC

Entre tanto, el futuro del proyecto queda todavía pendiente de la concesión efectiva de la licencia ambiental solicitada por la empresa, que queda reconocida en sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) desde el pasado mes de abril, al concluir que la compañía debía disponer de dicho permiso por silencio administrativo positivo. No obstante, esa resolución todavía queda sujeta al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) anunciado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), después de que el TS inadmitiese su recurso de casación frente a la sentencia del TSJ, y de que el propio alto tribunal autonómico rechazase la solicitud de nulidad de sentencia registrada por el Ayuntamiento. 

A esa vía, se suma el recurso contencioso administrativo presentado por el colectivo Ecologistas en Acción frente al acuerdo de modificación de la concesión que ampara la instalación de los depósitos en el Puerto, así como frente a la falta de respuesta por parte de la Autoridad Portuaria a la solicitud de revisión de oficio de ese expediente planteada por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS). En esa petición, la plataforma consideraba que el permiso debía revocarse tras argumentar que XC Business carecía de la solvencia técnica y económica necesaria para ejecutar el proyecto planteado, entre otros puntos.