ALCOY. El conflicto que se vive en el servicio de autobús comarcal entra en una nueva fase, después de que desde el sindicato CGT hayan apuntado responsabilidades no solo de la Generalitat, sino también del Ayuntamiento de Alcoy. Por ello, el gobierno alcoyano ha denunciado "la manifiesta instrumentalización política que el sindicato CGT está realizando en el conflicto laboral de la empresa La Alcoyana" y quiere dejar claro que "el consistorio mantiene su disposición a acompañar las reivindicaciones donde corresponda, que es ante la Generalitat Valenciana. Sin embargo, considera inadmisible que las protestas se estén utilizando para orquestar una campaña de ataques exclusivos contra el Ayuntamiento de Alcoy, precisamente la administración que más ha trabajado para mediar a pesar de no tener ninguna competencia legal sobre el contrato".

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el servicio de transporte interurbano que presta La Alcoyana (Vectalia) "es una competencia exclusiva de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Esta línea no es un servicio urbano de Alcoy, sino un eje vertebrador que conecta poblaciones como Muro, Cocentaina, Ibi, Castalla, Onil, Tibi, San Vicente del Raspeig y Alicante. Resulta del todo incomprensible y demuestra la intencionalidad política de la protesta que la CGT ignore sistemáticamente al resto de ayuntamientos afectados y focalice toda su beligerancia contra el gobierno de Alcoy, llegando incluso a difundir cartelería de muy mal gusto con acusaciones falsas".

El gobierno municipal reafirma su postura de "apoyo a los trabajadores para exigir un servicio digno", pero insiste en la necesidad de "ir unidos allí donde se toman las decisiones". Asimismo, el ejecutivo local expresa su "profundo malestar por el intento de confundir a la ciudadanía dirigiendo la ira hacia quien ha ofrecido la mano tendida desde el primer día, mientras se olvida conscientemente que la solución legal y técnica está en manos de la administración autonómica".

El equipo de gobierno reitera que la Ley de Bases de Régimen Local y la normativa de transportes son claras y con ello insisten en que "el Ayuntamiento de Alcoy no puede intervenir en un contrato que no es suyo, ni tiene capacidad sancionadora sobre una concesión autonómica. A pesar de este marco legal, el Ayuntamiento ha mantenido una actitud proactiva constante, reuniéndose con los trabajadores, cediéndoles la palabra en el Pleno Municipal y colaborando con la plataforma ciudadana por el transporte público".

El Ayuntamiento exige al sindicato "rigor y responsabilidad. Continuar señalando a la administración equivocada no solo es un error de estrategia que no soluciona el problema laboral, sino que supone un engaño a los usuarios". El consistorio reitera su "ofrecimiento de ir de la mano para reclamar ante la Generalitat, pero no tolerará que se utilice un problema serio de movilidad como ariete político partidista contra la institución local".