ALICANTE. El paquete de exigencias planteado por Vox como condición sine qua non para facilitar que el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), pueda aprobar su propuesta de Plan Económico Fiscal (PEF) tras el incumplimiento de la regla del gasto en el ejercicio de 2024 no hace mella en la hoja de ruta del ejecutivo local. Al menos por ahora. De hecho, su portavoz, Cristina Cutanda, se ha limitado a explicar este lunes -después de que trascendiese la posición de Vox- que el PP mantiene su "mano tendida y total predisposición al diálogo" para confeccionar "el mejor PEF posible" para el Ayuntamiento de Alicante (que, después, debe remitirse al Ministerio de Hacienda para su consideración), lo que no deja de ser una valoración de manual con el objetivo de ganar tiempo en el que poder plantear alternativas.

"Seguimos trabajando y lo vamos a continuar haciendo todo el tiempo que haga falta con el objetivo de que los múltiples proyectos en marcha, y que son necesarios para la transformación física y urbana de la ciudad, no se vean interrumpidos y Alicante siga avanzando como viene haciendo en los últimos años", ha añadido Cutanda. Así, a través de un comunicado, ha recalcado que, en este proceso de negociación, el principal objetivo del equipo de gobierno es dotar de "estabilidad y seguridad" a las cuentas municipales para no comprometer la ejecución de ninguna de las actuaciones y proyectos actualmente en curso para la mejora de la ciudad.

"Y en esta línea", ha añadido Cutanda, "vamos a seguir buscando soluciones en defensa del interés general de los alicantinos y a corregir aquello que pueda modificarse sin generar otros problemas dentro de la elaboración de este PEF". Es decir, que los populares mantienen el rumbo anticipado por este diario: la revisión de ese plan de ajuste -como se conoce coloquialmente el PEF- para que pueda tener cabida el compromiso de reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) recogido en el acuerdo alcanzado con Vox por la aprobación de los presupuestos de 2025.

Autoenmienda por la rebaja fiscal

El encaje de esa medida planteado por el PP consistiría en el registro de una enmienda a la propuesta de plan de ajuste aprobado en Junta Local hace más de una semana con el fin de amparar reducciones fiscales siempre que quede garantizada la incorporación de nuevos ingresos, como podría suceder con la actualización al alza de otros impuestos o tasas. Así, los populares optan por no pronunciarse respecto a ninguna de las exigencias planteadas por Vox, incluida la que podría revestir mayor contenido simbólico por el calado de la medida: el cese del concejal Toni Gallego como concejal de Hacienda, a quien Vox responsabiliza de haber ocultado el estado de la liquidación presupuestaria en el momento en el que se estaba negociando el pacto presupuestario sobre las cuentas de 2025.

En principio, nada parece indicar que el PP vaya a ceder a esa exigencia (de momento, tampoco al resto) toda vez que ello supondría una cesión inédita que trasladaría a la opinión pública una imagen de debilidad del PP frente a los voxistas. Todo, a pesar de que, como mínimo, sí es cierto que se ha impedido que sea el propio Gallego quien trate de enderezar las relaciones con Vox explicándoles los términos de la enmienda con la que se pretendería dar viabilidad a la rebaja del IBI exigida. Por el momento, los contactos celebrados para tratar de conciliar posturas han quedado bajo la dirección de los dos codirectores generales, en un primer encuentro desarrollado el pasado jueves, y del propio alcalde, Luis Barcala, en otra reunión posterior, registrada el pasado viernes. En ninguno de los dos casos se habrían constatado avances significativos. De ahí que este lunes Vox haya expuesto su batería de peticiones como condición para votar a favor de la propuesta de plan de ajuste del PP.

Entre tanto, como también ha informado este diario, el PSOE ha ofrecido al PP la posibilidad de abstenerse respecto a la propuesta de plan de ajuste siempre que se rechaza el paquete de exigencias formulado por Vox. Eso sí, los socialistas también consideran necesario el cese de Gallego como concejal de Hacienda a cuya gestión atribuyen el incumplimiento de la regla de gasto. Por su parte, Compromís y Esquerra Unida Podem también pretenden plantear sus propias propuestas, que se prevé trasladar a la opinión pública en una comparecencia pública este mismo martes.