ALICANTE. El nuevo servicio de estacionamiento controlado de Alicante, conocido como la ORA o la zona azul, no solo arrancará con novedades en cuanto a plazas sujetas a regulación, instalaciones y horarios de funcionamiento en cuanto se disponga de un nuevo concesionario de su prestación. También supondrá cambios en la misma supervisión con el fin de mejorar la comprobación del pago por el estacionamiento. En concreto, se prevé reordenar las rutas de observación con la disposición de nuevos recorridos que se ejecutarán en distintos tramos horarios variables del periodo sujeto a regulación, entre las 9:00 y las 20:00 los días laborables. 

Así, el estudio de viabilidad en el que se apoya la convocatoria del concurso para disponer de un nuevo adjudicatario, establece que "el servicio se dividirá en zonas de control, a cada una de las cuales corresponderá una ruta de control a lo largo de la que el vigilante comprobará el buen uso de las plazas de estacionamiento (400 plazas como máximo en cada ruta ) por parte de los usuarios". 

Dichas rutas no serán fijas, sino que variarán "en función de las plazas a controlar" en el supuesto de que se produzcan modificaciones por motivo de obras o de autorizaciones especiales que reduzcan el número de plazas de aparcamiento disponibles. Pero también se modificarán "en función de la mayor o menor probabilidad de infracción en una determinada zona" en la que se detecte que se suele eludir la extracción de tique. 

Y no solo eso. También se prevé cambiar a diario y de forma aleatoria el punto de inicio de los itinerarios de control "rompiéndose así la previsibilidad de los mismos y contribuyéndose de este modo a evitar el fraude derivado del conocimiento que en muchas ocasiones tienen los usuarios en cuanto a horarios y frecuencias de paso", detalla el mismo estudio. 

Al tiempo, la función del vigilante de calle se reforzará con el apoyo de la "comprobación masiva" a cargo de "medios tecnológicos motorizados" provistos de sistemas de lectura de matrículas, de forma que la coordinación entre los vigilantes y esos medios de apoyo permita que los controladores de calle se centren en la labor de sanción y no en la comprobación del tique y su validación. Además, asumirán funciones de comprobación sobre el funcionamiento de los parquímetros o sobre el estado de la señalización de las zonas de estacionamiento sujetas a control horario. 

Como ya ha informado este diario, el nuevo contrato comprende la creación de otras 3.077 plazas de aparcamiento en superficie sujetas a regulación, en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa y Princesa Mercedes, de las que 2.542 serán de zona naranja, que -junto a las ya existentes- pasarán a ser de uso gratuito para residentes que dispongan de la tarjeta ciudadana. Con esa ampliación, el número total de plazas sujetas a control se elevarán a 4.950, incluidas plazas azules y naranjas, en función del escenario A contemplado en el estudio de viabilidad elaborado por los técnicos municipales, a partir del trabajo previo encargado a la consultora Ingartek. No obstante, también se prevé un escenario B en el que se apunta la posibilidad de llegar a las 7.808 plazas, como informó este diario en noviembre de 2024.

Modificación de la ordenanza 

Por el momento, la licitación se encuentra en marcha por un plazo de 19 años y un presupuesto estimado de 143 millones -en los que se incluye el coste de construcción del nuevo depósito de vehículos a construir en una parcela municipal situada en el barrio de Rabasa- a la espera de que se analicen las alternativas de los distintos operadores que puedan estar interesados en asumir la prestación. Y en paralelo, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), también trabaja ya en la modificación de la ordenanza reguladora que resulta necesaria para que puedan aplicarse el conjunto de cambios propuestos, entre los que figura la implantación de un horario continuo, eliminando la exención actual que existe en la franja comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas. 

Ese cambio de la ordenanza reguladora requiere del respaldo mayoritario de los grupos políticos que conforman la corporación, en la que los populares no cuentan con mayoría absoluta. En principio, la propuesta planteada con el nuevo contrato ha generado la crítica de los tres grupos del eje progresista -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, que han considerado que ese planteamiento tiene un afán recaudatorio y que hipoteca el servicio durante 19 años. Por su parte, Vox también ha advertido que solo apoyaría un sistema que ayudase a favorecer la rotación de vehículos y que no se centrase en un interés recaudatorio.