El tripartito tendrá que repartir 10 millones en inversiones para Acción Social, Turismo y Empleo

ALICANTE. Los tres partidos que comparten responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guanyar y Compromís, se adentraron este miércoles en la fase dura de la negociación de los presupuestos municipales de 2017 con el reto de rebajarlos en más de 35 millones, a partir de las necesidades expresadas durante las últimas semanas por cada una de las concejalías. Así lo confirmó el propio alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), horas antes de que se iniciase esa primera reunión de criba, al detallar que el ayuntamiento -intervenido por el Ministerio de Hacienda y sometido a un férreo plan de ajuste hasta 2022- sólo está capacitado para ampliar las cuentas en un 1,8%, lo que se traduce en 4,5 millones más respecto al balance de 2015. Una cantidad irrisoria si se compara con la cifra global solicitada por el conjunto de las áreas, que supera los 40 millones.

En principio, los límites inamovibles (provisionales hasta que el nuevo Gobierno concrete el techo de gasto) son dos: el citado 1,8% de crecimiento para el gasto corriente y la barrera de los 10 millones para acometer inversiones. ¿Cuestiones que parecen clave? Que se primarán las necesidades manifestadas por Acción Social (en manos de Guanyar), ya que "la máxima de este equipo de Gobierno sigue siendo la de rescatar personas", según concretó su portavoz, Natxo Bellido; y las del área de Turismo (gestionada por el PSOE), puesto que se trata del sector "que más está contribuyendo a la generación de empleo a corto plazo y está respondiendo bien a la apuesta que se hizo en 2015", según explicó el primer edil. "Creemos que debemos mantener esa apuesta", enfatizó. En esta línea, también se considera estratégico ampliar la provisión de fondos para Empleo (dirigida por Compromís) precisamente con el mismo argumento.

Fuentes del equipo de Gobierno precisaron que la reunión -a la que no acudieron el alcalde, la edil de Turismo, Eva Montesinos, y el delegado de Personal, Carlos Giménez, por problemas de agenda- fue cordial, sobre todo porque prácticamente sólo tuvo carácter informativo y no se entró a debatir sobre los términos de reparto. De hecho, según las mismas fuentes, la cumbre se cerró con un único acuerdo: cada concejalía deberá priorizar ahora su lista de peticiones para abordarla de manera individualizada con la Concejalía de Hacienda en las próximas semanas. Todo ese trabajo debería cerrarse a lo largo de noviembre y la primera quincena de diciembre, ya que, según concretó Echávarri, el objetivo del tripartito es poder aprobar los presupuestos antes de fin de año para que entren en vigor en el arranque de 2017. 

Los plazos parecen, como mínimo ajustados, ya que a ese trabajo interno se debe sumar la negociación externa con los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos (C's), para tratar de sumar sus aportaciones a través de enmiendas y garantizarse el respaldo necesario para su aprobación, puesto que PSOE, Guanyar y Compromís se encuentran en situación de minoría tras la expulsión de la exconcejal de Acción Social, Nerea Belmonte, por la concesión de contratos menores de manera directa (sin concurso) a afines.

La DUSI, el proyecto 'Alicante se mueve' y los presupuestos participativos 'se comen' ya cuatro millones. Echávarri prevé que las cuentas se debatan en pleno en diciembre 

En esa primera reunión de trabajo, además, se sentaron las bases de tres inversiones prácticamente garantizadas. La primera, una aportación inicial de 2,9 millones para comenzar a ejecutar el proyecto de desarrollo urbano sostenible (DUSI). El área de Coordinación de Proyectos ya está trabajando en la definición de las obras concretas que se abordarán en primer lugar, con el horizonte puesto en el año 2022, cuando el ayuntamiento tiene que haber ejecutado obras por 22 millones de euros para que la Unión Europea aporte el 50% de ellos. 

La segunda inversión casi fija son los 500.000 euros previstos para poner en marcha el proyecto "Alicante se mueve", aprobado por el Ministerio de Industria para modernizar los sistemas de control de tráfico. El Ayuntamiento debe aportar el 40% de la inversión prevista de un total de cerca de 3 millones. Industria cubrirá el resto.

La tercera casi definitiva es el incremento de la partida reservada en concepto de presupuestos participativos, que pasará de 500.000 a 600.000 euros, de modo que los vecinos representados en cada una de las cinco juntas de distrito de la ciudad podrán decidir en qué quiere que se inviertan 125.000 euros. 

Las principales peticiones

Al margen de esos tres pivotes, cada área puso de manifiesto sus principales apuestas. Entre ellas, algunas de las de mayor importe fueron las expresadas por Infraestructuras, que solicita 1,5 millones para adecuación de colegios y otros 1,5 para actuar en instalaciones deportivas. El área de Movilidad también plantea una partida de 1,3 millones para llevar a cabo la rehabilitación de la antigua Estación de Autobuses. La Concejalía de Urbanismo, reclama fondos para la redacción del Plan General, para la ejecución de la plaza de Lo Xeperut y para el parque-plaza de Benalúa. Cultura pide una partida específica de 60.000 euros para actuaciones y acciones de promoción de la candidatura para que el Castillo de Santa Bárbara sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y Acción Social consideró ineludible que se eleve la partida de ayudas para el acceso a la vivienda y de emergencia social desde los 150.000 euros hasta los 200.000 en ambos casos. Las concejalías de nueva creación, como Memoria Histórica o Protección Animal, también solicitan fondos propios, ya que hasta ahora han sido áreas sin recursos.

Las peticiones que queden excluidas quedarán a expensas del cierre del ejercicio de 2015 para evaluar si pueden ejecutarse con cargo al remanente disponible. Este año, ese remanente heredado de 2014 ascendió a 25 millones, lo que permitió pagar los 18 millones adeudados a la promotora Hansa Urbana en cumplimiento de una condena judicial y derivar otros siete millones a una treintena de proyectos calificados como inversiones sostenibles (actuaciones que no conlleven gastos adicionales de mantenimiento). Gran parte de ellas, como admitieron también este miércoles tanto Echávarri como Bellido no se han llegado a ejecutar. Algunas, según Bellido, están en fase de contratación y se abordarán con plazos muy ajustados antes de fin de año. Otras, como la prolongación del paseo con carril bici hasta Urbanova (que espera autorización de Costas), muy posiblemente no se podrán desarrollar y se aplazarán hasta 2017 (los fondos previstos se destinarán a liquidar deuda). 

El tripartito también tiene a su alcance el préstamo de 19 millones solicitado para financiar inversiones, al que hasta ahora sólo se ha recurrido parcialmente para impulsar obras como la rehabilitación de la Casa de la Festa con el propósito de obtener nuevas dependencias municipales en las que agrupar oficinas ahora repartidas en locales de alquiler.    

Sea como fuere, el primer edil sostuvo que, durante la negociación de los presupuestos del año pasado, se acordó que se primaría a las áreas que cumpliesen y ejecutasen sus proyectos. En principio, dijo que se mantendría esa máxima. El principal escollo será el de lograr un equilibrio económico-político en el reparto de fondos que garantice la convivencia de los tres socios en el equipo de Gobierno.