El alcalde, Gabriel Echávarri, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, y el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón. Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante sopesa la posibilidad de llamar a la puerta de los bancos en busca de crédito. Lo hizo en 2016, al concertar un préstamo por 9 millones de euros para financiar actuaciones como por ejemplo la reforma de la Casa de la Festa (adjudicada hace una semana a una UTE liderada por La Generala). El planteamiento ahora es repetir la operación para poder acometer obras que requieran de plazos de ejecución prolongados que no pueden desarrollarse bajo el formato de inversiones sostenibles al quedar sujetas a plazos muy estrictos.
Hasta 2016, los Presupuestos Generales del Estado han constreñido la ejecución de esos proyectos sostenibles al establecer que sus trabajos deben estar completamente finalizados a 31 de diciembre del año en curso. En caso contrario, el dinero no invertido debe destinarse necesariamente a cubrir deuda.
El PP ha introducido una enmienda a su propio proyecto de presupuestos para este ejercicio 2017 que plantea levantar esa limitación temporal. De aprobarse, como todo indica que puede suceder, esas obras sostenibles -pagadas con el dinero sobrante (no gastado) de los presupuestos del año anterior- podrán ejecutarse más allá del fin de año.
Con datos ya cerrados por la Concejalía de Hacienda, Alicante dispone de un remanente de entre 28 y 29 millones de euros para poder destinarlos a esas obras sostenibles, no incluidas en los presupuestos municipales de 2017. En esa planificación económica, el tripartito tuvo que ajustarse al techo de gasto marcado por el Gobierno central y tuvo que ceñir la partida de inversiones a la cifra de 10 millones. Con esa suma, PSOE, Guanyar y Compromís garantizaban tres puntos básicos: la ampliación del cementerio, la reurbanización del área de Las Cigarreras (las obras que forman parte de la llamada estrategia DUSI) y el proyecto de monitorización del tráfico "Alicante se mueve".
Con el remanente de crédito, los tres partidos dispondrían de una suma global de 39 millones para impulsar obras en un momento clave: justo cuando se cumple el ecuador del mandato y cuando todavía existe un plazo más que suficiente para llegar a 2019 -año electoral- con los deberes hechos.
El préstamo ampliaría los recursos al alcance del tripartito para ejecutar proyectos en el ecuador del mandato, con plazo suficiente para que estuviesen listas en 2019
En principio, proyectos no faltan: en el proceso de confección de los presupuestos de 2017, las concejalías llegaron a presentar peticiones de fondos con un exceso de gasto de más de 35 millones respecto a las posibilidades reales. El acuerdo, entonces, fue priorizar las inversiones urgentes y posponer el resto de peticiones a los años venideros. Entre esas grandes obras, por ejemplo, se incluiría la construcción de un pabellón deportivo con capacidad para mil personas en Playa de San Juan, sobre una parcela de propiedad municipal situada entre la avenida Locutor Vicente Hipólito y la calle Fotógrafo Francisco Cano.
En este momento, la propuesta que está sobre la mesa de los tres socios es ampliar esa cartera de recursos con un préstamo (por un importe todavía a determinar) para garantizar capacidad de maniobra al margen de lo que se fije en los Presupuestos Generales del Estado. Si finalmente no se levanta la restricción temporal para las inversiones sostenibles, Alicante podría usar ese crédito para acometer proyectos de cierta complejidad. En ese caso, se entiende que el importe solicitado a los bancos sería por una suma mayor. En el caso de que la enmienda del PP tenga éxito -es decir, que se retiren los límites para las sostenibles- el tripartito seguiría teniendo la opción de pedir ese préstamo como vía de financiación complementaria. La resolución definitiva se conocerá en menos de dos semanas.
Sea como fuere, las fuentes consultadas precisaron que la petición del crédito es viable desde el punto de vista técnico, ya que, señalan, el ayuntamiento está muy por debajo de sus límites de endeudamiento. Otras fuentes sostienen que la contratación del crédito podría estar condicionado al plan de ajuste y que podría requerirse autorización del Ministerio de Hacienda.
