ALICANTE. El proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de carburantes con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto seguirá dependiendo del escrutinio de la justicia. Ese es, en principio, el primer escenario en el que trabaja el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), que se inclinaría por agotar la defensa de su posición frente a la instalación de los tanques ante el Tribunal Supremo (TS) con la interposición de un recurso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce a la empresa la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo positivo. Es decir, por el retraso de la administración local en resolver sobre su petición de permiso, en un proyecto que se registró inicialmente en el año 2013.
Por lo pronto, los servicios jurídicos municipales continúan evaluando opciones en las que fundamentar ese previsible recurso de casación, para lo que, en primer término, ya se habría optado por solicitar una aclaración de sentencia al TSJ con el fin de que pueda existir una ampliación respecto algunos de los aspectos que sí se tuvieron en cuenta en la sentencia de primera instancia favorable al Ayuntamiento, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante hace dos años.
Fuentes consultadas indicaron que la alternativa del recurso de casación sería la que proporcionaría mayor capacidad de maniobra a corto, medio y largo plazo a la hora de afrontar una iniciativa empresarial que se ha visto rodeada por la controversia por el rechazo social generado desde sus inicios. A corto plazo, el recurso ante el TS permitiría ganar tiempo sin que la promotora de los depósitos tuviese todavía el camino despejado para poder iniciar obras, salvo que decida solicitar la ejecución provisional de la sentencia del TSJ (una posibilidad que, según fuentes jurídicas, sí estaría al alcance de XC Business), y que se acceda a esa petición. A medio plazo, el recurso también da oxígeno al equipo de gobierno ante la hipótesis de que se pueda intentar una posible negociación en busca de un nuevo emplazamiento para la ejecución de los silos de combustible o, incluso, de un posible desestimiento del proyecto. Otra cosa es qué ubicación alternativa se estuviese en condiciones de poder ofrecer, sin que se generase la misma contestación que ya existe contra el proyecto actual.
Y a largo plazo, el recurso permite que se pueda revisar el procedimiento con la expectativa de que se atienda la negativa municipal a conceder la licencia por un supuesto de silencio administrativo positivo, como el que ha estimado el TSJ. Eso sí, esa posibilidad no evitará que el Ayuntamiento siga teniendo que pronunciarse sobre la concesión del permiso solicitado por XC Business por el cauce ordinario. En todo caso, se confía en que, a la hora de adoptar esa decisión, se pueda contar con la aplicación de normativa autonómica que no haya entrado en juego hasta ahora, al no haber sido el momento procesal oportuno para que pudiese tener eficacia.
Entre esa normativa figuraría el límite de distancia respecto a zona residencial que el Consell del Botànic introdujo en la Ley de Calidad Ambiental respecto a instalaciones industriales que pudiesen entrañar situaciones de riesgo potencial, según insisten los representantes de Compromís, así como una reconsideración sobre la exigencia del trámite de evaluación ambiental, frente a las conclusiones alcanzadas en dos informes conocidos hasta ahora.
