ALICANTE. El incumplimiento de la regla de gasto constatado en el informe de liquidación del presupuesto de 2024 ha empujado al equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), a una encrucijada en la que, una vez más, se ve obligado a buscar respaldos políticos externos para que sus iniciativas puedan prosperar por mayoría en el salón de plenos. Esta vez, el reto es la aprobación del Plan Económico Fiscal (PEF) -lo que se conoce coloquialmente como un plan de ajuste- al que queda abocado por haber excedido en 29,9 millones el techo de desembolso establecido para el pasado ejercicio presupuestario. Y lo cierto es que la busqueda de apoyos no va a ser fácil en la medida en que los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- han exigido como condición la dimisión voluntaria o la destitución forzosa del edil de Hacienda, Toni Gallego, a quien responsabilizan de la infracción de esa regla económica. 

Fuentes del ejecutivo local consultadas continúan sosteniendo que la superación de ese límite no supone un contratiempo real, siempre que se cumpla -como sucede en la actualidad- con los dos otros requisitos delimitados por el Gobierno: el equilibrio presupuestario y un nivel de endeudamiento controlado. Es más, se argumenta que, en cierto modo, haber rebasado ese tope supone una ventaja que, según se aduce, se habría buscado de forma consciente para ganar margen de maniobra en ese mismo parámetro para el año en curso. Es decir, que se contará con 29,9 millones más para gastar (lo que supone un total de 347 millones) en cuanto se cierre el ejercicio económico de 2025 que, de lo contrario, habrían acabado engrosando la disponibilidad de remanentes (ahorros generados por las cantidades presupuestadas, pero no dispuestas al cierre del año). O lo que es lo mismo, con la inmovilización de esos recursos, toda vez que el Ejecutivo central solo permite disponer de esos fondos para cancelar deuda, al no haberse habilitado la posibilidad de promover las llamadas inversiones financieramente sostenibles (obras sin gastos adicionales) como sí ha sucedido en ejercicios precedentes. 

De esa supuesta planificación para contar con un margen de gasto superior se habrían desviado, eso sí, los 11,9 millones computados de forma íntegra en el presupuesto de 2024 para la adquisición de los nuevos autobuses del servicio de transporte público urbano, que el PP pretendía que pudiesen aplicarse a lo largo de los diez años de duración de la contrata. En todo caso, fuentes populares mantienen que su imputación total sobre las cuentas de 2024 seguiría siendo un elemento positivo, en la medida en que el nuevo margen de gasto será mayor, hasta situarse en los 347 millones ya citados.

El problema derivaría, no obstante, de la necesidad de aprobar el plan de ajuste, para lo que no se contaría con las facilidades habituales que suele procurar el grupo municipal de Vox: el aliado preferente con el que el PP ha venido contando desde el principio de este mandato. El hecho de que el PP aprobase en Junta de Gobierno hace diez días una propuesta de plan de ajuste en el que se veta la posibilidad de aplicar nuevas rebajas fiscales llevó a los voxistas a anticipar su rechazo con el argumento de que los populares habían roto de forma unilateral el pacto presupuestario alcanzado el pasado diciembre, en el que se incluía el compromiso de promover la rebaja del IBI entre los años 2026 y 2028.

A partir de ahí, su postura contraria se ha ido reforzando sin que la promesa de revisión del plan de ajuste planteada por el PP haya promovido una reconsideración de su posición de voto hasta el punto de plantear un listado con una veintena de exigencias como requisito indispensable para facilitar la aprobación del plan de ajuste. La relación de peticiones ya es conocida: además del relevo de Gallego, se incluye la supresión de los patronatos de Vivienda y de Educación Infantil; la corrección de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública; la revisión de las Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) del Centro y del Casco Antiguo; la eliminación de las zonas de enterramiento para musulmanes habilitadas en el cementerio municipal; el registro de una solicitud dirigida a la Generalitat, en forma de declaración institucional, por la que se plantee el cierre de los centros de menores no acompañados (menas) de la ciudad de Alicante; la eliminación de los actos municipales de apoyo al movimiento LGTBI, 8M y la reformulación de los actos del 25N para la condena de todo tipo de violencia doméstica e intrafamiliar, entre otros puntos. Todo, al margen de que se recupere de forma explícita el compromiso de reducción del IBI en las condiciones incluidas en su acuerdo presupuestario.

Los populares no han llegado a valorar esa relación de medidas. Se han limitado a reiterar su apuesta por la negociación, con Vox como primera opción, ante la voluntad de cumplir el pacto bilateral alcanzado sobre las cuentas de 2025. De hecho, se han sucedido al menos dos encuentros -los pasados jueves y viernes- en los que se les ha trasladado que la revisión del plan de ajuste que se pretende introducir como enmienda -o como modificación del acuerdo inicial a aprobar en Junta de Gobierno- contemplaría la reducción del IBI que reivindican los del partido de Santiago Abascal sobre la base del incremento de ingresos que se prevé alcanzar con la actualización de otras tasas e impuestos municipales pendientes de revisión. Pero esas promesas siguen sin convencer a Vox, con los que, hasta este martes, no ha habido más acercamientos. 

De ahí que, este miércoles, el PP pretenda explorar la vía del PSOE como posible alternativa, después de que su portavoz, Ana Barceló, ofreciese la abstención de su partido siempre que el PP ignorase las pretensiones de Vox en un ejercicio de "responsabilidad". Todas salvo una: el relevo de Gallego como concejal de Hacienda. Se trataría, igualmente, de un requisito irrenunciable, según apuntó la misma Barceló este martes. Con todo, tras ser citada por el PP, apuntó que su intención era acudir al encuentro con la intención de escuchar qué era lo que se les pretendía plantear. Así que, por el momento, la posibilidad de un acuerdo PP-PSOE seguiría abierta. De fraguar, sería la primera ocasión en la que se produjese ese entendimiento entre los dos partidos mayoritarios en la corporación, que el PP sí ha buscado con otras formaciones de la oposición en este mandato. Lo hizo con Compromís para aprobar la ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Y lo intentó con Esquerra Unida Podem respecto al incremento de la tasa de residuos.

Ofrecimiento de Compromís y EU Podem

De hecho, estas dos últimas formaciones también se mostraron abiertas este martes a alcanzar un acuerdo con el PP respecto al plan de ajuste, con un planteamiento que incluiría sus propias condiciones, "sin optar por un cheque en blanco como el que ha planteado el PSOE", según sostuvo el portavoz de Compromís, Rafa Mas. Esas peticiones consistirían fundamentalmente en la aplicación de una fiscalidad municipal progresiva, en el recorte del gasto en directores generales y asesores, y en la búsqueda de fondos europeos para financiar inversiones en los barrios. No obstante, también añadirían otro requisito adicional: la renuncia o cese de Gallego.

Está por ver si el PP acaba accediendo a conceder esa petición, aunque parece improbable, toda vez que se interpretaría como una cesión que trasladaría una imagen de debilidad ante la opinión pública. Con todo, lo cierto es que el equipo de gobierno ha admitido el error de no haber dialogado previamente con Vox respecto al contenido del plan de ajuste. Y también lo es que no se ha producido una manifestación de respaldo público sobre la gestión de Gallego: una de las incorporaciones más destacadas incluidas en la candidatura con la que el PP concurrió a las municipales de 2023. De hecho, la decisión sobre su relevo también podría interpretarse como el reconocimiento de que esa apuesta pudo no ser acertada. De ahí que se haya decidido explorar todas las opciones alternativas que siguen sobre la mesa.

En todo caso, ¿qué pasos quedan por cubrir respecto al plan de ajuste? Por el momento, no se ha acabado de despejar si la intención del equipo de gobierno es elevar su aprobación al pleno de junio. En caso contrario, debería presentarlo en la sesión de julio. Sea como fuere, fuentes consultadas rebajaron la presión respecto a un hipotético rechazo a la propuesta que se formule al apuntar que no tendría ninguna consecuencia real a corto plazo. Sencillamente, se seguiría tramitando el expediente del plan de ajuste para darle traslado al Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura de Comptes con el propósito de que lo validasen o, en su defecto, solicitasen la introducción de modificaciones, aunque lo deseable -según se admite- sería que la propuesta sí contase con el respaldo mayoritario del pleno. Eso sí, según las mismas fuentes, no se contempla el escenario de una posible intervención del Ayuntamiento que sometiese su contabilidad al control del ministerio, como sí sucedería en el supuesto de que se hubiese incumplido las reglas de la estabilidad presupuestaria o del nivel de endeudamiento.