ALICANTE. El PP despliega su propuesta de planificación económica para 2019 en la que puso el foco como herramienta estratégica a los tres meses de tomar posesión del poder (tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri). Cerca de un mes después de abrir las conversaciones oficiosas con el resto de grupos políticos, el equipo que coordina Luis Barcala puso sobre la mesa oficialmente este viernes el primer presupuesto libre del control previo del Ministerio de Hacienda desde el año 2012 -tras el fin del plan de ajuste aprobado en octubre- con el que soñaba poder presentarse ante la ciudadanía en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El objetivo era llegar a esa cita con los deberes hechos. Y ahora depende de que los grupos de la oposición no pongan obstáculos para que la propuesta se apruebe.
Lo cierto es que, con solo 8 concejales en una corporación de 29 ediles, los populares han tenido que limitarse a plantear un presupuesto casi de circunstancias, sin más proyectos que los ya trabajados y heredados de los primeros tres años de este mandato. Es decir, unas cuentas susceptibles de ser aprobadas por otras fuerzas (a las que se ha tenido que tender la mano y ofrecer concesiones), que se han confeccionado con todo tipo de artes y malabares.
Así, habrá otro documento de compromisos políticos anexo al presupuesto general en el que se aplaza la ejecución de varias inversiones a la disponibilidad de remanente de crédito (dinero no gastado) de las cuentas del ejercicio precedente (se calcula que alcanzará una suma de 25 millones). Es decir, justo la fórmula a la que tuvo que recurrir el PSOE para poder sumar los votos de Guanyar en 2018. Además, también se han previsto planes pluarianuales de inversión para tratar de cubrir las peticiones formuladas por Ciudadanos (Cs), como la modernización de los polígonos industriales, que ahora no tendrían cabida, según el PP.
No es menos cierto que las grandes líneas de la propuesta ya habían trascendido durante ese proceso de sondeos previos. Al margen de reflejar la reforma fiscal (también aprobada a iniciativa del PP con una rebaja lineal del 5% en el IBI y bonificaciones para la instalación de nuevas empresas en el IAE y el Icio), el PP destacó la inclusión de inversiones por más de 15,6 millones, ocho de los cuales están vinculados al proyecto de reurbanización del área de Las Cigarreras. También, una primera dotación para ampliar la plantilla municipal en 40 puestos, con la previsión de que se llegue a 128 en tres años. Se trata de plazas para policías, bomberos, auxiliares administrativos y personal de Acción Social, a los que, según añadió el edil de Hacienda, el popular Carlos Castillo, se debe añadir también algunos puestos necesarios en la Concejalía de Urbanismo con el fin de agilizar trámites de concesión de licencias, por ejemplo.
El resto de las claves del documento corresponden a las peticiones ya conocidas de Guanyar y Cs: 2,3 millones para las ayudas de emergencia social y 400.000 para una bolsa de ayudas al pago del IBI para familias con dificultades. A esos dos ítems, sólo habría que añadir, como elementos novedosos (no reclamados por la oposición), una partida global de 850.000 euros para inversiones decididas a través de las Juntas de Distrito (170.000 para cada una); una línea de ayuda a la escolaridad de los niños de 0 a 3 años de 200.000 euros; y una partida de 135.000 euros para trabajos de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (Cs sí había pedido fondos de manera específica para ello).
¿Resulta todo eso suficiente para convencer a alguien? Por el momento, parece que no. Al menos, nadie ha confirmado abiertamente su respaldo explícito (voto favorable) o su abstención respecto a la propuesta del equipo de Gobierno. El PP viene arguyendo un trabajado discurso para trasladar la presión al resto de fuerzas políticas: primero con llamadas a la responsabilidad para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento; después, subrayando la necesidad de aprobar un presupuesto nuevo para no tener que modificar constantemente unas cuentas prorrogadas; y después argumentando que en las cuentas no existen propuestas de contenido ideológico que pudiesen figurar en su propio programa político. Se sostiene, en resumen, que se trata de un documento aséptico para tratar de deslegitimar un posible rechazo.
¿Qué conclusión puede extraerse hasta ahora? Que todo continúa en el aire, aunque sí se existe cierto grado de aproximación con Guanyar y Cs
Sin embargo, todavía nadie ha dado su brazo a torcer, más allá del anuncio de Guanyar (siempre supeditado al visto bueno de su asamblea de militantes) de que sus cinco concejales no bloquearían la propuesta si en el documento definitivo se reflejan sus peticiones. Por lo pronto, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, recalcó este viernes que su formación tenía que revisar la letra pequeña del documento y garantizó que, en todo caso, presentarían enmiendas. Y otro tanto similar parece poder esperarse de Cs, cuya portavoz, Yaneth Giraldo, continuó sin desvelar la posición de sus cinco representantes. Sobre los ediles no adscritos, Nerea Bemonte y Fernando Sepulcre, nada se dejó caer en la presentación del PP sobre la incorporación de sus peticiones, aunque todo parece indicar que se contará al menos con el voto del segundo, ya que viene facilitando la aprobación de los presupuestos desde el principio de mandato tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial, donde sustenta al Gobierno del PP.
