Los operarios del servicio de limpieza de colegios de Alicante, en uno de los patios del CEIP San Blas.ALICANTE. Arranca otra cuenta atrás para tratar de regularizar la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito conformado por PP y Cs, aprobó este martes una tercera convocatoria del concurso, después de que el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC) admitiese la impugnación presentada por el sindicato CCOO frente al pliego de condiciones (en realidad, sobre las previsiones salariales de los operarios) aprobado en la segunda licitación y conminase al Ayuntamiento a retrotraer la licitación hasta el momento de su convocatoria. Y esa es la decisión adoptada ahora tras incorporar a las bases del concurso las condiciones salariales recogidas en el recurso de CCOO, sin que haya resultado necesario introducir cambios adicionales.
Como viene informando este diario, el primer concurso ya quedó anulado por decisión del equipo de gobierno en septiembre de 2020 con la intención de introducir modificaciones que permitiesen mejorar la prestación. Ahora, con la aprobación de esta tercera convocatoria, se abre un plazo de 35 días para la presentación de ofertas por parte de posibles licitadores interesados, después de que se haya incrementado el importe previsto en la convocatoria de 2020. El nuevo concurso parte con un precio de salida de 45 millones por cuatro años de duración (aunque se contempla una prórroga por un quinto año adicional). Es decir, 7,8 millones más de los previstos en la licitación precedente (38 millones).
Cualquier compañía interesada en asumir el servicio podrá presentar oferta durante un plazo mínimo de 35 días
No consta que en ninguna de las dos licitaciones anteriores llegase a registrarse ninguna oferta por parte de compañías interesadas en asumir el contrato, por lo que la anulación de los dos procesos no causó perjuicio a terceros. No obstante, lo cierto es que esa suspensión sí ha propiciado que el servicio se siga prestando sin el respaldo de un contrato en vigor desde febrero de 2020, cuando venció la concesión otorgada a UTE Limpal (compuesta por Clece y Fissa).
Desde entonces, el bipartito viene asumiendo pagos bajo el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito: una fórmula que ha venido suscitando informes de advertencia por parte del departamento de Intervención. De hecho, este mismo martes también se aprobó en Junta Local el abono de las certificaciones correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de este año por una suma global de 2,1 millones.
Por su parte, la edil del PSOE, Llanos Cano, se mostró crítica con lo que tildó de "desastrosa gestión que está llevando a cabo Barcala en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante". "El contrato venció el 7 de febrero de 2020 y se está prestando de manera obligatoria para la empresa. El primer pliego lo tuvieron que retirar, y el segundo pliego lo han tenido que modificar, con lo que llevamos pagando una millonada fuera de contrato asumiendo pagos bajo el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasarán más de dos años sin contrato, mínimo hasta febrero de 2022, lo que demuestra la nula eficacia de este bipartito y su incompetencia", apuntó.
