ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), implantará medidas para limitar las molestias del ruido asociado a la actividad del ocio y la hostelería en la calle Castaños, como establece la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3, en la que se estima la demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por dos vecinos a título particular y se conmina a la administración local a aplicar una Zona Acústica Saturada (ZAS). Pero no solo eso. El objetivo de los populares es extender esas medidas tendentes a la reducción de las molestias al conjunto de vías del perímetro de la calle Castaños -y no solo a esa vía concreta como establece la sentencia-, mediante la elaboración de un plan de ordenación, según ha anticipado este martes el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
Villar ha señalado que la implantación de esas medidas para favorecer el descanso vecinal se desarrollarán al margen de que pueda plantearse la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como ya sucedió en 2019, cuando se conoció la primera sentencia favorable a los vecinos (en aquel momento, en un procedimiento iniciado por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional). Por lo pronto, la intención del equipo de gobierno es estudiar ese posible recurso al no compartir parte de las apreciaciones recogidas en la sentencia, como el hecho de que se considere que el Ayuntamiento no haya actuado para tratar de solucionar el problema a pesar de las quejas reiteradas manifestadas por los vecinos y de la existencia de varios informes previos.
La tesis que defiende el equipo de gobierno es justo la contraria: que sí se ha intervenido para encontrar fórmulas que permitiesen conciliar el derecho al descanso con el desarrollo de la actividad hostelera desde que, en diciembre de 2019, se incoó el expediente para tramitar la declaración de la ZAS. En esta línea, Villar ha señalado que, tres meses después, llegaron las restricciones sobre el sector de la hostelería como consecuencia de la irrupción de la pandemia, por lo que el expediente quedó paralizado. Según ha explicado, el trabajo se retomó cuando decayeron las limitaciones, mediante el encargo de un trabajo de consultoría para disponer de mediciones actualizadas y el incremento de los controles policiales sobre el cumplimiento de los horarios. Villar ha señalado que, fruto de esa labor, se pudo concluir que "no se trata de un problema de incumplimiento de horarios porque, de hecho, no se han impuesto prácticamente sanciones por ese tema".
Sea como fuere, ha apuntado que los servicios jurídicos municipales ya habían registrado un escrito de solicitud de aclaración de sentencia ante el jugado para que se disipasen aparentes contradicciones en cuanto a su contenido. En primer término, en lo que respecta a la estimación íntegra de la demanda vecinal, que se establece en la sentencia, a pesar de que, a la postre, acaba limitándose la obligación de aplicar una ZAS a la calle Castaños, y no al conjunto de calles de su entorno, como solicitaban los vecinos demandantes. Y en segundo lugar, en lo que atañe, precisamente, a la supuesta inacción municipal también señalada en la sentencia, toda vez que en el procedimiento constaría que sí se incoó el expediente para declarar la ZAS en 2019.
A partir de ahí, se valorará si, en último término, se opta por presentar un recurso de apelación para que el alto tribunal autonómico se pronuncie sobre aspectos como la vulneración de los derechos fundamentales apuntados en la sentencia, en un apreciación que el equipo de gobierno no compartiría. En cualquier caso, la interposición de ese hipotético recurso no impedirá que se adopten las medidas de limitación de ruido que conlleva una ZAS, entre las que "se incluirán todas las que se contemplan en ese tipo de figura", según ha apuntado Villar. En ese ámbito, cabría desde la reducción de horarios hasta la posibilidad de acordar cierres de negocios, como ya se anticipó en diciembre de 2021, aunque el edil de Medio Ambiente no ha llegado a concretar qué tipo de decisiones se prevé adoptar hasta que no esté completado el trabajo de planificación con una propuesta definitiva. "El margen que implica una ZAS es el que es", se ha limitado a anticipar Villar.
Lo cierto es que la misma ordenanza frente a la contaminación acústica que se aprobó de forma inicial hace un año, y que sigue pendiente de la resolución de las alegaciones presentadas para que pueda ratificarse en pleno, ya contemplaba los supuestos en los que el Ayuntamiento iniciaría el procedimiento para declarar una ZAS: que se superase "dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo de treinta y cinco días naturales" con un exceso de 20 decibelios (dB) respecto al umbral máximo permitido para zona residencial.
