ALICANTE. La construcción de las viviendas de protección pública (VPP) anunciadas sobre un solar de titularidad municipal del barrio de San Blas, en Alicante, se instala en un compás de espera. El proceso de enajenación de esa parcela, situada en el número 5 de la calle Ceuta, queda pendiente de que la única empresa que presentó oferta a cierre de plazo para optar a ese suelo, Abala Infraestructuras, aporte documentación adicional ajustada a las condiciones de la convocatoria, a la vista del hallazgo de incorrecciones, imprecisiones o incongruencias.
Así se pone de manifiesto, cuando menos, en el informe elaborado por la técnico municipal que ejerce como responsable del contrato tras el análisis del estudio de viabilidad económica aportado por la promotora, del que se dio cuenta en la última reunión de la mesa de contratación del Patronato de Vivienda, celebrada el pasado 29 de julio. De ahí que se conminase a la compañía a amoldar su planteamiento en el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la notificación, para precisar aspectos que se consideran esenciales.
¿De que aspectos se trata? Entre ellos, principalmente, se requiere a Abala que especifique qué tipología de VPP concreta se pretende desarrollar: bien vivienda de régimen general o vivienda joven, y si se prevén destinarlas a la venta o al alquiler. En principio, el informe apunta que, de las cifras sobre ingresos aportados en el estudio, podría interpretarse que la promoción a desarrollar "es en régimen general y para venta, dado que se computan las terrazas cubiertas al 100% de su superficie útil para venta", aunque insta a aclararlo para atajar la indeterminación.
Pero no solo eso. El informe también apunta que el estudio de viabilidad modificado debe concretar los costes de ejecución material del edificio, seguridad y salud, así como "otros gastos de construcción y coste de IVA en el periodo de construcción", tras apuntar que esos costes "no podrán ser inferiores a los recogidos en el módulo básico de edificación IVE, costes medios de mercado de la Comunidad Valenciana salvo que se justifique adecuadamente". Además, plantea que se concreten "los valores actualizados de los ingresos por venta/arrendamiento tanto de las viviendas como de otros inmuebles [trasteros y plazas de aparcamiento] detallando, para el caso de los proyectos de vivienda en alquiler, el nivel de ocupación y rentas medias por metro cuadrado".
Igualmente, precisa que debe detallarse "el sistema de financiación propuesto especificando la amortización anual de la deuda externa y plazo efectivo de la devolución de la deuda", así como las "inversiones de reposición para la conservación y mantenimiento de las viviendas" que se pretende desplegar en el supuesto de que se opte por la modalidad de VPP destinada al alquiler.
Más precisiones
El listado de cuestiones a precisar se extiende, al tiempo, sobre las condiciones de las viviendas a entregar al Ayuntamiento como fórmula de contraprestación por la obtención del suelo. Al respecto, el informe señala que en el estudio de viabilidad se considera que los pisos a ceder quedan vinculados a una plaza de aparcamiento y a un trastero, cuando en el pliego de condiciones de la subasta se descarta expresamente esa posibilidad: las viviendas que pasarán a formar parte del parque municipal no deberán ir acompañadas de ese otro tipo de inmuebles.
De igual modo, se apunta que el resto de viviendas incluidas en la promoción -las destinadas a venta o alquiler a gestionar por la propia promotora- podrán tener únicamente una plaza de aparcamiento y un trastero vinculados y que mantendrán el mismo régimen de protección que los pisos, de forma que "en ningún caso se planteará plazas de aparcamiento y trasteros que no estén protegidos y vinculados". Con ello, se descartaría la posibilidad de que se tratase de incrementar el beneficio lucrativo con la venta de un mayor número de plazas de aparcamiento respecto al número de pisos construidos.
- El solar de la calle Ceuta de Alicante en el que se plantea la promoción. -
Y, por último, el informe señala que se habrían calculado "los precios de venta de trasteros y de plazas de aparcamiento erróneamente, dado que no se ha tenido en cuenta la superficie útil computable ni para trasteros ni para plazas aparcamiento". En este sentido, se apunta que "se debe tener en cuenta que hay un límite máximo de superficie útil computable que consiste en 8 m2 para trasteros y 25 m2 para plazas de aparcamiento a efectos de su venta". Con todo, en esas apreciaciones formuladas por la técnico municipal autora del informe no se detalla todavía el número de viviendas total que Abala planea construir en la promoción, ni la cifra de las que se pretende poner a disposición del Ayuntamiento. Por el momento, los cálculos municipales facilitados hasta ahora apuntaban la posibilidad de que la promoción incluyese una treintena de pisos y que se entregasen alrededor de tres como mecanismo de pago.
¿Qué efectos tiene ese requerimiento sobre el fondo del proceso? A priori, no debería tener ninguna implicación más allá del retraso en la adjudicación definitiva. Y, en consecuencia, en la fecha para que pueda iniciarse la ejecución de las futuras viviendas. Abala debe aportar ahora ese estudio de viabilidad ajustado para que pueda volver a valorarse y, en su caso, confirmar la validez de su propuesta. En caso contrario, el concurso podría declararse desierto y decaer, sin que llegase a tener el fin pretendido: la promoción de vivienda protegida. Todo, después de que el equipo de gobierno renunciase a la ejecución directa del proyecto impulsado por el propio Patronato de Vivienad para optar por la vía de la licitación, de forma que la construcción de las viviendas corriese a cargo de la iniciativa privada, en un procedimiento similar al que comprende el Plan Vive de la Generalitat, y al que se puso en práctica con las viviendas de VPP construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en el distrito de Playa de San Juan.
