ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha convocado finalmente para este viernes 17 de enero la primera sesión de la comisión no permanente del pleno para la fiscalización del contrato de limpieza de colegios y edificios públicos municipales. Se trata de una comisión de representación política creada a instancias de PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís con el respaldo unánime de toda la corporación, que se acordó crear en el pleno de octubre con el propósito de determinar si la UTE concesionaria (UTE Limpal, compuesta por Clece y Fissa) cumple o no las determinaciones del contrato, a raíz de las quejas manifestadas por asociaciones de padres y madres de determinados centros educativos y de las denuncias formuladas por los propios trabajadores a cargo del servicio.
La convocatoria llega envuelta en la polémica, a instancias de la valoración ofrecida por el grupo socialista. Su portavoz municipal, Paco Sanguino, ha lamentado, a través de un comunicado, que la convocatoria de la comisión se acuerde "después de cuatro meses de reiteradas peticiones y de denuncias por presuntas irregularidades en el servicio". "Al fin el equipo de gobierno del señor Barcala ha tenido a bien convocar la comisión no permanente o específica del pleno para el estudio del cumplimiento del contrato", ha apuntado. Pese a ello, Sanguino ha destacado que "en dicha convocatoria se evidencia que la comisión nace sin el más mínimo interés por llevar a cabo una investigación de rigor y seria sobre este servicio".
Así, a través de un comunicado, ha incidido en que "seguimos en la estela del escándalo respecto a este servicio puesto que, como ya denunciamos, en el año 2019 han sido nombrados hasta tres responsables del contrato por parte del ayuntamiento y ha sido apartada una inspectora de limpieza que denunciaba las irregularidades y que ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento por la vulneración contra los derechos fundamentales".
En este sentido, el portavoz socialista, ha asegurado que "en el mes de octubre del 2019 solicitamos la convocatoria urgente de la comisión con un orden del día que comprendía, entre otros, la comparecencia de los responsables del contrato, de los inspectores municipales, de los responsables del convenio y jefes de servicio de la empresa adjudicataria, así como la entrega de toda la documentación del expediente relativa a los controles realizados, certificaciones mensuales, etc."
En dicha petición, también se solicitaba que se requiriese a la concesionaria la "entrega del control de presencia, la relación del personal, justificación de compra o alquiler de la maquinaria preceptiva, ha añadido Sanguino. En esta línea, la edil socialista Llanos Cano ha afirmado que la solicitud, tanto de la convocatoria como de orden del día, fue reiterada por registro de nuevo el 7 de enero de 2020, pasados 4 meses sin convocar la comisión y lamenta que la misma se convoque el próximo 17 de enero de 2020 con un orden del día en el que solo se prevé la constitución de la comisión, acordar su plan de actuación con la presentación de propuestas y un último punto para ruegos y preguntas.
Para Cano, "es una desfachatez, tal como se están desarrollando los acontecimientos con los antecedentes que tenemos respecto a este contrato, que se convoque la comisión y sin voluntad alguna de conocer la verdad, si es que no se conoce ya y es por eso por lo que se produce la inexplicable demora y un orden del día irrisorio, tal como se demuestra por el hecho no solo de que se haga caso omiso de la solicitud de orden del día planteada por el PSPV-PSOE, sino que por parte del concejal responsable José Ramón González, ni siquiera se plantee la mínima actividad de investigación o actuación que indique ánimo de esclarecer lo que ha sucedido".
"Se evidencia tanto con la demora como con la convocatoria que se va a torpedear y retrasar en todo lo posible la comisión de investigación, manteniendo la opacidad y ocultación de este asunto", ha concluido Cano.
