ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito compuesto por PP y Cs, cumple este miércoles, 26 de mayo, el segudo aniversario de las elecciones municipales que auspiciaron su formación. En realidad, el pacto acabó sustanciándose días más tarde, el 14 de junio, justo en la víspera del pleno de constitución de las nuevas corporaciones locales, mediante un acuerdo que permitió configurar la primera alianza del centro-derecha en la gestión de la capital de provincia a lo largo del último periodo democrático.

La cita con las urnas deparó la victoria de la candidatura presentada por el Partido Popular (PP), con Luis Barcala como alcaldable. La de los populares fue la lista más votada, con 39.477 votos (el 29,34%) y nueve actas de concejal. Eso sí, las mismas que obtuvo el PSPV-PSOE, la segunda candidatura con más apoyo, que quedó a 2.303 papeletas de distancia. De ahí que fuese el PP quien liderase la formación de gobierno y de que acabase fraguando un acuerdo con Cs por el que Barcala retenía la Alcaldía conseguida un año antes de la cita electoral, con el concurso de la edil expulsada de Guanyar, Nerea Belmonte, después de que el socialista Gabriel Echávarri registrase su dimisión. 

Cs, por su parte, se reservaba la vicealcaldía para su candidata, Mari Carmen Sánchez, además de concejalías que le procurasen visibilidad como Cultura, Deportes o Turismo, al margen de manejar el departamento de Urbanismo. Ahora, al borde de alcanzar el ecuador de su mandato en común, las dos fuerzas ya disponen de un primer bagaje salpicado de luces y sombras que ni la crisis del coronavirus ha podido eclipsar. 

Por lo pronto, los dos partidos -que gestionan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29 ediles- han conseguido superar todas las votaciones conflictivas en las que podían ver lastrada su acción de gobierno. Así, han aprobado los presupuestos de 2020 (validados en el último tramo del mes de mayo) y 2021 (refrendados a finales de marzo) gracias a la anuencia de Vox, que se abstuvo en las dos votaciones y que, a la postre, se ha venido mostrando como un aliado externo imprescindible en los debates clave, pese a que el PP cerrase el paso a su entrada en el gobierno en la misma noche electoral.

En 2021, además, las cuentas del bipartito también sumaron la abstención del PSOE, después de que se alcanzase un acuerdo presupuestario con Cs que todavía no ha llegado a cumplimentarse al 100% y que ya parece más que dudoso que vaya a materializarse en esos términos en la medida en que supone revertir los compromisos concertados con Vox.

También se han aprobado las sucesivas modificaciones de crédito tramitadas hasta ahora en estos dos años (cuatro en 2020 y, por el momento, una en 2021 que se prevé que prospere este mismo jueves, también con el respaldo de Vox). Con una de ellas, la tercera de las impulsadas en 2020, se destinaron 19 millones del remanente de crédito para cancelar toda la deuda contraída con los bancos y completar el proceso impulsado bajo el mandato del extinto tripartito para sanear la contabilidad municipal. La votación contó con el rechazo de las tres formaciones del eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) que consideraron prioritario que ese dinero se destinase a atender las necesidades de la ciudadanía tras el impacto de la crisis del coronavirus.

La aprobación de los presupuestos de 2020, y la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles arrastradas desde el mandato precedente, han permitido renovar las infraestructuras de algunos barrios -pendientes de reparaciones y de trabajos de mantenimiento y conservación desde hacía años- e impulsar la reurbanización de espacios como la avenida de Padre Esplá, el Paseo de la Explanada, o la construcción del parque-plaza de la Ciudad de la Justicia. Eso sí, otras actuaciones anunciadas en estos dos últimos años (o incluso antes) siguen pendientes, en cartera, como consecuencia del retraso en la entrada en vigor de las cuentas o la complejidad que acarrean los procesos de contratación. Algunas de ellas, como la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova, se pretenden retomar ahora, tras la aprobación de la primera modificación de crédito de las cuentas de este año, en la que se prevén actuaciones por valor de más de 38 millones.

Lo cierto es que la pandemia, el confinamiento, las restricciones de movilidad y la necesidad de priorizar la respuesta a esa nueva situación, también ha contribuido a lastrar el desarrollo de alguno de esos proyectos. Incluso los incluidos en el dictamen de la comisión de la recuperación que se aprobó el pasado mes de julio, con 105 iniciativas en distintos ámbitos.

Hasta ahora, sobre ellas, se han cumplimentado básicamente las que no requerían la ejecución de obras: se dio respuesta a la primera embestida de la crisis con la concesión de ayudas de emergencia (aunque no se evitó la generación de las llamadas colas del hambre y que tuviese que surgir un movimiento asociativo para ayudar en la distribución de alimentos); se han facilitado ayudas a pymes y autónomos con dos líneas específicas municipales y otras dos más coordinadas por la Generalitat, a través del Plan Resistir; y se han tomado decisiones de planificación, como la reducción de la velocidad de circulación en las calles de un solo carril para favorecer el uso peatonal, por ejemplo. Eso sí, siguen pendientes actuaciones como el desarrollo de peatonalizaciones reales (más allá de cortes temporales durante los fines de semana), por ejemplo. 

En estos dos años, se ha tratado de poner orden en la prestación de servicios municipales que venían funcionando con contratos caducados o sobre los que no existía ninguna concesión previa, como el servicio de reparación de aceras. Entre ellos, se ha conseguido renovar la contrata de mantenimiento de zonas verdes, ahora en manos de STV Gestión (a la espera de que el TSJ dirima sobre el litigio mantenido con Geamur). Pero otras -en realidad, las que suponen un mayor coste para el Ayuntamiento- siguen atascadas y pendientes de licitación, como el servicio de transporte público (sobre la que se tendrá que llegar a otro acuerdo para garantizar su prestación mientras se convoca el nuevo concurso); el de limpieza de colegios y dependencias municipales (a punto de licitarse) y el de limpieza viaria y recogida de residuos (que sigue en fase de preparación de pliegos para que pueda licitarse en tres contratos distintos y que también queda abocada a prorrogarse, pese al compromiso adquirido por el conjunto de partidos durante la campaña electoral). Se trata de una situación en la que, como mínimo, en el último año sí se ha conseguido avanzar en la planificación previa que resulta necesaria para abordar las respectivas licitaciones.