Alicante, tras 3 años de bipartito: 144 millones por gastar, sin Palacio ni PGOU... y sin candidatos

ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el primer bipartito municipal de la democracia conformado por dos fuerzas del eje del centro-derecha (Partido Popular y Ciudadanos), cruza este próximo jueves, 26 de mayo, el tercer aniversario de las elecciones que permitieron su llegada al poder. En esa cita con las urnas, el PP encabezado por Luis Barcala obtuvo 9 concejales (uno más que en 2015) y Ciudadanos, 5 (uno menos que cuatro años antes), lo que propició que ambos estableciesen una alianza política al frente de la segunda ciudad más poblada de la Comunitat que se selló justo un día antes del pleno de investidura.

Desde entonces, los dos partidos fijaron una hoja de ruta con una larga lista de compromisos comunes que, por ahora, no han llegado a completarse. Algunos sí se han cubierto, como la aprobación de una ordenanza de convivencia cívica gestada con la intención de atajar conductas denostadas por los vecinos, según el argumentario esgrimido por PP y Cs, que ni los partidos progresistas ni las entidades sociales comparten. Otros se han iniciado, como el plan renove con el que se pretendía mejorar y modernizar la escena urbana en todos los barrios de la ciudad mediante el desarrollo de obras de reurbanización. Para otros solo existen planos o convenios con calendarios inciertos, como la rehabilitación de La Británica o el proyecto del centro de congresos, del que aún no se ha formalizado ni el contrato para seleccionar su diseño. 

Y otros se acaban de abordar justo ahora -dos años después de la aprobación del catálogo de protecciones que aún no ha validado la Generalitat- con la primera fase de la tramitación de un nuevo Plan General, para el que se acaba de licitar la contratación de siete consultorías externas que resultan necesarias como instrumento de diagnóstico previo. Así, en el último año al menos se habría descorchado esa botella, aunque sin que exista garantía de que se vaya a disponer del Plan General estructural comprometido en campaña antes de mayo de 2023.

Lo cierto es que el conjunto de compromisos políticos adquiridos por PP y Cs se vio alterado a partir de marzo de 2020 con la irrupción de la pandemia del coronavirus. La interrupción de plazos administrativos, las dificultades que entrañó el teletrabajo y la emergencia de necesidades sobrevenidas (como la necesidad de ayudar a colectivos vulnerables y a los sectores del tejido productivo local más perjudicados) lastraron los planes iniciales. Y es ahora cuando se pretende reactivarlos. En realidad, coincidiendo con la planificación que se había orquestado durante los primeros compases del mandato: la de concentrar la mayor parte de las inversiones en su recta final. Justo el mismo propósito que había manejado el extinto tripartito para el periodo 2015-2019 y que acabó truncándose por la acumulación de crisis internas, el estallido del caso Comercio y el voto en blanco con el que la edil no adscrita Nerea Belmonte (exconcejal de Guanyar expulsada por su propio grupo) acabó traspasando la línea del transfuguismo al consentir la elección de Luis Barcala: un alcalde de un signo político distinto al que ella había votado tres años antes. 

Por partes. El bipartito sí ha completado ya varias obras de renovación urbanística en zonas como la Plaza del Progreso, San Gabriel, Rabasa, el parque plaza de Benalúa, La Explanada o Padre Esplá, por ejemplo, aunque en algunas de ellas -como en los dos últimos casos- ha tenido que lidiar con retrasos o sobrecostes (no ajenos a la mayoría de las obras). En la actualidad, se encuentran en pleno desarrollo otras actuaciones como la peatonalización del eje Constitución-Bailén, la reforma de la Plaza Nueva o la reurbanización de la calle San Mateo, por ejemplo. Con todo, otras siguen sin ejecutarse, pese a que se han anunciado en reiteradas ocasiones, como sucede con la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova. 

En realidad, es ahora cuando se pretende darles salida, aún a riesgo de multiplicar las quejas por las molestias que puede conllevar la acumulación de obras. Por lo pronto, ya se cuenta con 37 millones incluidos en los presupuestos municipales para ejecutar una primera relación de inversiones, que se prevé reforzar con los 7,2 millones ya incorporados para desarrollar los proyectos de peatonalización y de modernización cofinanciados por la Unión Europea (la reurbanización del eje Canalejas-Marvá, la del Paseo de los Mártires de la Libertad o la de la avenida de Jijona, entre ellas). Además, también se ha licitado la contratación de un préstamo bancario para disponer de otros 20 millones para sufragar otras actuaciones con plazos de obra más prolongados. 

Por si fuera poco, ya se da por cerrada una segunda modificación de créditos con la que se pretende impulsar otro paquete de obras tras la incorporación de parte de los 80 millones (previsiblemente, algo más de la mitad de ellos) en ahorros o remanentes. En principio, ese ajuste contable podría quedar validado en pleno antes de que concluya este mes y no se descarta nuevos ajustes presupuestarios para promover otras actuaciones en lo sucesivo. Así, el bipartito contaría con hasta 144 millones en el cajón listos para gastar en la transformación urbana, a desarrollar a varios años, a la que suele aludir el mismo alcalde, Luis Barcala, en buena parte de sus comparecencias públicas. Eso sí, está por ver qué cantidad de esas intervenciones llegan a pasar del plano o del render, y en qué momento concreto, a la vista del colapso al que se podría dar lugar en el departamento de Contratación para analizar y supervisar las ofertas que puedan presentarse a cada una de esas licitaciones. 

En Contratación, como mínimo, ya se ha puesto orden a la mayor parte de las grandes contratas de servicios pendientes de renovación. Ya hay nuevos adjudicatarios para el mantenimiento de zonas verdes y para la limpieza de colegios y dependencias municipales, y se acaba de licitar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos con un incremento del 23% en su presupuesto, tras los recortes que se tuvieron que aplicar en 2012 como consecuencia del Plan de Ajuste al que se encontraba sometido el Ayuntamiento. Eso sí, esa licitación se ha lanzado tras la concesión de una prórroga que se prometió que no se otorgaría. Y todavía se tendría que licitar la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent: el tercer pilar incluido en el contrato actual. De igual modo, también se debe lanzar el concurso sobre el servicio de transporte público en autobús -igualmente, prorrogado- para el que se espera una convocatoria inminente, en este mes de junio.

En estos tres años, sí se ha terminado de sanear la contabilidad municipal en una labor que ya se inició bajo la etapa de PSOE, Guanyar y Compromís, en la que se contuvo el gasto para amortizar la deuda arrastrada de la etapa precedente. Esa tarea quedó culminada en 2020 -sin renunciar, además, a la línea de la contención fiscal (rebaja lineal del 5% del IBI y bonificaciones en el IAE y el ICIO) que persiste en exhibir el PP desde 2018- cuando el bipartito acabó liquidando toda la deuda con los bancos (aunque ahora se ha dado pie a la contratación del nuevo crédito de 20 millones, ya citado) en un contexto en el que la izquierda reclamaba usar los remanentes para reforzar la respuesta social frente a la crisis económica generada por la pandemia.

Desde 2019, también se ha conseguido mantener la estabilidad institucional que no conservó el tripartito. Pese a la existencia de discrepancias y de diferencias de opiniones (básicamente, sobre qué iniciativas debían priorizarse, y en el refuerzo de determinadas áreas sociales), PP y Cs han preservado las formas en su relación de convivencia política y han despejado cualquier fantasma de moción de censura que pudiese haber prendido por propagación de las crisis desencadenadas en otras instituciones. Todo, pese a los acercamientos que sí se han llegado a producir en algunos ámbitos (urbanismo, área LGTBI) entre Cs y el PSOE, por ejemplo; o de los desencuentros que se han generado por la búsqueda del sustento de Vox (la columna en la que el bipartito ha podido sustentarse en votaciones complejas) en varias decisiones de contenido político o económico (como los propios presupuestos).

De igual modo, también se ha tratado de reforzar la promoción turística de la ciudad, con el reto de sacar rendimiento a piezas como el Castillo de Santa Bárbara, pese a no disponer todavía de un plan estratégico específico sobre el sector ni un gerente al frente del Patronato de Turismo. Y, como mínimo, se han sentado las bases para facilitar la atracción de empresas interesadas en asentarse en la ciudad, al margen de cuál haya podido ser la influencia real de la estrategia Alicante Futura en los aterrizajes que ya se han producido. 

Ahora bien, no han sido menos sonados otros lances (controvertidos cuando no erráticos) aún no resueltos, como los encontronazos desencadenados en prácticamente todas las iniciativas desplegadas por la Generalitat en Alicante: entre ellos, la tramitación de los colegios del Plan Edificant, la retirada del fibrocemento en centros preexistentes, la gestión del refuerzo de trabajadores para el departamento de Acción Social, o la cesión de suelo para la construcción de los centros de salud del Garbinet, el PAU 2 o La Condomina. Tampoco se ha dado una solución definitiva a problemas como el ruido asociado a la concentración de la actividad hostelera en barrios como el Centro Tradicional o el Casco Antiguo, ni se ha cerrado la brecha social en los barrios de la Zona Norte, pese a que se continúa trabajando en la redacción del segundo Plan Integral para el que se anuncia una inversión de 100 millones. Y, por último, el bipartito no ha sido ajeno a controversias que han generado indignación social, como el supuesto trato de favor conferido a algunos aspirantes en las oposiciones a la Policía Local del llamado caso enchufes, del que -al menos, hasta ahora- no se ha llegado a demostrar nada. 

En todo caso, al menos el PP sí llega a un año de la próxima cita con las urnas con otro trabajo hecho. Si se prefiere, con una incógnita despejada: la del nombre que, presumiblemente, protagonizará su cartel electoral en 2023. Salvo cambio imprevisto, todo parece indicar que Luis Barcala optará a la reelección. Él ya ha hecho pública su predisposición, a sabiendas de que en el PP es tradición que todo alcalde vuelva a concurrir por retener la vara de mando. Por el contario, ninguno de los que lideraron el resto de las listas en 2019 ha llegado a dar ese paso. Primero, porque sus respectivos partidos todavía no han concretado el proceso por el que se pretende organizar la selección de sus candidatos. Y segundo, porque no todos tienen despejada su continuidad. Ni siquiera la vicealcaldesa de Alicante, edil de Turismo y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez. 

En el caso de su partido, ni siquiera se ha desvelado todavía cuál va a ser el procedimiento para escoger a su candidato a la Generalitat, cuando -a priori- se espera que ese sea el primer paso para que se concrete el resto de candidaturas. En principio, Sánchez podría seguir siendo la mejor posicionada para repetir como número 1 por la Alcaldía de Alicante si se tiene en cuenta que es, junto a la vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, el principal cargo institucional del partido en el conjunto de la Comunitat. Ahora bien, la dirección orgánica de Cs ya no es la de 2019, que la designó como alcaldable. Así que todo queda abierto.

Tampoco hay alcaldable claro en las filas del PSOE, a la espera de que pueda convocarse el esperable proceso de primarias, previsiblemente, en noviembre. Todo parece indicar que su actual portavoz municipal, Paco Sanguino (para el que sectores del propio partido siguen tratando de buscar un relevo en el ayuntamiento), no repetirá y que la dirección autonómica, previa consulta con la dirección nacional, podría optar por promover otro candidato distinto. Desde antes de que se produjese la reciente remodelación del Consell, ya se venía especulando con el nombre de la exconsellera de Sanidad y actual síndica del PSPV-PSOE en les Corts, Ana Barceló, como la elegida. En principio, es cierto que es la que contaría con un mayor grado de conocimiento entre el electorado por su papel en la gestión de la pandemia. Y, además, tendría el mandato expreso de reforzar su presencia en Alicante. Pero con la crisis del ejecutivo autonómico se añade, además, otro nombre alternativo: el de la nueva consellera de Innovación, Josefina Bueno, que también tendría la encomienda de darse a conocer desde el único departamento autonómico con sede oficial en la ciudad. A priori, serían las dos principales opciones, aunque -de no prosperar- el secretario general de la agrupación local, Miguel Millana, no ha dudado en postularse.

Por lo que respecta a Unides Podem EU, todo son incógnitas. En primer lugar, porque la primera decisión que se debe adoptar en el escenario nacional es si se reedita esa confluencia, si se opta por concurrir por separado o si se apuesta por una fórmula todavía más amplia que pueda abrazar a otras formaciones políticas. Y, en segundo término, porque se debe dirimir cuál va a ser el proceso para elegir a sus candidatos: bien proceso de primarias, o bien que se contemple la posibilidad de que repitan aquellos que lograron representación institucional en 2019. En el caso de Alicante, eso implicaría que su portavoz municipal, Xavier López, repitiese como alcaldable.

Otro tanto similar valdría para el caso de Compromís. En la coalición valencianista tampoco se prevé abordar el proceso de elección de candidaturas, como pronto, hasta después del verano. Como en Unides Podem EU, debería despejarse bajo qué condiciones se decide concurrir a las urnas, aunque todo parece indicar que se apostará por concurrir en solitario. Y, a priori, podría contarse de nuevo con su portavoz municipal, Natxo Bellido, como cabeza de cartel toda vez que contaría con el aval de la experiencia y del reconocimiento entre la ciudadanía tras ocho años en el ayuntamiento.

Y, por último, Vox. El partido de Santiago Abascal -quizá el que dispone de una organización vertical más acusada de todos- tampoco ha definido nada respecto a la designación de sus alcaldables. Puede que ese proceso se acabe retrasando, incluso, hasta principios de 2023. En principio, su actual portavoz, Mario Ortolá, podría tener opciones de repetir candidatura, al mantener la confianza de la cúpula nacional del partido, a través de su secretario general, Javier Ortega Smith.