ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), prosigue con el proceso de actualización del corpus normativo municipal y (tras actualizar la ordenanza de limpieza, la del ruido y la de ocupación de vía pública) le toma el pulso, ahora, a la regulación del sistema de estacionamiento controlado: la conocida como ORA o zona azul. El departamento de Movilidad acaba de poner en marcha el proceso de consulta previa para modificar la ordenanza reguladora de ese servicio municipal que trata de favorecer la rotación de vehículos en las calles del Centro y en las de las zonas del Ensanche que disponen de una mayor actividad comercial.
Esa consulta comprende la apertura de un plazo de 20 días hábiles para que cualquier interesado pueda formular aportaciones en torno al objetivo fundamental del proceso de revisión. En concreto, se trata de actualizar esa regulación, aprobada en 2012, con el fin de incorporar nuevos elementos no previstos en ese momento, como la introducción de nuevos elementos tecnológicos de control y supervisión. No obstante, el propósito fundamental es regular los nuevos horarios de funcionamiento de las plazas de estacionamiento por tiempo limitado, la concreción de las tarifas, la definición de nuevas zonas de zona azul y zona naranja, y la mejora de la conceptualización de la condición de residente, que quedaría exento de pago en las plazas de zona naranja en el área de influencia de su domicilio.
Además, se pretende introducir los procedimientos de control y sanción basados en los nuevos medios tecnológicos disponibles en la actualidad, e implantar medidas acordes a las nuevas posibilidades de regulación, así como mejorar el aprovechamiento del espacio público, introducir plazas específicas para vehículos de dos ruedas (lo que implica la regulación de su pago), e incorporar bonificaciones para colectivos vulnerables, los residentes y los trabajadores locales, según detalla el edicto por el que se da publicidad a la convocatoria de la consulta. Por último, también se pretende adaptar su contenido a otra ordenanzas vinculadas con la movilidad, como la que regula el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con aspectos como el control de accesos de vehículos y la reducción de emisiones contaminantes.
El proceso de revisión de esa normativa se pone en marcha, a su vez, en la última fase de los preparativos necesarios para convocar el nuevo concurso para contratar la explotación del sistema. La prestación de ese servicio -que incluye la retirada, inmovilización y depósito de vehículos (el arrastre por grúa)- sigue ahora a cargo de la UTE compuesta por Vectalia y Pavapark tras el vencimiento de la duración del contrato adjudicado en 2013, tras la concesión de una prórroga extraordinaria en un acuerdo adoptado el pasado noviembre con el propósito de garantizar su funcionamiento, ya que se considera que se trata de un servicio de interés público.
Último informe
Esa prórroga se mantendrá vigente hasta que se disponga de un nuevo adjudicatario, sin que, por el momento, se cuente con una fecha cierta para el lanzamiento de la licitación. De hecho, esa fecha está supeditada a la obtención de un último informe favorable que debe emitir la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), dependiente del Ministerio de Hacienda. El departamento de Movilidad elevó la propuesta de licitación a dicho organismo estatal el pasado mes de noviembre. Y la ONE dispondría de un plazo regulado de un mes para emitir respuesta, que ya ha quedado superado. Está por ver si, tras el análisis de la propuesta, se emite un dictamen positivo que dé alas a la convocatoria del concurso, o si se exige algún tipo de modificación que pueda retrasarlo.
Por el momento, el planteamiento del equipo de gobierno continúa siendo el ya conocido: la puesta en marcha de un nuevo contrato en el que se incorporen cerca de 3.000 nuevas plazas de estacionamiento regulado en el Centro y en los barrios más próximos en los que se considera necesaria la introducción de medidas para favorecer la rotación de vehículos. Básicamente, se trataría de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. Hasta 2.500 de esas 3.000 nuevas plazas corresponderían a zona naranja, de carácter gratuito para residentes. Además, se prevé vincular la gestión del servicio a la asunción de costes para la construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos, que quedaría posicionado en una parcela pública situada en el barrio de Rabasa.
