ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante despeja más de dos años después el último paso administrativo pendiente para que el antiguo centro de oficios de la extinta patronal de la provincia de Alicante, Coepa, pueda tener una segunda vida ligada a su objetivo original: el de proporcionar formación profesional que permita la inserción laboral y que satisfaga la demanda de mano de obra cualificada de las empresas. Ese paso, preacordado como mínimo desde junio, no es otro que la cesión del derecho de superficie de la parcela de titularidad municipal sobre la que se asienta el edificio por otros 40 años adicionales, al margen de los diez que restaban por cumplirse respecto al acuerdo original, alcanzado con la Generalitat y con la desaparecida organización empresarial.

Las negociaciones para dar uso a ese inmueble se iniciaron en febrero de 2020, en el transcurso del tercer encuentro institucional celebrado entre el jefe del Consell, Ximo Puig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para abordar el desarrollo de distintas iniciativas de la Generalitat pendientes de ejecución en la segunda ciudad de la Comunitat, como la extensión de la red del Tram en los barrios de la zona sur, las actuaciones en colegios incluidos en el Plan Edificant o la construcción de los centros de salud de Garbinet, PAU 2 y Playa de San Juan. En esa reunión, se convino que se produciría la firma de un convenio para regular el nuevo uso del edificio, asumido por la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tras la liquidación de Coepa. 

Mediante ese convenio, debía sustanciarse la fórmula adecuada para la gestión del inmueble, lo que suponía resolver cuál de las dos administraciones asumía su titularidad de forma definitiva antes de acordar una posible extensión del acuerdo de cesión de la parcela sobre la que se levanta el edificio. Así, el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), llegó a plantear un anticipo de su reversión para que fuese el Ayuntamiento quien se convirtiese en propietario del centro de oficios antes del plazo previsto, a cambio de acondicionarlo y de hacerse cargo de la organización y puesta en marcha de los cursos de formación.

El Consell rechazó ese planteamiento, después de haber recibido el edificio como forma de compensación por el impago del préstamo concedido a Coepa para construirlo, y mantuvo su pretensión de que fuese Labora quien ejercitase la responsabilidad de completar sus obras y de impartir formación. De ahí que apostase por solicitar al Ayuntamiento la decisión inversa a la que proponía el bipartito: una ampliación en el periodo de cesión de la parcela municipal. No obstante, no fue hasta febrero de este año cuando se pudo completar la finalización del acuerdo, después de dos años de negociación -y de que se acometiesen varias revisiones del contenido del convenio- en los que se fijaron las condiciones y circunstancias definitivas del entendimiento alcanzado entre las dos administraciones. Entre ellas, se incluyó la garantía de una inversión mínima para finalizar y equipar el inmueble, que se valoró en 5,5 millones, o la cancelación de la hipoteca que todavía pesaba sobre él para que el inmueble pudiese revertir al Ayuntamiento libre de cargas, como también anticipó este diario.