Los representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Felipe Briones y Pablo Romero. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción vuelve a caminar sobre sus propios pasos en otra de las causas derivadas del caso Brugal y confirma el anuncio de recurso ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia absolutoria dictada por la Sección Tercera de la Audiencia respecto a las irregularidades investigadas en la tramitación del que iba a convertirse en el nuevo PGOU de Alicante. Se trata de la misma decisión que se siguió respecto a la sentencia (también absolutoria) dictada por la Sección Séptima respecto al proceso seguido sobre la adjudicación del servicio de recogida de la basura de Orihuela: la causa matriz de Brugal, sobre la que se desgajaron una veintena de causas paralelas posteriores.
Fuentes jurídicas consultadas indicaron que el anuncio del recurso sobre la pieza relacionada con el planeamiento urbanístico de la capital quedó registrado a finales de la semana pasada, días antes de que se dé por cerrado el plazo establecido para hacerlo. A partir de ahora, la formalización efectiva del recurso quedará en manos de la Fiscalía del TS, tras el estudio de la propuesta que eleve la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Es decir, exactamente el mismo trámite que se siguió con el recurso presentado respecto a la causa sobre la basura de Orihuela, todavía pendiente de resolución por parte del alto tribunal.
Hasta ahora, no ha trascendido la fundamentación en la que podría basarse esa propuesta de casación, puesto que en el trámite de anuncio del recurso no se exige el avance de ninguna motivación. En cualquier caso, sean cuales sean los argumentos concretos que se puedan esgrimir, el objetivo seguirá siendo el mismo que en la rama oriolana: que el Supremo revoque el fallo de la Audiencia en busca de la pretendida condena para el conjunto de los procesados. En este caso, los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el promotor Enrique Ortiz, los letrados de Salvetti Abogados (José Luis Castedo y Javier Gutiérrez), el constructor Ramón Salvador, y tres personas vinculadas a empresas de Ortiz como trabajadores o como responsables de sociedades con las que las compañías del promotor concertaron la realización de determinados trabajos (Pablo Rico, Santiago Bernáldez y Virgilio Ortiz, hermano del empresario).
Los dos anuncios de recurso ya conocidos conllevan que la sentencia no pueda adquirir firmeza hasta que el TS se pronuncie sobre ellos
El anuncio del recurso de la Fiscalía se suma, así, al también presentado por la representación legal del exalcalde Luis Díaz Alperi. El exprimer edil resultó condenado a una pena de multa, junto al promotor Enrique Ortiz, como autores de sendos delitos de cohecho impropio por la recepción o entrega de regalos (un viaje a Creta en el caso del expolítico, y una chaqueta obsequiada a la también exalcaldesa Sonia Castedo, en el caso del empresario) que el tribunal no consideró vinculados a ningún supuesto amaño en favor de los intereses del constructor.
Por el momento, se trata de las dos únicas partes del proceso que han comunicado su intención de solicitar la casación de la sentencia, después de que tanto el Ayuntamiento de Alicante -que ejerció la acusación particular- como la agrupación local de EU -que asumió la acusación popular- hayan descartado su intención de recurrir. Con todo, la defensa de Ortiz sí estaba sopesando esa posibilidad hasta finales de la semana pasada, como informó Alicante Plaza. En todo caso, el anuncio de esos recursos ya confirmados tiene una primera consecuencia inmediata: que la sentencia absolutoria no acaba adquiriendo firmeza. Así, los nueve procesados seguirán quedando a la espera de que el Supremo dirima esos recursos para conocer si quedan exonerados de toda responsabilidad penal de forma definitiva.
