Vista panorámica del casco urbano de Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Nuevo intento para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), prevé licitar este martes, en Junta de Gobierno, la contratación de hasta siete asesorías externas que resultan necesarias para abordar la revisión del planeamiento. Se trata de estudios previos necesarios para la consecución del Plan General Estructural (el esqueleto de la nueva regulación) que permitirán avanzar en la obtención de suelo urbano e industrial, sin necesidad de aguardar a su aprobación definitiva, como avanzó este diario en diciembre.
Con esas contrataciones, se da un nuevo impulso para contar con un nuevo PGOU que sustituya al de 1987, tras el intento fallido para contar con una nueva planificación urbanística promovida a partir de 2007, de la que se acabó desistiendo a principios de 2015, después de que trascendiesen las investigaciones sobre un supuesto amaño en el marco del caso Brugal que, para la Audiencia de Alicante, no habrían quedado acreditadas, en sentencia dictada el pasado mes de julio pendiente de la resolución del recurso anunciado por la Fiscalía Anticorrupción.
Al tiempo, el acuerdo supone avanzar en el cumplimiento del compromiso electoral asumido tanto por PP y Cs como por el resto de formaciones políticas durante la campaña electoral de 2019, que el bipartito reeditó en el desarrollo del primer debate sobre el estado de Alicante, en 2020. Desde entonces, se ha liquidado el contrato precedente, adjudicado al gabinete Laboratorio de Proyectos del arquitecto Jesús Quesada, y se ha reactivado el funcionamiento de la Oficina del Plan General con la selección de su nueva directora, Leticia Martín, como también informó este diario. Además, también se ha aprobado inicialmente el nuevo catálogo de protecciones de la ciudad, todavía pendiente de informes definitivos del Consell que avalen su validez, dos años después de que el documento quedase aprobado en pleno.
Por lo pronto, fuentes municipales han detallado, a través de un comunicado, que el acuerdo que se prevé adoptar en Junta Local comprende la contratación del servicio de asistencia técnica "para redacción del borrador del Plan General Estructural más el documento inicial estratégico". La contratación se ha dividido en siete lotes con un valor estimado conjunto del contrato de 382.451,84 euros IVA incluido, y que se pretende que puedan estar finalizados antes de que finalice el presente año.
El primero de ellos se adjudicará para el estudio de las infraestructuras de red primaria de Alicante y su entorno metropolitano, con un plazo de ejecución de ocho meses y un valor estimado 49.643,40 euros, IVA incluido. Se centrará en el informe de las áreas relacionadas con transportes, abastecimiento o drenaje de aguas, electricidad o conexión con puerto o aeropuerto, entre otros muchos servicios que afectan en la ciudad y su entorno al conjunto de la ciudadanía.
En segundo lugar, se realizará un estudio específico para la concreción de los riesgos naturales del término municipal en base a lo previsto en el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana y delimitación de unidades ambientales, con un plazo de ejecución de seis meses y un valor estimado de 36.911,90 euros, IVA incluido. En esta prospección se analizará los efectos e impactos medioambientales que se puedan derivar por causas naturales y que pueden ir desde el riesgo de inundaciones o incendios forestales hasta la propia erosión del terreno, incluyendo la sismicidad del territorio.
También se encargará la realización de un estudio de población y vivienda, con un plazo de ejecución de nueve meses y un valor estimado de 56.009,15 euros, IVA incluido, donde se llevará a cabo un informe socio-demográfico de la población para ver su evolución y características. Se pretende, paralelamente, adquirir un conocimiento más profundo del estado de la vivienda en la ciudad para determinar su estado, tipología y necesidades de actuaciones de rehabilitación, entre otros objetivos.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez.Asimismo, se hará un estudio del suelo rural para analizar la capacidad de acogida de los suelos protegidos y no protegidos realizando una zonificación, tal como marca la legislación vigente, con el fin de poder determinar el uso que se le pueda dar en el futuro. Este lote cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y un valor estimado de 49.643,40 euros, IVA incluido.
Además, se licitará un contrato que incidirá en el Paisaje e Infraestructura Verde, con un plazo de ejecución de seis meses y un valor estimado de 36.911,90 euros, IVA incluido. El informe de Infraestructura Verde está considerado como el elemento vertebrador básico de un territorio que define, de forma previa, cualquier actuación posterior. Se trata, en resumen, de la filosofía de la ley valenciana que rige la ordenación del mismo. Por su parte, el estudio de Paisaje pretende detectar el estado visual de la ciudad que será percibido por el ciudadano, según concreta el comunicado.
Urbanismo estima que los siete informes puedan estar finalizados antes de que concluya 2022
De forma paralela, se añade un lote para un análisis de los suelos consolidados (capacidad de acogida) y un análisis de barrios para el estudio de las dotaciones y equipamientos de red primaria de Alicante. con un plazo de ejecución de ocho meses y un valor estimado de 48.702,49 euros, IVA incluido. En el nuevo Plan General, el barrio se convierte en la unidad funcional por excelencia ya que es el entorno más cercano para los vecinos. De este modo, se estudiará las dotaciones principales que reúnen en materia sanitaria, educacional, deportiva o de cualquier otra tipología que afecte a todos los ciudadanos.
Por último, se aprueba la licitación de la organización de documentación del Borrador del Plan General Estructural más el Documento Inicial Estratégico en sistema de información geográfica (SIG), con un plazo de ejecución de dieciséis meses y un valor estimado 104.629,60 euros, IVA incluido. Este requisito, recogido en la legislación, mejorará el análisis del territorio para conocer las necesidades reales de cada ámbito. "A pesar de los plazos marcados en el acuerdo que se aprobará este martes, desde la Concejalía de Urbanismo se pretende que, como mejora, los estudios estén finalizados antes de que finalice el presente año", concluye el comunicado.
