Nadie duda actualmente que las técnicas y tecnologías emergentes como Big Data, Inteligencia Artificial o Machine Learning ofrecen a las organizaciones y a la sociedad en general, un infinito abanico de posibilidades, en tanto en cuanto les permite adquirir un conocimiento profundo de sí mismas y de su entorno.
Según una encuesta realizada en 2018 por McKinsey & Company a empresas acerca de la adopción de Inteligencia Artificial, un 47% de los encuestados mencionaban haberla incorporado en algún proceso de negocio, lo que supone un incremento significativo con respecto a un estudio similar realizado en 2017, donde sólo un 20% de participantes afirmaban usar este tipo de soluciones.
Un número significativo de organizaciones se encuentran actualmente embarcadas en su incorporación a las denominadas Data-Driven Industries o, dicho de otro modo, aquellos que utilizan los datos como vía de soporte a la toma de decisiones, mejora de sus procesos, o desarrollo de nuevos productos o servicios.
Ante este contexto, los partidos políticos no se muestran indiferentes y son muchos los que ven en la tecnología una gran oportunidad para responder a los retos de la política actual.
Sin embargo, lo que ahora mismo está transcendiendo es la posibilidad de hacer un “mal uso” de estas tecnologías. Todos estamos familiarizados con conceptos como “fakes news” o “bots”, noticias o perfiles ideológicos falsos, generados de forma sintética mediante Inteligencia Artificial, algunos lo suficientemente sofisticados como para mantener una conversación, y dirigidos a generar desinformación con el objetivo de “manipular” la opinión pública en periodos de campaña electoral. En el momento político actual, en el que el número de votantes indecisos registra datos históricos, esa manipulación, adquiere especial relevancia.
Sin embargo, los datos personales sobre opiniones políticas son extremadamente sensibles y deben ser tratados con un escrupuloso cuidado. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD,) como recientemente el Tribunal Constitucional se han pronunciado al respecto, prohibiendo que los partidos políticos puedan hacer un rastreo ideológico, utilizando para ello redes sociales como Twitter o Facebook.
