ALICANTE. Los seis grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) se verán las caras finalmente este viernes, día 17 de enero, en la primera sesión de la comisión no permanente del pleno sobre el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. Se trata de la comisión que se acordó crear en el pleno del pasado mes de octubre con el propósito de analizar el cumplimiento del contrato ante las quejas formuladas por asociaciones de padres y madres de algunos centros y las denuncias de falta de medios y de horas de prestación trasladadas por los representantes de los operarios a cargo de la prestación. De hecho, esas denuncias llevaron a un particular a trasladar esas supuestas anomalías a la Fiscalía para que dilucidase si podían ser constitutivas de delito.  

La convocatoria de la comisión llega cuatro meses después de que se alcanzase aquel acuerdo, en plena polémica suscitada por la decisión de trasladar a una de las inspectoras municipales encargada de evaluar la prestación en los centros educativos, que ha decidido acudir al juzgado frente a la decisión de su relevo.

Y llega también después de que Alicante Plaza informase sobre la existencia de hasta dos informes emitidos por técnicos encargados de la supervisión del contrato en los que se advertía de incumplimientos respecto a las obligaciones recogidas en el pliego de condiciones por parte de la empresa concesionaria: UTE Limpal, compuesta por Clece (filial de ACS) y Fissa. En concreto, en esos informes, fechados en marzo de 2019, se alertaba de la prestación de menos horas de limpieza de las previstas, aunque, según precisaron fuentes municipales, se evacuaron informes posteriores con una conclusión diferente, en los que se estimaba que no existía incumplimiento alguno.