ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), mantiene su postura fija en el intento de negociación política para conseguir la aprobación del Plan Económico Fiscal (PEF) -el paquete de medidas de control económico que se identifica coloquialmente como plan de ajuste- al que queda obligado tras el incumplimiento de la regla de gasto constatado en el informe de liquidación del presupuesto de 2024. Así lo ha reiterado este martes la coportavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, en la que no ha precisado qué tipo de negociación, ni con qué propuesta alternativa se estaría trabajando para sumar los votos necesarios que permitan validar esa propuesta en el momento en el que se eleve a debate en pleno.

Cutanda se ha ceñido a repetir prácticamente la misma respuesta una y otra vez, a pesar de la insistencia en la reiteración de la pregunta, para señalar que el equipo de gobierno continúa trabajando en un plan "que pueda tener el apoyo del pleno, con el objetivo de cumplir los objetivos" concertados con el partido con el que se había pactadolos presupuestos de 2025, lo que daría preferencia a Vox en esas conversaciones. No obstante, ha reiterado la "mano tendida al diálogo con todos los grupos políticos" que ya manifestó este lunes, a través de un comunicado, después de que los voxistas desgranasen un paquete con una veintena de exigencias planteadas como requisito irrenunciable para que el PP pudiese contar con sus votos. Todo ello, con el fin último de que sí se procurase la rebaja del tipo impositivo del IBI con una reducción de la recaudación de 3,3 millones hasta 2028 incluida en el pacto presupuestario.

Entre esas medidas adicionales detalladas por Vox, como informó este diario, se incluía la eliminación de los patronatos de Vivienda y de Educación Infantil; la corrección de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública; y la revisión de las propuestas de Zona Acústica Saturada (ZAS) diseñadas por el PP para dos ámbitos específicos del Centro Tradicional y del Casco Antiguo; así como la supresión de las zonas específicas habilitadas en el cementerio municipal para musulmanes (que, según Vox ya se habría acordado en el caso de Elche); el registro de una solicitud dirigida a la Generalitat, en forma de declaración institucional por la que se plantee el cierre de los centros de menores no acompañados (menas) de la ciudad de Alicante; la eliminación de los actos municipales de apoyo al movimiento LGTBI, 8M y "reformulación de los actos del 25N para la condena de todo tipo de violencia doméstica e intrafamiliar", por ejemplo.

Además, en esa batería de exigencias, se incluía como requisito indispensable la dimisión o cese del concejal de Hacienda, Toni Gallego, al que los voxistas consideran responsable de haber "engañado" y "estafado" al no haber informado sobre el avance del estado de liquidación del presupuesto de 2024 en el momento en el que se estaba negociando el acuerdo sobre los presupuestos de 2025, en los que se recogía el compromiso de reducción del IBI durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028. Una medida que ahora quedaría imposibilitada con el plan de ajuste aprobado por el PP en Junta de Gobierno hace diez días, en la que se recoge el descarte de toda nueva rebaja fiscal, aunque sí se aboga por la continuidad del descenso lineal del 5% que se acordó en 2018 para el tipo impositivo del IBI, así como el resto de bonificaciones de estímulo a la implantación de empresas en la ciudad.

Por lo pronto, este martes, Cutanda no ha anticipado qué propuesta alternativa podría plantear el PP para recabar los votos de Vox, o de cualquier otra de las formaciones que ejercen funciones de oposición: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. En esta línea, ha persistido en manifestar que el PP sigue "trabajando y conversando para dotar de estabilidad a las cuentas" y que los proyectos de ciudad "no se vean interrumpidos". Eso sí, no se ha pronunciado sobre ninguna de las exigencias de Vox y ha eludido cualquier muestra de respaldo explítico a Gallego, sin llegar a pronunciarse sobre su continuidad o sobre la posibilidad de que se acabe cediendo a la solicitud de cese planteada por Vox, que también han secundado tanto el PSOE como Compromís y Esquerra Unida Podem, al plantear sus planteamientos alternativos que permitan validar el plan de ajuste sin la participación de Vox. Es más, en su respuesta, Cutanda ha hecho alusión a polémicas que afectan al Gobierno central que preside Pedro Sánchez, como la propuesta de procesamiento del fiscal general, o la investigación en curso respecto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Al margen de ello, Cutanda se ha obstinado en repetir que se estaba buscando "la mejor solución" en defensa de "los intereses generales de Alicante". "Por eso buscamos un PEF que procure estabilidad pensando en los intereses de los alicantinos", ha apostillado.

Posiciones de la oposición

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha vuelto a reiterar esa posición este martes, al explicar que el ofrecimiento de su grupo al PP para la aprobación del plan de ajuste "no tiene como objetivo salvar al gobierno del PP, sino evitar las consecuencias de un posible pacto con Vox que supone una declaración de guerra hacia diversos colectivos y cuyas consecuencias nefastas acabarían pagando todos los alicantinos y alicantinas". "Barcala nos encontrará en la responsabilidad, porque somos un partido de gobierno. En estos momentos está siendo sometido a una chantaje inaceptable  que pretende imponer una agenda ideológica a cambio de votos. El PSOE no va a permitir que se chantajee a la democracia y se ataque a los migrantes, a la infancia y a la juventud; que se quiera invisibilizar la violencia machista y atacar la memoria democrática o la agenda 2030", ha añadido.

Así, ha insistido en que "la única condición para aprobar este plan de ajuste es apartar a Gallego de Hacienda, porque ha sido responsable de la situación actual y que no acepte ninguna de las condiciones de Vox. Sabía que esta situación se iba a dar porque ya tenía información antes de la aprobación de los presupuestos de 2025", ha asostenido. Además, ha considerado "inaceptable que la portavoz del Gobierno local se haya dedicado a echar balones fuera y se haya dedicado a atacar a Pedro Sánchez, mientras el PP de Alicante, con Barcala al frente, acudirá hoy a un evento con Feijóo para jalear a Mazón". "Es muy cínico que ataque al presidente del Gobierno mientras callan ante la responsabilidad de Mazón, que lleva 228 muertes a sus espaldas", ha subrayado, en alusión a las consecuencias de la dana registrada el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha acusado a Vox de protagonizar un "paripé" al recriminar su propuesta de plante ante el plan de ajuste diseñado por el PP "cuando han sido quienes han procurado la aprobación de los presupuestos, hinchándolos con los directores generales y con gasto en asesores y el incremento de los servicios públicos, regando de dinero público a las contratas y con 60 millones en préstamos, cuando se están ejecutando uno de cada tres euros en inversiones". Además, ha señalado que las medidas planteadas por Vox son una "falacia" puesto que escapan de las competencias municipales. Así, ha incidido en que Compromís no se abstendría -como ha planteado el PSOE- sin negociar una propuesta de plan de ajuste alternativa a las peticiones de Vox -mediante otro paquete de medidas concertadas con Esquerra Unida Podem, que incluiría la supresión de los directores generales, la introducción de una fiscalidad municipal progresiva y la búsqueda de más ayudas en la Unión Europea, por ejemplo- a pesar de que también ha exigido la dimisión o cese de Gallego como concejal de Hacienda. Es más, Mas ha señalado que ya se había registrado su propuesta de reprobación para el próximo pleno.

 "Que no nos engañen ni el señor Barcala ni la señora Carmen Robledillo de Vox. Pactaron hace solo unos meses el presupuesto municipal, unos presupuestos que nos van a llevar a la quiebra, unos presupuestos que van a empeorar los servicios públicos. Estamos regalando dinero a las contratas con unos servicios que son muy deficitarios. Están ampliando el sistema político, con cargos directivos elegidos a dedo y asesores. Nos están hinchando a impuestos, tasas de basura, más zona azul, ¿qué más quieren? Ahora viene Vox criticando este presupuesto, que ellos mismos han pactado. Que no nos cuenten películas, que no aguantamos más, no vamos a consentir el retroceso en derechos ni que empeoren, aún más, los servicios públicos. La izquierda alicantina es la alternativa a las derechas y, obviamente, no vamos a blanquear, ni al Señor Barcala ni vamos a entrar en el juego de derecha alicantina", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que "lo que está encima de la mesa es el sobregasto de casi 30 millones por parte de este Ayuntamiento. Si no hay capacidad de gestionar el dinero público, para qué queremos más ingresos, si no son capaces de invertir en los barrios de esta ciudad", ha cuestionado. En este sentido, se ha referido a las exigencias de Vox para señalar que "acaba de sacar su agenda para tapar toda la nefasta gestión del Partido Popular, así que no van a contar con nosotros para este plan de ajuste. Si no cambian radicalmente las políticas que están llevando adelante, nos oponemos tajantemente a cualquier plan de ajuste que implique recortes sociales o privatizaciones. Exigimos transparencia", ha concluido.

Por último, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha reiterado la posición de su partido y ha emplazado a PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem a no pretender dar lecciones y ha retado al PP a "pactar con el PSOE" para aprobar el plan de ajuste después de haber protagonizado una protesta nacional para exigir "Democracia" frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado domingo.