ALICANTE. Crisis de gobierno consumada en el Ayuntamiento de Alicante. La dimisión y renuncia al acta de concejal por parte de ya exedil de Hacienda, Deportes y Patrimonio, Toni Gallego, con el propósito de garantizar el respaldo de Vox al Plan Económico Financiero (PEF) que debe aprobarse tras el incumplimiento de la regla de gasto se zanja con una remodelación de competencias más amplia de lo que podría esperarse, en la medida en que afecta hasta a seis de los catorce concejales del PP. Ese ajuste en el reparto de delegaciones, que ya ha plasmado en el correspondiente decreto de Alcaldía, conlleva la asignación del área de Hacienda a la hasta ahora concejal de Cultura, Juventud y Mayores, Nayma Beldjilali. Por su parte, las competencias sobre Deportes recaen de forma provisional en el actual vicealcalde y edil de Limpieza, Contratación y Asesoría Jurídica, Manuel Villar.

Pero no solo eso. Los cambios promovidos por el primer edil, que serán efectivos a partir del próximo viernes, 20 de junio, mueven las responsabilidades que tenían asignadas hasta ahora otros cinco ediles. Por partes. El nombramiento más relevante es el de la propia Beldjilali, que mantendrá la delegación de Cultura y la complementará con las áreas de Economía y Hacienda, a la que seguirán ligadas las competencias de Patrimonio. Se trata del cambio aparentemente más sorpresivo, toda vez que las áreas que venía manejando hasta ahora -en la que constituye su primera experiencia como concejal en la actual corporación- no guardan ninguna vinculación directa con el manejo de grandes volúmenes presupuestarios.

En segundo término, Villar, en su condición de vicealcalde, se hará cargo provisionalmente del área de Deportes -también vacante con la marcha de Gallego- hasta que se complete la configuración del grupo popular con la incorporación del nuevo concejal en sustitución de Gallego. En principio, se da por hecho que el acta vacante quedará en manos de Rafael Alemañ: el número 15 de la candidatura electoral de los populares. No obstante, está por cerrar la confirmación de su predisposición a asumir el acta, pendiente de que puedan completarse trámites personales relacionados con su dedicación profesional actual. Todo parece indicar que, de confirmarse su entrada en la corporación, podría acabar tomando la delegación de Deportes de forma definitiva, aunque por el momento nada se ha asegurado al respecto.

Sea como fuere, Villar mantendrá todas las competencias que venía desempeñando desde el inicio del actual mandato: Asesoría jurídica, Limpieza y Gestión de Residuos, Sostenibilidad Ambiental (Medio Ambiente y Parques y Jardines) y Contratación, al margen de incorporar de forma temporal el área de Deportes. Los cambios también se extienden respecto a dos de las parcelas encomendadas hasta el momento a Beldjilali. Se trata, por un lado, del área de Mayores y Familia, que pasa a manos de la edil de Bienestar Social, Begoña León. Y, por otro, de las competencias sobre Juventud, que quedan transferidas ahora a Carlos de Juan junto a dos de las delegaciones de las que ya disponía: Movilidad (que incluye Tráfico y Transportes) y Vivienda. 

Esa readscripción conlleva otro cambio como efecto derivado: las competencias sobre Partidas Rurales que tenía delegadas De Juan quedan ahora bajo la responsabilidad de Cristina García, que seguirá asumiendo las áreas de Infraestructuras y Mantenimiento y Participación Ciudadana (además de asumir responsabilidades como diputada de Transparencia e Imprenta en la institución provincial). Por último, la remodelación se extiende hasta las competencias del hasta ahora concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Julio Calero, que conjugará ahora esa delegación con la de Derechos Públicos (lo que incluye Inmigración, Voluntariado y Cooperación).

El resto de concejales del PP mantendrán sus competencias actuales que les fueron asignadas en junio de 2023 en el comienzo del actual mandato municipal. De este modo, Rocío Gómez seguirá ejerciendo como edil de Urbanismo y Conservación de Inmuebles; Mari Carmen de España continuará como concejal de Fomento y Empleo y responsable de Educación; Ana Poquet proseguirá como responsable de Turismo; Toño Peral proseguirá como edil de Presidencia, Innovacion y Planes Estratégicos y Proyectos Europeos; Lidia López continuará como delegada de Comercio, Hostelería y Mercados; y Cristina Cutanda seguirá al frente de Fiestas, Sanidad y Ocupación de Vía Pública, además de ejercer como portavoz del equipo de gobierno, junto a Villar. Por su parte, el primer edil seguirá sin asumir ninguna competencia de manera directa: una potestad que sí se ha venido ejerciendo en mandatos precedentes.

Reconocimiento a Gallego y defensa del pacto con Vox

La redistribución de competencias ejecutada este martes ha trascendido cerca de dos horas después de que el equipo de gobierno expresase por primera vez un reconocimiento público al ya exconcejal de Hacienda y Deportes, Toni Gallego. Los dos coportavoces del ejecutivo local, Manuel Villar y Cristina Cutanda, se han referido al "gesto" adoptado por Gallego para expresarle su agradecimiento, en el transcurso de la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, 24 horas después de que el mismo Gallego protagonizase una rueda de prensa para dar cuenta de su decisión de dimitir, con el fin de no ser "un impedimento" para que el PEF -conocido coloquialmente como plan de ajuste- pudiese aprobarse en pleno. 

En esa comparecencia de este martes previa a la crisis de gobierno, Villar había tenido palabras de agradecimiento para Gallego "por el el trabajo que ha hecho". "A las personas que se arriesgan, entre comillas, a implicarse en la vida política, se debe agradecer haber prestado apoyo y haber integrado la candidatura, así como el trabajo que ha hecho y el sacrificio que hizo ayer [por el lunes] porque fue consciente de que era una situación en la que, por el bien de la situación de Alicante, él entendió que lo mejor era dar un paso al lado". "Entendemos la decisión", había añadido. "El trabajo y los resultados están ahí. En esta tesitura, nuestro agradecimiento a su gesto de ayer de dar un paso al lado, puesto que muchos de los proyectos importantísimos para la ciudad estaban en peligro y el entendió que la mejor manera de trabajar por Alicante era esa", había recalcado el vicealcalde. 

En todo caso, Villar había discrepado ante el planteamiento de que Gallego pudiese haber estado solo, sin respaldo de sus hasta entonces compañeros de gobierno al anunciar su dimisión, para sostener que su comparecencia contó con la presencia de Mari Carmen de España y de Cristina Cutanda. "El que pudo acercarse se acercó, así que tiene nuestro respaldo y nuestro agradecimiento a la decisión de su salida", había puntualizado. Además, Villar también se había referido a la asunción de responsabilidad personal que el propio Gallego había manifestado respecto a la decisión de promover el incumplimiento de la regla de gasto como gestión económica para incrementar la capacidad de ejecución presupuestaria del ayuntamiento, sin llegar a valorar si se trató de una decisión estrictamente personal o compartida con el resto del equipo de gobierno. "No creo que se deba valorar si fue una decisión personal o no; lo hecho, hecho está, y lo importante es retomar la situación en la que se debía estar, que es la de cumplir lo pactado", había indicado, en alusión al pacto presupuestario alcanzado con Vox respecto a las cuentas de 2025, en el que se contemplaba la reducción del tipo impositivo del IBI entre los años 2026 y 2028. Es decir, la rebaja fiscal a la que ahora se pretende dar cabida en el plan de ajuste, en virtud del nuevo acuerdo bilateral alcanzado entre los dos partidos, en el que se incluye -al margen de la salida de Gallego- la incorporación de otros diez puntos concretos, como la revisión de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública o el impulso de una nueva ordenanza de agilización de la administración local.

"Estamos satisfechos con ese pacto", había recalcado Villar, al ser cuestionado sobre la enmienda con la que el equipo de gobierno ya había asegurado que se posibilitaría la rebaja fiscal pactada por Vox, sin que fuese estrictamente necesaria la salida de Gallego reclamada por Vox. Al respecto, Villar solo había subrayado que "ellos pidieron eso, otros solo pidieron eso y ya está", en alusión a las posición defendida por el PSOE como alternativa a un pacto PP-Vox como el que se ha acabado produciendo. "Lo que tenemos que garantizar es la estabilidad económica de Alicante en los próximos años, un plan de estabilidad económica que pudiera ser aprobado por Vox, y llegar a un acuerdo", había zanjado el vicealcalde.

Valoraciones de la izquierda

Acto seguido, los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem también habían expresado su posicionamiento respecto al acuerdo entre PP y Vox sobre el plan de ajuste, que se abordará este miércoles en comisión de Hacienda con la intención de que pueda ser elevado a aprobación en el pleno de junio, el próximo día 26, gracias a la suma de los votos de los dos partidos del eje del centro-derecha, que suman mayoría absoluta incluso a pesar de la baja de Gallego (cuya vacante no se cubrirá previsiblemente hasta mediados de julio). En esta línea, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, había valorado que el gobierno de Barcala "está desde hoy intervenido por la ultraderecha puesto que Vox ha absorbido al PP de la ciudad de Alicante, que ha aceptado una serie de propuestas que ponen en riesgo los derechos de los alicantinos y alicantinas". 

"Más que un plan económico financiero, lo que se ha debatido en los despachos ha sido el modelo de ciudad que queremos los alicantinos y alicantinas. Estas propuestas, aceptadas por Barcala, son la demostración de que ha tenido que tragar toda una serie de imposiciones que parten de la ideología ultra", había añadido. En ese sentido, había recordado que "tanto las ZAS como la ordenanza de vía pública se supone que fueron aprobadas porque desde el PP se sentían cómodos con la propuesta". "Ahora resulta que se va a rectificar y enmendarse asimismo por las exigencias de Vox", había recalcado. 

"Barcala está en un momento tan débil que no ha tenido más remedio que aceptar el chantaje de Vox, a pesar de que tenía a su alcance otra alternativa distinta. Volvemos a un Alicante en blanco y negro, donde el inmigrante no es bienvenido, y donde se limitará la ayuda de los servicios sociales. Barcala ha equivocado su estrategia, dar entrada a la ultraderecha es ocupar al equipo de gobierno", había enfatizado. Por último, había recordado que el PSOE trasladó "una propuesta blanca con el objetivo de que no tuviera que ceder absolutamente a nada, sólo responder de la mala gestión del concejal de Hacienda, pero sin exigir medidas adicionales a cambio. Es falso que, como ha dicho la portavoz, se estuvieran poniendo proyectos en peligro bueno para la ciudad de Alicante", había concluido.

En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, había señalado que "Compromís llegó a un acuerdo con el Partido Popular para desbloquear la aprobación de la ordenanza de ocupación de Vía Pública, porque los vecinos nos pedían responsabilidad, acuerdos y altura de miras. Política en mayúscula, para compagionar las actividades económicas; la ocupación de la vía pública con el derecho al descanso y el derecho que tienen también los ciudadanos a ocupar la vía, y que no solo ésta sea ocupada por veladores y el ocio". "Este acuerdo fue aplaudido por los vecinos, el propio alcalde lo catalogó como bueno, nos resituaba como el resto de las ciudades, compaginando la actividad económica con los derechos fundamentales de los vecinos, y ahora nos hemos enterado, que a puerta cerrada, sin contar con los vecinos, el Partido Popular y Vox han pactado echar por tierra este gran acuerdo al que llegamos, por una ciudad donde todo valga, donde el espacio público se pueda ocupar las horas que les dé la gana a los sectores económicos, en detrimento de los derechos fundamentales de los vecinos. Esto es una irresponsabilidad, nos sitúa en el siglo pasado. Como se les ocurra tocar esta ordenanza, que nos costó mucho sudor y trabajo desbloquearla, pediremos la dimisión fulminante de la concejala Cristina Cutanda, y sobre todo al alcalde por irresponsable y por estar vendido a los intereses económicos y no hacer nada por los intereses de los vecinos", había apostillado.

Por último, fuentes de Esquerra Unida Podem habían señalado, iguamente, que "en lugar de buscar un consenso amplio para encarar la crisis institucional abierta, el Partido Popular ha preferido firmar un pacto con la extrema derecha de Vox. Este acuerdo, que recoge una batería de medidas regresivas, representa un giro reaccionario en la política municipal. Desde Esquerra Unida Podem denunciamos este pacto como un paso más hacia la normalización del autoritarismo y la exclusión. El alcalde Barcala ha preferido pactar con quienes niegan derechos y promueven el odio, en lugar de aceptar el ofrecimiento de diálogo realizado desde la oposición progresista". Así, las mismas fuentes habían incidido, a través de un comunicado, en que resultaba "llamativo que el Partido Popular haya elegido alinearse con una formación como Vox para sostenerse en el poder, en lugar de asumir el mandato democrático de rendir cuentas ante la ciudadanía. Es una demostración de que para el PP, mantener sus sillones vale más que la calidad democrática, la justicia social o la convivencia en nuestra ciudad. Desde Esquerra Unida Podem seguiremos luchando para construir una Alicante abierta, diversa y justa, donde los intereses de la mayoría social estén por encima de los acuerdos oscuros entre conservadores y ultras", concluía la nota pública.