CASTELLÓ. Los nuevos gestores de las áreas de servicio de la AP-7, que aún debe determinar un proceso derivado de la liberalización de la autopista, todavía deberán esperar un tiempo para comenzar a explotar sus negocios. Un recurso de BP Oil España, interpuesto el pasado 10 de noviembre y aceptado por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, ha paralizado el procedimiento, que este verano había determinado, de forma provisional, a sus adjudicatarios. 

La compañía con sede en Castellón pero que gestiona su división de gasolineras desde Madrid considera que la Mesa de Contratación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha saltado la Ley de Carreteras y el propio pliego para adjudicar cuatro de las áreas de servicio a la italiana Eni, dos a Cepsa, otras dos a Galp y una a la propia BP. 

En una posibilidad de la que ya advirtió este medio en su información del pasado verano, la compañía originaria del Reino Unido considera que el procedimiento no es válido al adjudicar a la misma empresa (Eni) dos áreas consecutivas en el trazado de la AP-7, las catalanas de l'Hospitalet y el Baix Ebre. Esta es una posibilidad que niegan el pliego y la ley, y para saltársela, la Mesa de Contratación recurre a una explicación sobre gasolineras cercanas fuera de la autopista.