Un aula de uno de los colegios de la ciudad de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proceso para contratar el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Alicante vuelve a poner el contador a cero. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) acaba de desbloquear el concurso convocado el pasado junio, una vez resuelto el recurso registrado por la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) frente al pliego de condiciones.
En esa resolución, de 20 de octubre, el órgano adscrito al Ministerio de Hacienda acepta las observaciones formuladas por el sindicato, tras advertir un error en las condiciones salariales previstas en esas bases, y levanta la suspensión del proceso acordada en julio para que pueda reanudarse. O mejor dicho, para que pueda reiniciarse, ya que conmina a retrotraer la convocatoria "al momento anterior a la aprobación de los pliegos". Es decir, que el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), deberá incorporar la corrección aceptada por el TACRC y volver a aprobar el pliego corregido para poner en marcha de nuevo la licitación. Sería un trámite que podría formalizarse de manera inminente, ya que el propio equipo de gobierno ya había decidido incorporar esa corrección tras la interposición del recurso de CCOO. Así, no se augura que puedan producirse demoras adicionales. De hecho, se espera que el concurso quede reactivado en cuestión de días. Será entonces cuando cualquier empresa interesada en asumir la prestación pueda presentar su oferta.
El tribunal de contratación del Ministerio de Hacienda conmina a retrotraer el concurso al momento anterior a la aprobación de los pliegos tras su rectificación
En principio, no ha trascendido que se hubiese registrado ninguna propuesta durante los días en los que la licitación estuvo en curso. No obstante, se espera que la convocatoria pueda suscitar una amplia concurrencia empresarial después de que se haya incrementado el precio de licitación respecto al contrato precedente. En concreto, el concurso parte con un presupuesto base de 45,4 millones por un plazo de cuatro años de prestación. Esa cifra se extendería hasta los 56 millones en el caso de que se conceda la prórroga de un año adicional contemplada en el pliego. Sea como fuere, la suma de partida por los cuatro años de duración inicial ya supone por sí sola un incremento de 7,8 millones respecto al concurso precedente -aprobado en agosto de 2020 y anulado un mes después con el fin de introducir modificaciones de mejora-, en el que se fijó un precio de salida de 38 millones.
Por el momento, el servicio sigue en manos de la UTE conformada por Clece y Fissa desde que venció la duración de su contrato original, en febrero de 2020. A partir de entonces, permanece al frente de la prestación pese a que renunció expresamente a la posibilidad de que se concediese las prórrogas previstas en el contrato que se le adjudicó bajo la etapa del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Así, el pago por el trabajo desempeñado se abona mensualmente tras la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de más de 700.000 euros al mes.
