Operarios a cargo del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante. Foto: STVALICANTE. Doble movimiento en la gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante: uno de los que conllevan un mayor gasto junto a la limpieza viaria y recogida de residuos, el transporte público y la limpieza de colegios y dependencias municipales. Se trata de dos decisiones paralelas, de algún modo ya anticipadas, que miran hacia el pasado y hacia el futuro de la prestación y que conllevan un desembolso por un importe global de 3,2 millones con cargo a las arcas municipales.
Por un lado, el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), acordó este martes, en Junta Local, la devolución efectiva de la fianza depositada por Geamur en el año 2012 (por aquel entonces, bajo otra denominación mercantil), cuando se hizo cargo del contrato precedente. Se trata de una suma de 724.341 euros depositados por la compañía en el momento en el que asumió la contrata en concepto de garantía. El reintegro se produce once meses después de que la empresa haya quedado relevada de su labor, ya que, en enero de este año, STV Gestión se convirtió en operadora del servicio, tras un intrincado proceso administrativo que sigue pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
Con la devolución de ese aval, el equipo de gobierno responde a la solicitud cursada por la propia Geamur en mayo de este año, aunque no satisface la totalidad del importe reclamado entonces. En ese momento, la antigua concesionaria también pidió que se le abonase una suma de 599.000 euros como compensación por los más de dos años en los que tuvo que seguir asumiendo el servicio con el contrato vencido, y con el mismo precio que se acordó en la adjudicación, cuando, según su reclamación, ya no era de aplicación la figura del riesgo y ventura imputable al contratista. No consta que esa parte de su solicitud haya tenido respuesta favorable.
El reembolso de la fianza se aprueba, además, en un contexto en el que sigue en curso la comisión de fiscalización del servicio solicitada por los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox), a la espera de que pueda acordarse un dictamen de conclusiones y de que, en ese proceso, se pueda plantear la posible imposición de penalizaciones, en el caso de que se acabe determinando que la empresa no prestó el servicio de la manera debida. De hecho, al menos los tres grupos opositores que conforman el eje progresista ya lamentaron durante la última sesión de trabajo de la comisión que se pretendiese devolver esa fianza antes de que se hubiese podido concluir el análisis del trabajo realizado por la compañía.
La devolución de la fianza se produce once meses después de que el servicio quedase asumido por otra compañía y sin que se haya cerrado la comisión de fiscalización del servicio prestado por la antigua concesionaria
En principio, las conclusiones de esa comisión deben concretarse en una próxima reunión, después de que el equipo de gobierno facilite el informe de Tesorería que se convino solicitar para despejar posibles dudas sobre el hallazgo de dos facturas duplicadas por valor de 375.000 y de otras dos más por 21.000 euros por los mismos conceptos para descartar que se hubiese producido un hipotético abono doble.
Y, el segundo de los acuerdos también aprobados este martes en Junta Local fue la modificación del contrato actual por un importe total de 2.591.239,86 euros para los ejercicios de 2022 y 2023. Ese aumento de precio se justifica en la necesidad de prestar cobertura a las 18 nuevas zonas verdes asumidas por el Ayuntamiento a lo largo de este año, que quedaron fuera en la redacción inicial del pliego. Se trata del tronco Principal de la Vía Parque, la Plaza de la Ciudad de la Justicia, la remodelación del Paseo de Gómiz, la zona verde junto al colegio de La Condomina, la zona verde de la calle Arquitecto Guardiola, la obra de la avenida Padre Esplá, el Parque Lo Morant, la remodelación de la Plaza de la Viña y de la rotonda Carolina Pascual, la recogida de papeleras en El Palmeral, la remodelación de la plaza de Castellón, el arbolado de Arzobispo Loaces, los jardines de Poeta Zorrilla y adyacentes, el APA 9, el nuevo ajardinamiento en la calle de la Vega, las zonas ajardinadas de Benalúa Sur y las nuevas calles de Rabasa y San Gabriel.
De igual modo, en ese aumento de precio se incluye la incorporación de cinco nuevos operarios para reforzar el mantenimiento del sistema de riegos de zonas verdes, para anticiparse a posibles fugas y optimizar el sistema, según concretaron fuentes municipales a través de un comunicado posterior al desarrollo de la Junta. Según las mismas fuentes, el precio de licitación del primer ejercicio ascendía hasta ahora a 5,8 millones, que se refuerzan con 993.689 euros anuales para procurar el mantenimiento de las nuevas zonas verdes, así como otros 301.930 para la ampliación del riego. Con esta ampliación, el importe de la nueva anualidad del contrato a partir de enero ascenderá a 7,1 millones de euros, según las mismas fuentes.
