ALICANTE. Una cuestión de "mayoría representativa". Así se ha referido este miércoles el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para justificar la declaración institucional aprobada por el equipo de gobierno y Vox en el pleno ordinario de junio, el pasado jueves, por la que se solicita a la Generalitat que se tramite la modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià para que la ciudad deje de considerarse de predomino lingüístico valenciano para considerarse de predominio castellano. El primer edil ha confirmado que, este martes, había firmado las certificaciones de los acuerdos alcanzados durante esa sesión plenaria, lo que permite que la declaración sea remitida a las Cortes para que pueda tenerse en consideración. Con todo, ha señalado que la posibilidad de que pueda ser estimada y admitida a trámite depende del Consell, sin llegar a aventurar cuál podría ser la posición a adoptar por el ejecutivo autonómico.

"El acuerdo que teníamos era llevar a pleno una declaración institucional que no es ni más ni menos una solicitud a la Generalitat, que es la competente, para la modificación de la ley", ha apuntado. "Lo que me sorprende mucho es la reacción del entorno separatista-pancatalanista; esto rompe con una estrategia de subordinar, de hacernos ese hermano pequeño, ese adosado a esa entelequia y a esos països catalans que algunos se imaginan y que les gustaría, y que promueven mediante la violencia", ha dicho. "De ahí las manifestaciones de los grupos más ultras en este sentido", ha señalado.

"Cuando esos grupos se sienten atacados por una declaración institucional, que lo único que promueve es la voluntad de la mayoría representativa de esta ciudad, pues probablemente es que vamos en el buen camino y que este toque de atención había que darlo", ha argumentado. "Nosotros mandaremos ahora las certificaciones de los acuerdos del pleno con esa propuesta y el Consell ya decidirá", ha apostillado, respecto al devenir que pueda tener el planteamiento acordado en pleno, sobre el que Vox pretende incidir con el registro de una próxima Proposición de Ley en el momento en el que se reabra el periodo de sesiones en las Cortes, según la planificación en la que ya esaría trabajando su diputada autonómica y exconcejal de Educación con el PP durante el pasado mandato, Julia Llopis.

Regulación de la hostelería

Al tiempo, respecto a la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública y la revisión de las Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) del Centro Tradicional y el Casco Antiguo -otros puntos que han generado controversia entre los incluidos en el acuerdo alcanzado con Vox para la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) al que el ayuntamiento quedaba ligado tras el incumplimiento de la regla de gasto- Barcala ha dejado abierta la posibilidad de la introducción de cambios al apuntar que el entendimiento entre las dos formaciones recogía "puntos muy abiertos" que ahora deben ser sometidos a negociación y que, según ha recalcado, dependerán de los criterios técnicos que puedan adoptarse en el proceso de resolución de las alegaciones presentadas a la propuesta de las dos ZAS. "Se está trabajando desde la Concejalía [de Medio Ambiente]", ha explicado. "Los técnicos están estudiando las alegaciones; cuando terminen esos trabajos, se adoptarán las medidas", ha dicho respecto a las ZAS.

Al tiempo, no ha llegado a definirse sobre la posibilidad de que pudiese ampliarse el periodo excepcional de verano para ampliar los horarios de actividad de las terrazas de la hostelería: una de las prioridades en las que Vox pretende poner el acento. "El acuerdo que adoptamos era genérico; tenemos que concretar ahora esas medidas porque quedaba todo supeditado también al tema de la ZAS, a la resolución técnica de las alegaciones", ha insistido. En el acuerdo con Vox, según ha recalcado, se incorporaron acuerdos "genéricos" sobre la modificación de la ordenanza, pero "va todo ligado a la resolución de las alegaciones", ha añadido.

De igual modo, Barcala se ha referido a la incorporación del nuevo concejal del PP tras la dimisión del ya exedil de Hacienda, Toni Gallego, para confirmar que será el número 15 de la candidatura electoral del partido, Rafa Alemañ, quien tome el acta en su lugar, como había informado este diario. En esta línea, ha asegurado que su toma de posesión se producirá en el pleno ordinario de julio, salvo que pueda celebrarse un pleno extraordinario con anterioridad para plantear una de las modificaciones de crédito sobre el presupuesto de 2025 también acordada con Vox. Eso sí, no ha llegado a desvelar qué competencias concretas acabará desempeñando tras su toma de posesión, al apuntar que se trataba de una cuestión que debía conocer en primer lugar el propio Alemañ.