El alcalde, Luis Barcala, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la recepción institucional celebrada durante su primera visita al Ayuntamiento. ALICANTE. El principio de acuerdo alcanzado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante para que el centro de oficios de la extinta Coepa pueda volver a tener uso se enfrenta a un último fleco por resolver. Y no uno cualquiera. Se trata de precisar cuál de las dos administraciones debe gestionar el inmueble, toda vez que -tras la liquidación de Coepa- la Generalitat es su legítima propietaria, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), pero no dispone de su derecho de uso, todavía oficialmente en manos de la desaparecida patronal provincial, en función del convenio a tres bandas (Generalitat, Ayuntamiento y Coepa) firmado con motivo de su construcción.
En su segundo encuentro institucional del presente mandato, tanto el jefe del Consell, Ximo Puig, como el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, compartieron la necesidad de que el edificio volviese a impartir formación profesional ajustada a la demanda del mercado de trabajo para garantizar la empleabilidad y la cobertura de las necesidades del empresariado en aquellos sectores enraizados en el ámbito territorial de Alicante. Entre ellos, según apuntaron, se prestaría especial atención también a la economía digital y a la innovación tecnológica, en sintonía con iniciativas como el Distrito Digital o la estrategia municipal de atracción de inversiones de 'Alicante Futura'.
En ese momento, ambos hablaron de la posibilidad de que se acordase una fórmula de cogestión, en la que se contaría con la implicación de los sindicatos y las organizaciones empresariales. Con todo, tras revisar las implicaciones que conllevaría ese sistema, la intención del equipo de Gobierno (PP y Cs) es plantear una propuesta alternativa: que la Generalitat acceda a anticipar la reversión del edificio para que pueda ser asumido ya por el Ayuntamiento, sin necesidad de esperar al año 2031, cuando vence el plazo de cesión del suelo sobre el que se sitúa el edificio.
En función de esa propuesta, el Ayuntamiento se encargaría de asumir los costes de los trabajos de reparación, mantenimiento y conservación del inmueble para restituir los daños ocasionados durante el tiempo en el que ha permanecido cerrado y en desuso, sujeto al impacto del vandalismo. Después, la actividad formativa sí podría canalizarse a través de la colaboración entre los servicios de la Agencia Local de Desarrollo y de Labora (el antiguo Servef). A priori, el objetivo del bipartito sería trasladar ese planteamiento a la Generalitat en un próximo contacto para poder recuperar el funcionamiento del centro en el menor plazo posible.
